Trabajo integrado: el Coprev afianza lucha contra la violencia

Más de 1.000 agentes del Estado de las áreas de salud, seguridad, trabajo y minoridad trabajan de manera integrada cargando datos en el Registro único de denuncias de violencia que puso en marcha el gobierno provincial. La cifra se conoció durante la segunda reunión del Consejo de Prevención de la Violencia (Coprev) que se desarrolló en Casa de Gobierno. A un año de su puesta en funcionamiento, el sistema, único en su tipo, apunta a que se pueda actuar con mayor celeridad ante situaciones de denuncias.

Por iniciativa del gobernador, Sergio Urribarri, Entre Ríos viene desarrollando una experiencia destacada en materia de políticas públicas contra la violencia. Hace más de un año se encuentra en funcionamiento el Registro Único de Situaciones de Violencia. Un software desarrollado por técnicos de la provincia, y que resulta una de las piezas medulares del Protocolo provincial para prevenir y erradicar la violencia.

Así se supo durante un nuevo encuentro de trabajo del Coprev, organismo que evalúa la aplicación del Protocolo, en cuyo marco funciona el Registro. Representantes de los diversos sectores que componen el Coprev, analizaron el funcionamiento del Registro.

“En esta oportunidad, puntualizamos el trabajo en una presentación sobre el uso del Registro único de situaciones de violencia. Lo hemos abordado de manera práctica opinando cada uno de los intervinientes sobre cómo son las mejores formas de aplicarlo”, expresó en ese sentido la secretaria General y de Relaciones Institucionales de la Gobernación, Sigrid Kunath.

La funcionaria, que coordinó el encuentro donde también participaron los ministros de Gobierno y Justicia, Adán Bahl, y el de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones, José Lauritto, destacó la incorporación de nuevos sectores al Coprev: “Esa es la intención del gobernador Urribarri, que este Consejo no solamente esté conformado por funcionarios de los tres Poderes del Estado, sino que además convocáramos a sectores profesionales, académicos y a las Organizaciones No Gubernamentales”, afirmó.

“Hemos recibido la incorporación del Colegio de Psicólogos, nos ha visitado también el presidente del Colegio de Abogados, manifestando la intención de este Colegio de participar activamente de este ámbito, así como también se ha incorporado hoy una representante de la Uader. Y esperamos completar la integración conforme las invitaciones realizadas. “

En esa dirección, la coordinadora del Equipo Técnico de Violencia del Ministerio Público de la Defensa, Marisa Paira, expresó que “para nosotros este trabajo interinstitucional es muy importante en lo que hace al acceso a justicia en un temática tan sensible. De pronto en el Consejo nos ha favorecido para arbitrar redes, canales de comunicación entre los distintos organismo y poder complementarnos para la atención”.

Por su parte, la secretaria de Niñez, Familia y Discapacidad, Cristina Ponce, manifestó la importancia de “la existencia del Consejo, sobre todo siguiendo la consigna que dio el Gobernador hace ya un año y medio, que fue la de llegar a tiempo”, y en ese sentido valoró “poder socializar los temas que se han incorporado”, e hizo hincapié en la incorporación de “la temática de los adultos y adultas mayores”.

Convocatoria

 

En relación a la convocatoria a las ONGs, Kunath destacó que se estará completando en estos próximos días. El plazo para inscribirse se extiende hasta el 15 de mayo. Los interesados de toda la provincia pueden escribir a copreventrerios@gmail.com o comunicarse al (0343) 4235772.

En ese sentido, la secretaria General de la Gobernación destacó la importancia de “las Organizaciones No Gubernamentales, que muchas veces desde un lugar muy comprometido cumplen un rol que es absolutamente indispensable en el seno de la comunidad”.

“La idea es que se arrimen, nos consulten, nos dejen sus datos, para que de esta manera también sepamos desde el Consejo con qué Organizaciones se cuenta desde la sociedad civil para poder cooperar y trabajar en conjunto”, finalizó Kunath.

Un año de Registro

 

El Registro Único de Denuncias de Violencia funciona en todos los ministerios del Poder Ejecutivo provincial, y también en ambas Cámaras legislativas de la provincia. El paso siguiente es su incorporación en el Poder Judicial entrerriano para poder cruzar los datos de las actuaciones.

Esto permite que funcionarios del área de Salud, por ejemplo, pueda interactuar de manera directa a través de este sistema con agentes de la Policía, del Poder Judicial o de Desarrollo Social, a los efectos de acelerar los mecanismos de respuesta ante casos puntuales de denuncias de violencia de género, familiar, laboral de trabajo infantil.

“En realidad nosotros venimos planteando que el registro es una suerte de columna vertebral de lo que es este sistema, y tiene por finalidad precisamente ordenar la sinergia de cada uno de los integrantes de ese Consejo”, explicó al finalizar el encuentro la Secretaria General del ministerio de Gobierno y Justicia, Lucila Haidar.

“Nosotros estamos trabajando un sistema de prevención, y prevenir significa precisamente poder contar con todas las herramientas y los elementos necesarios que nos permitan abordar anticipadamente situaciones que pueden derivar en graves resultados. En este sentido es sumamente importante”, completó Haidar.

Se trata a su vez de un sistema confidencial, al que sólo pueden acceder las personas designadas por las autoridades de cada organismo, mediante un usuario y contraseña En la actualidad son más de mil personas las que interactúan en el marco de este sistema, una trama de especialistas, agentes y funcionarios que se generó durante el primer año de aplicación del Protocolo en todos los departamentos de la provincia. A su vez, el sistema es totalmente dinámico y permite su modificación, ya que es desarrollado por técnicos entrerrianos.

Allí se cargan las denuncias, que pueden ser anónimas. Se puede cargar cualquier tipo de violencia tanto de género como familiar, laboral, etc. El sistema permite la transferencia de la denuncia a los organismos que le corresponde actuar para brindar asistencia, o tomar otra medida y prevé además una forma de seguimiento de los casos para saber cuál es el camino que sigue el caso.