Garré “premiada” con la OEA
El Senado aprobó el pliego de la exministra de Defensa y Seguridad Nilda Garré para que encabece la delegación argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con el voto de 40 miembros del Frente para la Victoria y aliados y el rechazo de 25 legisladores de la oposición.
El tratamiento de los antecedentes de Garré produjo un nuevo debate entre el oficialismo y el sector contrario al gobierno, en el que los radicales Gerardo Morales y José Cano agregaron nuevos datos, mientras la postulante envió una comunicación al cuerpo en el que desestimó todas las imputaciones.
El tratamiento del tema se inició con un pedido del presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, de pasar de inmediato a votación debido a que ese era el punto que quedó inconcluso la sesión anterior, cuando por el retiro de la oposición, el cuerpo quedó sin el quórum de 37 senadores necesarios para afrontar una definición.
El presidente de la bancada radical, José Cano, reclamó exponer ante la sesión debido a que querían incorporar nuevos elementos que desde su perspectiva acentuaban las imputaciones contra la ex ministra y en consecuencia reclaman nuevamente el regreso del pliego a la Comisión de Acuerdos.
Por su parte, el radical Gerardo Morales anunció que por la mañana había realizado una presentación ante la Justicia para aportar nuevos datos que con los que cabría acusar a la postulante como autora de de hechos de “defraudación a la administración pública, enriquecimiento ilícito y falsedad manifiesta de las declaraciones juradas”.
Morales acusó a Garré de percibir doble remuneración de parte del Estado, pese a la incompatibilidad, en su calidad de encargada del Registro Seccional de la Propiedad Automotor Nº 57 de la Capital Federal desde 1989 y el cobro sucesivo de las funciones de diputada nacional, ministra y embajadora del país.
El senador opositor agregó que en función de los cobros realizados en su condición de registro de propiedad automotor, la ex ministra debería devolver al estado alrededor de 2 millones de pesos cobrados en los años sucesivos.
La imputación de los legisladores radicales fue rechazada por la ex funcionaria mediante una carta que remitió al presidente de la Comisión de Acuerdo, el oficialista Marcelo Guinle, y este leyó en el recinto.
En el texto, donde desarrolla una explicación sobre su patrimonio, afirmó que contrariamente a lo que sostuvieron los opositores, esas funciones no son incompatibles, en función que no es el Estado el que paga los directivos del Registro de la Propiedad Automotor y sostuvo que ella presentó su curriculum a la Oficina Anticorrupción, y el organismo no presentó ninguna objeción.
El oficialista Marcelo Fuentes afirmó que todas las acusaciones de la oposición se producían “en un escenario de campaña electoral” y acusó al antikirchnerismo de iniciarla “con tamaña pijotería” para afectar a “una clara luchadora de los derechos humanos y de la causa de la emancipación nacional”, informó DyN.