Asambleístas en la Cámara
Una decena de organizaciones, entre las que se encuentran CTA, CCC, Agmer, FAA, delegados de ATE, entre otros, repudian la criminalización de la protesta social ante “la situación de persecución que sufren los integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú”.
“La larga lucha de más de 7 años del pueblo de Gualeguaychú, acompañado por gran parte del pueblo argentino, contra la instalación ilegal de la empresa pastera contaminante Botnia-UPM de origen finlandés, quien ha violentado el Estatuto del Río Uruguay de 1975 suscripto por la Argentina y Uruguay logró conformar en un proceso la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú. Esta Asamblea mostró con su democracia directa y participación masiva un ejemplo para tantas otras luchas que vinieron después, permitiendo sostenerse a lo largo del tiempo”, señalan en un comunicado.
Y continua: “La ejemplar lucha impulsó a millones de argentinos a poner en su justo lugar las cuestiones ambientales más urgentes y poner en la agenda prioritaria de cada lugar del país, temas tales como las minería a cielo abierto, el monocultivo, el uso indiscriminado de los agrotóxicos, desmontes, procesos industriales contaminantes de ríos y aguas subterráneas, importancia estratégica del acuífero Guaraní entre tantas otras, que nos son impuestas por los grandes grupos monopólicos mundiales cuyo objetivo final es siempre el saqueo de nuestros recursos naturales, merced a los gobiernos que ceden ante ellos, mientras no resuelven problemas básicos como el hambre, la falta de trabajo, educación y salud para todos los habitantes”.
A su vez, “es que entendiendo la justeza de esa lucha nos manifestamos en contra de cualquier tipo de criminalización de los asambleistas a los que se intenta juzgar por ejercer el derecho constitucional de defender el medio ambiente sano, como reza nuestra constitución provincial y nacional, lo que significa un flagrante doble discurso de la presidente Cristina Kichner y el ex presidente Néstor Kichner que llamaron a esa lucha ‘Causa Nacional’ en otro momento y hoy se han constituido como parte querellante en la causa, donde han pedido la citación a indagatoria de diez asambleístas”.
Al respecto, detallan: Jorge Fritzler, Juan Ferrari, Osvaldo Fernández, Siria Muñoz, Paola Robles, Cristina Limba, Víctor Limba, Alejandra Crimella y José Gómez. De esta forma, el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Carlos María Álvarez, dio lugar a lo dispuesto por la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Daniela Neyra. por hechos que calificó como homicidio culposo (art. 84 del Código Penal), amenazas (art. 149 bis), amenazas agravadas (art. 149 ter), daños a bienes públicos (arts. 183 y 184), entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes (art. 194 bis), instigación a cometer delitos (art. 209), intimidación pública (art. 211), apología del delito (art. 213), otros atentados al orden público (art. 213 bis), delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación (art. 219 in fine), atentados al orden constitucional y a la vida democrática (arts. 226 y 226 bis), sedición (arts. 230 y 232), atentado y resistencia contra la autoridad (arts. 237, 238 y 239) y encubrimiento (art. 277).
“Mientras esto sucede con los asambleístas los directivos de la empresa no han sido convocados por la causa 56.204 abierta por contaminación en violación a la ley 24.051 Esto desnuda, desde la inequidad de los hechos, las prácticas concretas de un Gobierno que detrás de un discurso progresista mantiene procesados a miles de luchadores populares mostrando su verdadera esencia, contradiciendo en las acciones lo que dice en discursos y castigando a los que se animan a levantarse en defensa de los derechos de la comunidad, frente a los poderosos que se burlan de las leyes y acuerdos firmado por la argentina con otros países”, señalan.
Por eso, “los abajo firmantes exigimos de la Cámara de Apelaciones de Paraná el rechazo al recurso interpuesto por la Fiscal Neyra y el cese de la persecución estatal sobre los asambleístas, así como también el cese de la criminalización de la protesta social y el desprocesamiento de los más de 4.000 luchadores encausados”.
Adhieren a la declaración: Federación Agraria Argentina (Entre Ríos) – Alfredo De Angelis; Corriente Clasista y Combativa: Alejandro Sologuren y Víctor Sartori; Central de Trabajadores Argentinos Entre Ríos – Oscar Muntes; AGMER Entre Ríos; Central de Trabajadores Argentinos seccional Paraná – Ricardo Sánchez; AGMER – Seccional Paraná; Agrupación La Nueva Corriente de Humanidades y Sicología de la UADER; Agrupación 20º de diciembre de Estudiantes de Educación y Comunicación Social; Centro de Estudiantes de Bioingeniería; Agrupación de Estudiantes Independientes de Agronomía; Agrupación Ana Sosa de Agmer : Ignacio González Lowy.
También, Foro Artiguista Entrerriano; Concejal de Paraná Emanuel Martínez Garbino; Asociación LIBERPUEBLO: Dra Diana Kordon y Nicolás Nanni; Delegados de ATE Hospital San Martín: Esteban Olarán; Asociación de Pequeños Productores del Centro Norte: Carlos Retamoza, Claudio Molina; Movimiento Independiente de Jubilados; Nuevo Espacio; Partido Comunista Revolucionario; Ecologista Andrés Petric; Chacareros Federados de Entre Ríos: Juan Echeverría, Daniel Calgaro, Jorge Temporetti, entre otros.