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Marcha en reclamo de juicio y castigo

Más de 3.000 personas marcharon en la noche de este miércoles en Paraná, en el 34º aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Una columna compacta de más de tres cuadras de extensión caminó desde la plaza Sáenz Peña hasta la plaza Alvear, donde se realizó el acto central con la lectura del documento consensuado por las organizaciones de la Multisectorial por los Derechos Humanos.

Este año, el documento estuvo enfocado a la situación judicial de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, y exigió el fin de las dilaciones que permiten a los principales responsables del genocidio continuar sin condena. “A vos Trimarco, el pueblo ya te condenó”, destacaron las organizaciones, al cuestionar las dilaciones en el sometimiento a la Justicia del ex jefe militar de Entre Ríos, quien aduce padecer Alzheimer y, por lo tanto, no recordar nada de lo sucedido.

La convocatoria de la Multisectorial por los Derechos Humanos tuvo eco no sólo en los miembros de las organizaciones que la componen, sino también en muchos otros que se suman espontáneamente. No obstante, fueron evidentes los cánticos de las diferentes agrupaciones políticas a favor y en contra del gobierno nacional, sobre todo entre los del peronismo y el comunismo, ambos en sus distintas versiones.

Pero el reclamo unificado fue el de justicia para los desaparecidos entrerrianos y en Entre Ríos, cuyos nombres se mencionaron uno a uno al inicio del acto en la plaza Alvear. El documento comenzó poniendo el contexto y asegurando que el golpe del 76 “no fue una guerra, fue terrorismo de Estado y no habrá reconciliación nacional sin castigo a los culpables del genocidio y la entrega”.

“Hoy los mismos sectores de privilegio que forjaron las condiciones para aquel golpe militar, los mismos que financiaron el golpe y generaron el consenso el 24 de marzo de 1976, están otra vez en la calle, proponiendo y pretendiendo imponer las mismas políticas de estado de genocidio, inclusive con políticas más salvajes y excluyentes que las heredadas del golpe”, denunciaron.

La situación judicial

Los organismos destacaron que “con la lucha de los organismos de derechos humanos y demás sectores populares”, se lograron progresos en la Justicia, sobre todo en la capital entrerriana con las causas denominadas Área Paraná y Hospital Militar”.

“Hace unos pocos años atrás el juicio y castigo se presentaba como un sueño. En cambio hoy es una realidad. Una realidad compleja y difícil, que avanza si estamos unidos y en la calle, exigiendo al poder judicial que cumpla su deber histórico”, resaltaron.

Sin embargo, se puso énfasis en la indefinición de la situación procesal de la principal autoridad de la dictadura en Entre Ríos: “El general retirado Juan Carlos Ricardo Trimarco, que tanto hizo para infundir el miedo y terror, hoy sufre de diarrea cada vez que tiene que afrontar alguna pericia médica para ver si es verdad que tiene Mal de Alzheimer. El mayor responsable del genocidio en la provincia sigue impune y sin dar respuestas”.

“Resulta que este siniestro personaje dice sufrir de la memoria. Dice no recordar… Pero por más que les pese la memoria crece: y a vos Trimarco, el pueblo ya te condenó”, leyeron a viva voz los militantes de derechos humanos.

También cuestionaron la prisión domiciliaria de que goza Ramón Genaro Díaz Bessone, que fue comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, y destacaron que el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy “estaría en libertad si no fuese por las causas que se tramitan en la otra costa de la provincia”.

Posteriormente nombraron a quienes “se les terminó la impunidad”: Teniente Primero, Auditor del Ejército, Jorge Humberto Appiani; el suboficial mayor, director de la Unidad Penal Nº1, José Anselmo Appelhans; la agente del Servicio Penitenciario de la provincia de Entre Ríos, directora de la Unidad Penal Nº 6 femenina, Rosa Susana Bidinost; el oficial principal en la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Carlos Horacio Zapata; el sargento primero de Ingenieros, Oscar Ramón Obaid; el Personal del Servicio Penitenciario de la provincia de Entre Ríos, jefe de Seguridad de la Unidad Penal Nº1, Ramón Oscar Balcaza; el capitán del Ejército oficial instructor del Consejo de Guerra Especial Estable, Alberto Rivas; el segundo jefe del Destacamento 121 de Inteligencia con sede en Rosario, Pascual Oscar Guerrieri; los Agentes de Inteligencia del destacamento 121, Walter Salvador Pagano, Jorge Alberto Fariña y Marino Héctor Gonzalez; el ex subcomisario de la delegación uruguayense de la Policia Federal, Francisco Crescenzo; el Ex Jefe de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos, Juan Carlos Mondragón; el Jefe del Ejército en el Área Gualeguychú, Juan Miguel Valentino; el brigadier retirado y gobernador de facto de la provincia Rubén Di Bello; el ex comisario de la Policía Federal José Darío Mazzaferri, que está prófugo de la Justicia; el teniente coronel Naldo Miguel Dasso y los médicos Juan Antonio Zaccaria y Hugo Mario Moyano.

“Se puede romper con la impunidad. A todos estos genocidas se les terminó la impunidad. Ahora es el turno del Poder Judicial para llevar a cabo el juicio y castigo. Y ese tiempo es ahora. Ni una dilación más. Las demoras sólo redundan en impunidad”, concluyeron.