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Proponen crear un Consejo de Prevención y Asistencia de las Violencias y de coordinación de políticas de género

El Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto de ley que apunta a crear, como Ente Autárquico descentralizado, un Consejo de Prevención y Asistencia de las Violencias y de Coordinación de Políticas de Género (CO.PRE.V). Tendría asiento en la capital entrerriana, con competencia en todo el territorio provincial.

 

En los fundamentos que acompañan al proyecto, que ahora pasó a la comisión de legislación general, afirma que “el Estado Provincial tiene la firme convicción de avanzar en el desarrollo de políticas públicas integradas para la prevención y atención de la problemática de las violencias, garantizar la igualdad de género, la no discriminación y la promoción permanente de los derechos humanos”.

 

Observa que la violencia, en todas sus manifestaciones, constituye una grave vulneración de derechos fundamentales de las personas que la sufren, en especial el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, a la salud, a la integridad física, psíquica, sexual, a la educación, a la dignidad, a encontrarse libre de torturas y tratos crueles, a una vida libre de violencia, a crecer libre de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad entre los géneros en desmedro de las mujeres.

 

El CO.PRE.V funcionaría bajo la conducción de un presidente designado por el Poder Ejecutivo y en su órbita funcionará “una mesa intersectorial como órgano honorario”. Allí habrá representantes de los ministerios, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del ministerio público de la defensa y del Ministerio Público Fiscal, representantes de entidades sindicales, universidades y colegios profesionales afines a la problemática, como así también representantes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la temática, los que serán consejeros.

 

El proyecto, que tiene 7 artículos (uno de forma), enumera las funciones y facultades que tendrá el CO.PRE.V, y determina que en tres meses de entrada en vigencia de la ley, el consejo propondrá al Poder Ejecutivo su reglamento de funcionamiento y organización interna.

 

En los argumentos se afirma que la problemática de violencia de género constituye “la máxima expresión de desigualdad y discriminación entre hombre y mujeres, lesionando los derechos reconocidos por los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer, la Convención para prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Fuente: Prensa Bloque FPV.-