Juicio a De la Rosa y a miembros de UPCN: el lunes, turno de alegatos

Este jueves finalizaron las testimoniales con cinco ampliaciones indagatorias y el libramiento de un oficio. Entre los testigos, declaró el diputado y secretario general de UPCN, José Allende. El lunes por la tarde serán los alegatos.

 

Cerró la etapa de testimoniales en el juicio a seis integrantes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y el ex ministro de Salud Ariel De la Rosa. Frente a los jueces Alejandro Grippo, Pablo Vírgala y Alejandro Cánepa pasaron alrededor de 26 testigos. La causa es por coacciones agravadas, amenazas y resistencia a la autoridad, y la denunciante es Noelia Trossero, directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante.

 

Este jueves, en la cuarta jornada de producción de prueba, cinco de los siete imputados decidieron ampliar sus indagatorias: declaró el ex ministro y cuatro dirigentes sindicales. Como consecuencia de uno de los ejercicios materiales de defensa, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidieron que se libre un oficio a una radio diamantina, para que aporte una supuesta entrevista realizada a Trossero, donde la directora habría afirmado que las negociaciones con UPCN fueron pacíficas.

 

Ejercieron sus defensas materiales cinco de los siete imputados. Es que el primer día de debate, el lunes pasado, ampliaron sus indagatorias la secretaria gremial Carina Domínguez y el secretario adjunto y director del IOSPER, Fabián Monzón.

Por eso llegó el turno del subsecretario de Movilización, José Zarza; del ex ministro De la Rosa; de la delegada Gremial, Noemí Santamaría; de la subsecretaria Gremial, Zunilda Suárez; y del secretario de Capacitación, Guillermo Barreira.

 

Como consecuencia de la ampliación indagatoria de Santamaría, los fiscales pidieron que se libre un oficio a una radio de Diamante. Sucede que en medio de su testimonio, la imputada pidió incorporar prueba nueva a la causa. Se trata de la grabación de una entrevista en la que Noelia Trossero habría dicho que la negociación con UPCN fue pacífica.

La instancia de solicitud fue algo extraña: la mujer, sentada en la silla de testigos preguntó varias veces si se podía pasar ese audio. Su abogado, Marcos Rodríguez Allende, ofreció el soporte digital guardado en una Tablet pero se negó a que lo reprodujeran por el sistema de audio de la sala.

Tampoco se pudo acercar el micrófono al parlante de la Tablet. Entonces hizo escuchar el audio a los fiscales, los jueces y los otros defensores, todos inclinados sobre el estrado, tratando de captar las ondas sonoras.

Según aseguró la propia imputada, la entrevista fue brindada por Trossero el Día del Locutor (3 de julio) a la radio FM Río de Diamante, en el programa Despertando. “Tengo una tía en Diamante que se enteró de este problema que tengo y le dio a mi mamá el audio de esa entrevista en la que Trossero dice que todo fue pacífico”, aseveró. “¿Ese audio se puede escuchar'”, preguntó más de una vez.

 

Los fiscales Gamal Taleb y Laureano Dato se opusieron al pedido. Reclamaron que no lo hayan aportado antes como prueba y que no se podía reproducir un audio que ellos no conocían. Al momento de responder, el defensor Rodríguez Allende retrucó la oposición diciendo que el juicio es una instancia de producción de prueba y obtuvo el consentimiento de los jueces. Por eso se libró un oficio desde el tribunal al medio de comunicación, para que se remita la entrevista completa y se pueda incorporar a la causa antes de los alegatos.

 

José Zarza describió cómo fueron los acontecimientos desde el lunes 5 al miércoles 7 de junio de 2017. Rechazó cualquier acción violenta y aseguró que todo se desarrolló desde el diálogo y el respeto. “Puede ser que yo haya dicho ‘ya te voy a decir qué voy a hacer con la directora’ en un mensaje, pero está sacado de contexto”, marcó. “No pertenezco a ninguna patota. Eso me dolió en los comentarios de los medios. Nosotros tratamos de contener y acompañar desde el gremio, estamos para descomprimir y reclamar”, aclaró y subrayó: “Me ha dolido que nos traten de patoteros”.

 

Por su parte, Noemí Santamaría no sólo dijo que ellos desarrollaron negociaciones pacíficas, sino que el secretario técnico del hospital, el lunes 5 de junio los recibió de forma violenta. “La directora me trató muy bien, pero él estaba a los gritos. Por eso ella se puso mal”, manifestó. Luego pidió incorporar el audio de la supuesta entrevista realizada en la FM diamantina.

 

– Usted dice que tiene familiares en Diamante que le enviaron ese audio?, preguntó Taleb.

– Si si, una tía lejana, respondió la mujer.

– ¿Y cómo se llama, cómo es su apellido?

– No sé cómo es su apellido. Le decimos tía Chocha.

– ¿Y dónde vive?, volvió a preguntar el fiscal.

– En Diamante, reafirmó Santamaría.

– ¿Pero cuál es su dirección?

– No sé, no conozco Diamante.

 

Después de Santamaría declaró Suárez. Contó lo que ocurrió el 7 de junio de 2017. Sobre ese día, la imputada dijo que querían hablar con la directora del hospital pero cuando el fiscal le repreguntó, ella le respondió que “si se daba, se daba, no era nuestro objetivo primordial”. Taleb interrogó sobre ese punto a Suárez porque unos minutos antes, Zarza había dicho que cuando entraron al hospital le dijeron al policía de guardia que querían pasar para dar una conferencia de prensa y no hablar con la directora.

 

Barreira también amplió su indagatoria. Se refirió al 7 de junio. Ese día, él y Fabián Monzón habían ido al Hospital Colonia después que Domínguez, Suárez y Zarza. Barreira y Monzón estaban entrando al predio del hospital cuando salían los patrulleros con sus compañeros detenidos. Según la acusación, obstruyeron el paso, resistieron la autoridad y fueron detenidos. “Reclamé fuerte porque estaban deteniendo personas. En este país es lógico, como lo que vimos que ocurrió ayer afuera del Congreso (en Capital Federal). Estuvimos tres días detenidos entre alimañas, vómitos y deposiciones”.

“Es infantil pensar que como ministro necesito un gremio para hacer cumplir una resolución”

El ex ministro De la Rosa dijo que no se fue del ministerio echado por el gobernador Gustavo Bordet, sino que él le puso la renuncia a disposición y el gobernador se la aceptó. “El gobernador dijo que no quería funcionarios imputados, que pediría el apartamiento hasta que se aclare la situación”, recordó.

 

Achacó a Trossero por “descontextualizar y parcializar”. Admitió la comunicación telefónica desde el Ministerio donde dijo que se enojó muchísimo. “En un momento percibí como si se prendiera un grabador y eso me pareció deshonesto, artero, taimado y me sacó de mis cabales”, reconoció. Dijo que la directora tuvo una actitud “desafiante”. “Es infantil pensar que como ministro necesito de un gremio para hacer cumplir una resolución”, acotó.

 

Aseguró que no hubiese tenido “problema si Trossero” le blanqueaba la intención de ponerlo en altavoz para que escucharan otros empleados. “Siempre que ocurrieron irregularidades tomé las medidas correspondientes. Incluso aparté al director del Hospital San Martín”, dijo. Por eso desde la Fiscalía se le preguntó si le había iniciado algún sumario a Trossero, debido a las cosas que contó que le había dejado pasar, pero su defensor suspendió el interrogatorio.

 

La declaración de Allende

 

El diputado provincial y secretario General de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, declaró como testigo. “Le dije a Darrichón (Juan Carlos, diputado provincial por Diamante), que no estábamos de acuerdo con el nombramiento de Trossero, porque sabíamos que él tenía algo que ver con esa designación”, aseveró Allende, tras las preguntas de su sobrino Marcos Rodríguez Allende. La afirmación del sindicalista confirmó una puja política entre los dos legisladores provinciales. De hecho, una de las fiscales que intervino apenas inició la causa fue Mariana Darrichón, hija de Juan Carlos.

 

Por otro lado, en la última jornada de testimoniales también atestiguó Víctor Hugo Berta, quien fue titular del Área Legal de Ministerio de Salud mientras Ariel De la Rosa condujo esa cartera, Allende admitió que venían “con inconvenientes por las decisiones de Noelia Trossero”.

 

“Cuando nombraron a esta directora nos manifestamos porque ella es kinesióloga al frente de un Hospital de Salud Mental. Yo se lo dije a Darrichón, porque sabíamos que él tenía algo que ver con esa designación”, afirmó Allende y puntualizó que no estaban de acuerdo con el funcionamiento de las comisiones de suplentes. Además, señaló el tratamiento que se dio al interior del hospital con el alojamiento de un usuario con problemas de adicciones en el sector de gerontología. “Todas estas cosas hacían que la relación no fuera buena y más cuando tomó la decisión de dejar sin trabajo a una delegada gremial. Nosotros usamos todas las herramientas que tenemos para que se reincorporara a (Yanina) Migueles porque estaba mal echada. Ella fue elegida como delegada en elecciones y si no impugnaron esa elección, era delegada”, consideró.

 

Asimismo, el diputado y sindicalista, según Análisis Digital, acusó animosidad para con UPCN. “Siempre hubo una intención no buena, o no amable con UPCN. Pero UPCN tiene 30 años en esta provincia (NdR: Allende siempre fue el secretario General) y no tiene historia de vidrios rotos, ni peleas con la Policía porque la mayor herramienta que tenemos en el gremio es la capacitación”, aseguró y consideró que el caso que se enjuicia fue parte de un contexto de “presión política sobre el gremio”. En el mismo sentido, acotó: “Nos resistimos a firmar paritarias con gente del gremio detenida”.

 

– Además de las herramientas legales ¿qué otro método de acción gremial emplea UPCN cuando las herramientas legales no llegan a lograr el fin que se había trazado?, le preguntó el fiscal Gamal Taleb, atendiendo la propia denuncia de la directora por coacciones.

 

– Me estás hablando de un supuesto que no correspondió. Las herramientas legales dieron el resultado previsto, así que nunca se nos ocurrió otra cosa. De cualquier manera, nunca usamos herramientas que no sean estas, político-gremiales.

 

– La búsqueda de información de una persona y el posterior escrache ¿está dentro de la metodología? inquirió el fiscal, en referencia a una serie de audios enviados entre integrantes de UPCN, entre el 5 y 7 de junio de 2017, en los cuales se hablaba de proceder de ese modo con Trossero.

 

– No sé a qué le llaman escrache.

 

– Por ejemplo pegar afiches de una persona con información que resulta perjudicial para esa persona. ¿Es una metodología válida para usted como dirigente gremial?, repreguntó.

 

– Nosotros no usamos esa metodología. Me parece que cuando pegamos una información en un afiche, si la información dice la verdad, es una información. Si la información dice una mentira puede ser un escrache, una bajeza, una cosa que nosotros no convalidamos. Yo no estoy de acuerdo con los escraches.

 

Más adelante se lo consultó por la toma de hospitales como metodología válida para la acción gremial. “La toma de hospitales me parece una aberración. Es decir, no sólo no tomamos hospitales sino que UPCN no va a parar hospitales, porque en definitiva, por una herramienta legítima es el paro no podemos perjudicar a mucha gente que tiene obra social pero está yendo a los hospitales porque no tiene para pagar el coseguro. Hasta eso llegamos y fíjense lo que antes podía ser una herramienta legítima, los tiempos van cambiando y nos vamos aggiornando”.

 

La decisión de no despedir a nadie

 

Víctor Berta estuvo a cargo del área legal del Ministerio de Salud mientras Ariel De la Rosa fue el titular de esa cartera. Durante los primeros meses de 2017, fue denunciado por supuestas irregularidades en esa función. La causa todavía está en trámite.

 

Hoy Berta concurrió a declarar como testigo, destacaron los colegas de Análisis Digital. Primero contextualizó el “estilo de gestión” conducida por De la Rosa. Pero como se extendió tanto en su relato, de momento, el presidente del tribunal tuvo que pedirle por favor que dejara interrogarse por la defensa que lo había citado (los abogados Leopoldo Lambruschini y Julio Federik). La idea que rondó su testimonio, apuntó siempre a la directora Noelia Trossero.

 

En varias ocasiones repitió que la funcionaria equivocó el procedimiento administrativo, que nunca pudo dar de baja a una suplente porque al alta la había dado el ministro. Agregó que el pedido de baja de la suplencia “no estaba fundado” y que “estaba en juego la tutela sindical”. Según el abogado, “los derechos de Migueles estuvieron vulnerados por hechos administrativos nulos por nulidad en sí misma”.

 

Cuando respondía el interrogatorio fiscal, Berta admitió haber hablado con Carina Domínguez antes de que se emitiera la resolución ministerial que ordenaba la reincorporación de Migueles. Entre otras cosas, recordó que “fueron días difíciles”, mencionó algún problema de índole privada; y que la decisión que tomaron fue en la misma línea del discurso del gobernador Gustavo Bordet que prometió “no despedir a nadie”.