Botnia: Busti asistirá a la marcha del domingo
A raíz del fallo que se conocerá este martes por parte de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Busti, mencionó “todas las acciones en defensa de los entrerrianos y la calidad ambiental que hemos llevado a cabo respecto a la instalación de la Planta procesadora de Celulosa Botnia ubicada en Fray Bentos, Republica Oriental del Uruguay”.
Dijo que todo lo hecho ratifica su compromiso con la causa y adelantó que participará de la marcha que la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú realizará el próximo domingo hacia el Puente General San Martín.
“Me tomo tal atrevimiento debido a que, desde el 2003 hasta la fecha, larga y sentida ha sido la lucha encaminada junto al pueblo de Gualeguaychú, el cual se ha expresado desde un principio mediante el rotundo y ferviente NO a su instalación, en defensa de la salud medio ambiental y la calidad de vida de la población de nuestra provincia”, señaló Busti.
En tal sentido, Busti expresó que el siguiente texto “sintetiza la forma de ratificar mi compromiso con la iniciativa que hemos asumido desde aquel año por un medio ambiente sano para todos y que se reafirmará el domingo 25 de abril cuando me sume a acompañar al pueblo de Gualeguaychú en la marcha que realizarán en el Puente Internacional, independientemente del fallo que se conocerá mañana, y para la cual he comprometido mi presencia en la lucha por una Entre Ríos libre de contaminación”.
“El 23 de septiembre de 2003, cuando recorríamos la provincia junto a Pedro Guastavino, en nuestra campaña a gobernador y vice para las elecciones del 23 de octubre de ese año, visitamos la ciudad de Gualeguaychú”, recordó.
“En el Club Hípico de esta localidad del sur entrerriano, nos reunimos con todos los candidatos a intendentes, diputados y senadores del Partido Justicialista y sabiendo de la desidia del gobierno radical que se negó a recibir a los ambientalistas de Gualeguaychú y que jamás había emitido opinión alguna, firmamos la “Declaración de Gualeguaychú” en la que manifestamos la intención de llevar adelante un desarrollo integral y turístico de la cuenca del Río Uruguay y nos opusimos a la instalación de una planta de celulosa en el país vecino por las consecuencias contaminantes del medio ambiente regional”, sostuvo.
“Unos días después, el 30 de septiembre de 2003, me entrevisté con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el canciller Rafael Bielsa; con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Eduardo Menem, y el embajador argentino ante la República Oriental del Uruguay, Hernán Patiño Meyer, para expresarles mi rechazo y el del grupo de vecinos autoconvocados de Gualeguaychú a la potencial instalación de una planta procesadora de pasta de celulosa en la ciudad de Fray Bentos (R.O.U.)”, destacó Busti.
“En ese encuentro, también le solicité al canciller Bielsa y al embajador Patiño Meyer, sus gestiones ante la Cancillería del vecino país para impedir la instalación de la planta y se implemente en forma urgente la declaración firmada”, remarcó.
Primera reunión con la CARU y representantes de la Asamblea
“En los últimos días del mes de enero del año 2004, siendo ya gobernador de la provincia de Entre Ríos por tercera vez, sin cláusula de reelección, nos reunimos, junto al vicegobernador Pedro Guastavino, en la ciudad de Gualeguaychú con directivos de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y representantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados en Defensa del Río Uruguay”, resaltó.
“Participó de esta reunión el embajador de Asuntos Ambientales Internacionales de la Cancillería Argentina, Raúl Estrada Oyuela, quien estuvo acompañado por un funcionario del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que se encargó de transmitir a los presentes los resultados de los análisis realizados por este organismo y que consistían en el estudio de impacto ambiental presentado oportunamente por el emprendimiento M’Bopicuá al Ministerio de la República Oriental del Uruguay”, manifestó luego el Presidente de la Cámara de Diputados.
“En esa reunión quedó en claro que la República Oriental del Uruguay no cumplió con un procedimiento de consulta que establece el estatuto del Río Uruguay en su artículo 7 y por el cual debería haber mandado el estudio de impacto ambiental a la CARU para que se expida”, manifestó.
“El funcionario del INTI detalló que a través de un dictamen, este Instituto “aconseja la incorporación de otras tecnologías, fundamentalmente la eliminación del cloro”, agregó.
“Inmediatamente después de esta reunión, en el gobierno entrerriano adoptamos medidas de acción directa. Personalmente realicé un pedido a la Cancillería para que remita a la CARU la documentación con que contaba. Además la doctora Claudia Mizawak, en ese momento a cargo de la Secretaría Legal y Técnica de la provincia se dedicó a la recopilación de elementos para iniciar acciones legales que eviten la instalación de una planta celulosa en estas condiciones”, declaró.
Nota de pedido a la Cancillería
“Cumpliendo con lo acordado en la reunión de Gualeguaychú, le solicité, mediante nota, el 9 de febrero de 2004, a la Cancillería Argentina, el envío de todos los estudios y documentación del proyecto de la planta de celulosa a la Delegación Argentina de la CARU”, recordó Busti.
“El propósito era que en un lapso no mayor a 15 días se realice un informe pormenorizado para 
ser elevado al Gobierno provincial sobre el avance de las actuaciones y procedimientos de la CARU, como del conocimiento y evaluación de los resultados de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) y del proyecto”, indicó.
“Paralelamente, comuniqué, mediante nota, al embajador Roberto García Moritan en la Delegación Argentina, de la Comisión Administradora del Río Uruguay, sobre las actuaciones enviadas a la Cancillería Argentina”, añadió.
“En ambas notas incluí los argumentos y las normas internacionales, nacionales y provinciales vigentes al momento”, sostuvo.
“En agosto y octubre de 2004 funcionarios de mi Gobierno acompañaron las misiones de estudio y conocimiento de plantas de celulosa, organizadas por el Uruguay a Finlandia y España”, enfatizó.
Conformación de GTAN
“El 5 de mayo de 2005 los presidentes Tabaré Vázquez (Uruguay) y Néstor Kirchner (Argentino) acordaron la constitución de un Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN). Este acuerdo se concretó en una audiencia que mantuvieron ambos mandatarios en la Casa Rosada y en la que yo también participé por 
expresa invitación de nuestro presidente”, precisó.
Este grupo de alto nivel tenía como meta la elaboración de “estudios y análisis, intercambio de información y de seguimiento sobre las consecuencias que sobre el ecosistema del compartido Río Uruguay tendrán el funcionamiento de las plantas de celulosa que se están construyendo en ROU sobre el Río Uruguay”, según lo expresado en un comunicado firmado en forma conjunta por los cancilleres Reinaldo Gargano y Rafael Bielsa, el 31 de mayo 2005.
El Grupo estaba integrado por “funcionario de las Cancillerías, funcionarios nacionales y/o provinciales, contando con el apoyo de la Universidad de la República y de la Universidad Nacional del Litoral, debiendo producir un primer informe en el plazo de 180 días.”
“El 26 de julio de 2005 los Ministerios de Relaciones Exteriores de Argentina y Uruguay convocaron para el día 3 de agosto, en Montevideo, al Grupo Binacional designado por los Presidentes para analizar en forma conjunta el impacto ambiental que sobre el área tendrán las plantas de celulosa en construcción en la zona de Fray Bentos”, apuntó.
“El 3 de agosto de 2005 se llevó a cabo la primera reunión del Grupo Técnico de Alto Nivel. El mencionado Grupo mantuvo 12 reuniones”, puntualizó.
“En el informe que me presentó el titular del área entrerriana de Medio Ambiente, Gabriel Moguilner, quien representaba a la provincia en este Grupo, se daba cuenta del “Daño Ambiental e Impactos Negativos, producto de las metodologías empleadas para el Sistema de Blanqueo de Pasta de Celulosa -o Método Kraft- con Dióxido de Cloro, debido la radicación en la República Oriental del Uruguay de dos Plantas de Procesamiento de Pasta de Celulosa, conocidas como “Celulosas de Mbopicuá”, del Grupo Español ENCE S.A., y otra de la Empresa “BOTNIA” de Finlandia”, declaró luego.
Denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
“La CIDH es el único tribunal supranacional americano que tenemos los que vivimos en el continente americano para reclamar por abusos de poder de los Estados. En estos tribunales los únicos que se sientan en el banquillo de los acusados son los Estados, ya que no se puede demandar personas o empresas, porque la ecuación de derechos humanos funciona siempre sobre la dialéctica Individuo – Estado”, dijo.
“En definitiva, se trata de frenar el abuso de poder de los Estados, y por ello la Comisión es el medio de protección del individuo frente a la prepotencia del poder de los Estados. Es en este marco fue que, junto al vicegobernador Pedro Guastavino, acudimos a la CIDH para denunciar que el Estado uruguayo había violado estas reglas de no exceder su propio poder, al haber autorizado a estas empresas a instalarse fuera de los estándares legales y tecnológicos exigidos a nivel internacional. Esta es la conducta del Estado uruguayo que fue denunciada ante la Comisión Interamericana”, remarcó.
La denuncia
En la petición se denunció que “el Estado uruguayo no sólo ha renunciado a ejercitar los controles ambientales exigidos por normas internacionales para la instalación de la plantas de celulosa, sino que además oculta información técnica sobre la contaminación a los argentinos y uruguayos directamente afectados”, recordó el ex Gobernador.
En este marco, dijo: “Solicitamos al organismo internacional que ‘declare que el Estado Uruguayo ha violado la Legalidad Supranacional Americana al autorizar y aprobar dos emprendimientos industriales en razón de sus altos componentes contaminantes, de las evidentes carencias de control ambiental y del probado riesgo de vida para alrededor de 300.000 personas que habitan en la ribera argentina – uruguaya’. Tal el contenido formal de la demanda que elevamos en Washington ante el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón”.
Ante la Ombusman
“La denuncia fue ante la oficina del Ombusman de la Corporación Financiera Internacional (CFI), y asesor en materia de observancia, y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, Meg Taylor”, aseguró.
La presentación se fundamentó en que “los severos impactos ambientales, sociales y económicos que el desarrollo de los proyectos Orion 23817 y Celulosas M Bopicuá 23681 producirán sobre los residentes de la zona afectada”.
Presentación ante la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay
“El 19 de enero de 2006, también junto al vicegobernador Pedro Guastavino presentamos la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, una denuncia penal por la posible comisión del delito tipificado en el artículo 55º de la Ley 24.051 en grado de tentativa, en contra de directivos de las f
irmas ENCE y Botnia que están instalando dos plantas de celulosa en Fray Bentos”, agregó más adelante.
“En la presentación, que se realizó ante la fiscal federal María de los Milagros Schiavo, se entiende que ambas plantas de celulosa al momento de comenzar a funcionar afectarán el medio ambiente y pondrán en riesgo la salud de más de 300.000 personas”, afirmó.
Informe técnico sobre el impacto de la instalación de las papeleras (coordinado por Héctor Sejenovich)
El Gobierno provincial, a pedido de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, solicitó al doctor Héctor Sejenovich la realización de un informe en el que se determine el grado de impacto ambiental que provocarán las papeleras que pretenden instalarse en Fray Bentos.
El extenso y preciso informe fue realizado por diversos profesionales de amplio reconocimiento en cada una de sus áreas, coordinados por el doctor Héctor Sejenovich.
El Estatuto del Río Uruguay establece que ante cualquier controversia, los países (Argentina y 
Uruguay) deberán dirimir ante la Corte Suprema de Justicia de La Haya.
“Fue entonces que la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú solicitó al Gobierno provincial que interceda para que la Nación presente el caso ante el máximo organismo de justicia del mundo”, destacó Busti.
“El 31 de enero de 2006 se aprobó por unanimidad en ambas Cámaras de la Legislatura entrerriana una Resolución por la cual se solicita al Gobierno Nacional que Argentina presente una demanda por la construcción de las plantas en Fray Bentos ante la Corte Internacional de La Haya. El argumento central es la violación al Estatuto Internacional del Río Uruguay, suscripto en 1975 entre Argentina y Uruguay”, apuntó.
Entre los fundamentos, se destaca la necesidad de que el Estado uruguayo asuma su responsabilidad jurídica por los daños en vidas humanas y propiedades que los emprendimientos ocasionarán en territorio entrerriano.
También se destaca el logro que representa la federalización del conflicto, que permite unificar y compartir esfuerzos con el Estado nacional.
Ante esta situación concurrí a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso Nacional a brindar un informe y solicitar la aprobación del pedido de los ambientalistas.
En La Haya
El 4 de junio de 2006 viajó a la ciudad de La Haya (Holanda) una comitiva encabezada por la directora de la Consejería Legal de Cancillería, Susana Ruiz Cerutti
El 8 de junio y por tres horas, la delegación argentina expuso sus argumentos ante el pleno de los jueces de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La Argentina defendió sus derechos con mucha fuerza, racionalidad y rigurosidad jurídica. Allí nuestro país debió exponer los motivos por los cuales concurrió a la Corte Internacional de La Haya y pidió allí las medidas de conservación o, como lo llamamos en nuestro lenguaje, medidas cautelares, con el fin de proteger los derechos de la Argentina en relación con el Estatuto del Río Uruguay, por la construcción de – en ese momento- las dos plantas de pasta de celulosa en el Uruguay.
Esta medida cautelar, presentada por la Argentina, tuvo diferentes aspectos: uno, fue la protección de los derechos que tiene nuestro país como ribereña del río Uruguay, que fueron armados por los dos países hace más de 30 años; otro fue el daño irreparable que causará la construcción de las dos plantas de celulosa, pues poseen una importancia muy grande, ya que son de un tamaño monumental. Cabe aclarar aquí que en ese momento también pretendía instalarse la empresa Ence, la que hoy se ha retirado de la costa entrerriana. Y un tercero fue que la Argentina aún hoy no cuenta con las informaciones indispensables para poder saber exactamente la magnitud del daño.
El 9 de junio se realizó la segunda audiencia en la Corte. En esta ocasión la Argentina, durante dos horas, replicó el alegato realizado el anterior por el Uruguay. Con numerosas evidencias, Argentina demostró nuevamente que la construcción de las plantas nos está causando ya daños irreparables a nuestros derechos y que, por lo tanto, la suspensión de las obras es absolutamente necesaria para garantizar los derechos del pueblo argentino.
Allí nuestro país dejó en claro que nunca fue informado oportunamente y de manera detallada, como pretendió confundir el Estado uruguayo a la Corte. Aún hoy con una de las plantas en plena construcción –Botnia-, a un ritmo vertiginoso, la Argentina no cuenta con un estudio de impacto ambiental acumulativo y trasnfronterizo. La obligación de producirlo es exclusivamente del Uruguay, porque se trata no sólo de un deber legal –por lo que establece el Estatuto- sino también de una obligación moral de los Estados de cooperar y cuidar el medioambiente.
Argentina no consintió estos emprendimientos, sino no hubiera concurrido a la Corte de Justicia de La Haya. No hubiera propiciado la constitución del grupo binacional del más alto nivel como el GTAN y el intento de acuerdo presidencial en Chile. Para qué estos intentos si Argentina hubiera consentido? Es necesario recordar que fue el propio presidente uruguayo Tabaré Vázquez, junto a nuestro presidente Néstor Kirchner, quien en Chile manifestó ante todos los medios de prensa que se haría un estudio de impacto ambiental y se suspenderían los emprendimientos.