Redengas radicó una denuncia penal para garantizar distribución de gas
Redengas presentó una denuncia penal debido a que un grupo de trabajadores que se manifiesta en las puertas de la empresa e imposibilita el ingreso y egreso de otros empleados, clientes y vehículos de la firma. Así lo informó el presidente de la empresa, Alberto Gutiérrez, quien consideró que esto se configura como impedimento a la prestación de un servicio público esencial, “delito que está tipificado en el Código Penal”. La denuncia recayó en la Fiscalía que está a cargo de Juan Francisco Ramírez Montrull.
El abogado de la firma, Gualberto Domé, fue el que brindó detalles acerca de la denuncia que se presentó en la mañana de este martes.
“El Código Penal, en su artículo 194, se refiere a los servicios públicos esenciales y establece que aquella persona que, aún si crear una situación de peligro común, impidiere o estorbare el normal funcionamiento de un servicio público, entre los que se menciona a las sustancias energéticas -en este caso el gas natural- será reprimido con prisión de tres meses a dos años”, indicó el letrado.
“Consideramos que se estaría cometiendo ese delito por cuanto los trabajadores -que se manifiestan en las puertas de la empresa- impidieron el ingreso de los usuarios e incluso de algunos trabajadores que no estaban adheridos a la huelga, así como también el egreso de vehículos que la empresa utiliza para realizar las conexiones, las guardias, etc”, agregó.
La “denuncia penal” se radicó en la Fiscalía de turno, que es la que está a cargo de Juan Francisco Ramírez Montrull, sostuvo, y especificó que la firma anexó a la denuncia “una serie de pruebas, como fotografías, videos y testimonios”.
Ahora el Fiscal deberá determinar los pasos a seguir y evaluar “si podría estar imputado algunos de los trabajadores, o incluso, la asociación gremial” y, en función de ello, evaluará si se la eleva al Juez de Instrucción para que inicie una investigación.
“Nosotros mencionamos quiénes serían los presuntos autores, los nombramos. Se trata de personas que están adheridas a la huelga, y será la Justicia la que determine si se configura un delito o no”, explicó Domé.
Luego manifestó en declaraciones a esta Agencia que “el objetivo es que se permita el ingreso y egreso de todos los trabajadores, los usuarios y los vehículos”, por lo que indicó que a su vez se requirió “la tutela judicial efectiva, es decir, que se aposte en la empresa personal judicial y/o policial para instar a los trabajadores en cuestión a que depongan su actitud”.
Luego, Domé remarcó que “la firma siempre ha garantizado el derecho a huelga, que es totalmente legítimo y constitucional, pero siempre dentro de un estado de derecho”. En tal sentido, enfatizó: “No podemos dejar que los trabajadores hagan cualquier cosa porque se trata de un servicio público esencial, tal como lo dispone la Ley 25.877 en su artículo 24 con el fin de garantizar la no interrupción de un servicio público”.
El abogado fue más allá al decir que “el decreto 272/2006, que reglamenta el artículo 24 de la Ley 25.877, es el que establece las previsiones que deben tomar las entidades gremiales y los trabajadores a la hora de ejercer su legítimo derecho a la huelga en un servicio público esencial, como es la distribución del gas”.
El conflicto
El conflicto entre Redengas y la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJ Gas) sigue recrudeciéndose. Este lunes los trabajadores retomaron las medidas de fuerza, con asamblea permanente y manifestaciones en las puertas de la empresa, a la que cuestionan por negarse a rubricar un acta que registre el acuerdo salarial al que arribaron.
En este marco, el presidente de la firma, Alberto Gutiérrez, aseguró que “no hay nada para firmar” porque el convenio al que alude el sindicato es un acuerdo “verbal” al que se llegó durante un encuentro “absolutamente informal” que se efectuó cuando ya había fracasado la conciliación obligatoria.
Además, el directivo remarcó que “la empresa ya firmó un convenio colectivo de trabajo con otro sindicato”, al tiempo que responsabilizó al sindicato del fracaso de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial.
Cabe señalar que la conciliación obligatoria finalizó a las cero horas del martes pasado, y que el último encuentro que mantuvieron Redengas y APJ Gas se concretó al día siguiente en el ámbito de la cartera laboral entrerriana.
“Disputa de poder”
En tanto, el Presidente de Redengas insistió en que el conflicto se relaciona con una “disputa de poder” de APJ Gas, que pretende “tener expresión pública, entonces busca cualquier excusa para manifestarse”.
Dijo que el “sindicato necesita cohesión para que la medida de fuerza tenga resultados en el corto plazo” y advirtió que para lograr tal objetivo “muchas veces se dicen disparates”.
En tal sentido, mencionó dos relatos que desde el sindicato se buscó propalar: “En septiembre del año pasado habían dicho que Redengas había retirado válvulas del sistema de distribución de gas de la ciudad de Paraná para no tener que hacer el mantenimiento correspondiente y ahorrar plata, lo cual es una burrada”.
“La gente que desconoce cómo funciona el sistema y las características que tiene la empresa frente a las normas de seguridad, se asusta frente a este tipo de comentarios que hacen circular de mala fe”, aseveró Gutiérrez.
“Ahora, como ven que la empresa funciona igual a pesar de la medida de fuerza, están diciendo que estamos mandando a trabajar a gente inexperta y sin habilitación, y que acá puede pasar lo mismo que en Rosario”, dijo, haciendo alusión a la explosión el año pasado, de un edificio en dicha ciudad santafesina.
“El objetivo es descalificar a la empresa y generar temor en la en la población”, enfatizó Gutiérrez, quien cuestionó: “Que un sindicato haga esto por el sólo hecho de ganar poder es no tener escrúpulos”.
Si bien Gutiérrez manifestó su preocupación por la situación planteada en la empresa, descartó la posibilidad de que se efectúen despidos por el momento.