Supuesto “lavado de activos”: el caso “Díaz Gilligan” cayó en el juzgado de Bonadio
El diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade denunció hoy ante la Justicia Federal por presunto lavado de activos al subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, a raíz de la investigación periodística del diario El País de España que reveló que el funcionario argentino poseía 1,2 millones de dólares en una cuenta de un banco de Andorra.
La denuncia del diputado kirchnerista, que también solicitó que se investigue a Díaz Gilligan por supuesta “omisión maliciosa” por no haber declarado los fondos ante organismos argentinos, cayó en el juzgado de Claudio Bonadio y tendrá como fiscal a Alejandra Mangano.
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El diario español El País publicó que Díaz Gilligan “ocultó 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en una cuenta en la Banca Privada d’Andorra” a nombre de la empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol Line Action, en la que se mantuvo hasta el 3 de noviembre de 2014, cuando fue nombrado director general de Turismo y vendió esa sociedad que se nutría “de transferencias de clubes de fútbol de Uruguay”.
“Díaz Gilligan, mínimamente habría omitido declarar 1,2 millones de dólares ante los organismos de contralor al momento de ser designado funcionario público y con posterioridad”, sostuvo el diputado Tailhade en la denuncia.
“Existen sobrados motivos que imponen se realice una rápida y profunda pesquisa en virtud de los graves hechos de corrupción que ventiló el diario español El País”, sostuvo el denunciante.
“No podemos soslayar que en su `defensa´ el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra”, remarcó el diputado kirchnerista.
“Las confusas y autoincriminatorias declaraciones brindadas a los medios sólo aportan más oscuridad a un hecho de por sí grave. La intención del propio funcionario de presentarse ante la Oficina Anticorrupción, según sus propias declaraciones, prueba que pretende sustraerse de una verdadera y efectiva investigación, buscando la impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir funcionarios corruptos de su espacio político”, remarcó.
El delito de lavado de dinero tiene una pena de 3 a diez años de prisión y prevé una multa de 2 a 10 veces del monto de la operación.
Por su parte, la diputada nacional Fernanda Vallejos, citó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, para que “informe de manera detallada” sobre “todos los funcionarios del Poder Ejecutivo que tengan o hayan tenido cuentas en países extranjeros, las hayan detallado en su declaración de bienes o no”.
También exigió que la información especifique “cualquier tipo de participación, sea como accionista o director de sociedades, apoderado, etcétera; aún cuando esas cuentas no hayan tenido movimiento alguno y cunado el funcionario ya no posea ninguna participación en ellas, casos en los cuales se deberá indicar las fechas en las que figuró en esas cuentas o sociedades”.
En su defensa, en declaraciones a distintos medios, el funcionario cuestionado había dicho que “no hay fondos públicos involucrados” en la cuenta oculta a su nombre en un banco de Andorra.
Díaz Gilligan aseguró: “La información en la que se me acusa de haber ocultado un millón de dólares es falsa ya que no obtuve compensación alguna por parte de la empresa mencionada. Ni sueldo, ni honorarios, ni dividendos. Ni durante ese período, ni tampoco posteriormente. Por esta razón es que no tuve ingresos que declarar en la Argentina”, afirmó Díaz Gilligan.
En su aclaratoria, el funcionario aseguró que “Line Action LTD está radicada en Londres, está perfectamente en regla según las leyes británicas y paga sus impuestos”, y aclaró que “no es una sociedad offshore”.