BOTNIA: la refutación argentina
Argentina reiteró en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que Uruguay violó el Derecho Internacional y, en particular, el Estatuto del río Uruguay de 1975, al permitir la construcción de la papelera Botnia en su ribera uruguaya
La profesora de Derecho de la Universidad de Ginebra, Laurence Boisson, argumentó ante los jueces que esa violación del tratado se produjo porque Uruguay concedió “en febrero de 2005” el permiso para construir la planta “basándose en estudios medioambientales incompletos”, entre otros puntos.
La delegación argentina rebate entre hoy y mañana en la segunda ronda de las audiencias orales ante la CIJ los argumentos de Uruguay para defenderse ante la denuncia de Argentina.
Boisson afirmó que Uruguay también incumplió el tratado al no haber facilitado “informaciones completas” a Argentina, no ofrecer localizaciones alternativas para ubicar la planta y no evaluar el impacto de la misma sobre “actividades ya existentes” en torno al río, en referencia al sector turístico activo en Fray Bentos.
El profesor de Derecho de la Universidad de París, Alain Pellet, también reiteró la falta de acuerdo entre Argentina y Uruguay para autorizar la construcción de la planta.
“El planteamiento (de Uruguay) de que hubo un acuerdo para construir la celulosa es equivocado”, dijo Pellet, quien con ello puso en tela de juicio una de los principales pilares de la argumentación uruguaya.
Pellet adujo que el único acuerdo entre las partes fue el de que había que enviar información a la Comisión de Administración del Río Uruguay (CARU) antes de dar ningún paso dirigido a construir la planta celulosa.
Acusó a Uruguay de no haber respondido en mayo de 2005 a la petición argentina de remitir “más información” sobre el proyecto de la celulosa en su ribera del río.
“El único acuerdo que tenían las partes era el de la existencia de un desacuerdo”, dijo Pellet con elocuencia a los jueces.
El profesor también volvió a reiterar que la celulosa Botnia usa productos químicos altamente contaminantes, al contrario de lo que mantiene Uruguay, que la semana pasada presentó informes en los que se concluye que los vertidos de la papelera no causan “daño sustancial” a la calidad del agua del río.
Las audiencias orales en este contencioso acabarán el próximo viernes, tras haberse extendido tres semanas.