Violencia de género en agenda política
En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer que se celebró este martes, el Gobierno de Entre Ríos convoca a la Jornada de Abordaje Integral Violencia y Salud. Políticas públicas y la perspectiva de las víctimas, que se realizará el viernes y que estará a cargo de la reconocida socióloga y especialista en estudios de género, Silvia Chejter. La profesional destacó “la inclusión en la agenda política en las últimas décadas, de problemáticas que durante años fueron consideradas del campo de la privacidad”.
“Que hoy tengamos políticas públicas para prevenir la violencia y la discriminación sexual, es el resultado de una convergencia de múltiples factores, entre los que sin duda cabe mencionar las acciones de organizaciones de mujeres; las acciones de profesionales de equipos públicos; la creciente apertura, sobre todo a partir de los años 80, de los organismos internacionales hacia los problemas relacionados con la inequidad de género; y particularmente los relacionados con la discriminación hacia las mujeres”, señaló.
“También es el resultado de la apertura de los Estados, que comenzaron incorporar estos temas en la agenda política, generando reformas legales que legitiman un nuevo enfoque de la violencia basado en la autonomía y los derechos de las mujeres, superando y cambiando los enfoques basados en los valores patriarcales, que dominaron las legislaciones durante siglos”, dijo Chejter.
La actividad, que se desarrollará en el Consejo General de Educación este viernes a partir de las 8.30, se inscribe en el ciclo de capacitaciones que desde la puesta en funcionamiento del Protocolo Provincial para Prevenir y Erradicar la Violencia, se viene desarrollando para funcionarios y trabajadores de todas las áreas del Estado.
La socióloga y docente universitaria, Silvia Chejter, sostuvo que “entre los logros que debemos contabilizar de las últimas décadas, está la inclusión en la agenda política de problemáticas que durante años fueron consideradas del campo de la privacidad y que siempre fueron naturalizadas, banalizadas, incluso legitimadas social y legalmente. Me refiero concretamente a diversas formas de maltratos, abusos, abusos sexuales, violaciones, explotación sexual, etc. que quedaban en el secreto y el silencio; y aunque esas prácticas eran frecuentes, no se les reconocía lo que tenían en común: la desigualdad de género”.
La especialista indicó que “estas problemáticas comenzaron a ser planteadas por el Movimiento de Mujeres desde fines de los ’80. Primero fue necesario que la violencia fuera reconocida por las mujeres mismas (que muchas veces comparten o no han puesto en crisis los valores patriarcales) y también por toda la sociedad, como un problema que involucra y atañe al conjunto y en consecuencia al Estado”.
“Si bien en principio la violencia hacia las mujeres, como también otras formas de la violencia social son temas sociales, complejos, que tienen varias dimensiones (sociales, legales, éticas, etc.), es innegable que la violencia tiene impactos sobre la salud”, afirmó Chejter.
“A pesar de los avances que se han producido en las últimas décadas en cuanto al reconocimiento de la problemática de la violencia, todavía muchas mujeres que sufren violencia, no sólo no hacen la denuncia, sino que tampoco lo comunican. Sin embargo, en muchas ocasiones, como resultado de la violencia que padecen, recurren a instituciones públicas para buscar paliar los efectos de la violencia en su integridad personal, en su salud”, destacó.
“Y en muchas ocasiones el único lugar al que concurren es al centro de salud o al hospital. Es en este sentido que el sistema de salud puede cumplir una función fundamental. En primer lugar, desde la perspectiva de las víctimas, acudir a un centro de salud o a un hospital es acudir a un lugar accesible, amigable en general; y es sobre todo un ámbito institucional de indiscutible legitimidad social. Es un dispositivo público, conocido, gratuito e incorporado a los hábitos de consulta, de las mujeres y de la población en general”, acotó.
Consideró la especialista que “la inclusión de la violencia hacia las mujeres dentro de las políticas de salud pública tiene un valor estratégico. Es estratégico por varias razones: puede paliar y aliviar el sufrimiento, evitar males mayores y también cumplir funciones de prevención y detección temprana”.
“Hoy, mirando en perspectiva histórica, se han producido cambios muy importantes con relación a las respuestas sociales y sobre todo institucionales frente a la violencia hacia las mujeres, cambios de conceptos y de actitudes: mayor conciencia social acerca de la injusticia de la violencia y de los derechos, por parte de las víctimas, cambios legales, cambios de actitudes de distintos sectores de la sociedad, cambios en el rol de las instituciones estatales y respuestas institucionales más específicas”, dijo. Y agregó: “En síntesis, vivimos hoy una situación en la que hay demandas cada más claras por parte de las víctimas y ofertas cada vez más específicas o especializadas”.
Las jornadas
“El objetivo es fortalecer la perspectiva de derechos como eje transversal en todas las políticas que llevamos adelante, es por eso que apuntamos a generar más espacios de formación y debate entre los agentes de los tres poderes del Estado entrerriano, y en especial entre los efectores de salud”, explicó la secretaria general de la Gobernación, Sigrid Kunath.
En ese marco, la funcionaria destacó la visita de Chejter, “que organizamos en conjunto con el ministerio de Salud”, y afirmó: “Si en algo se pone de manifiesto esta decisión política de trabajar para fomentar los buenos tratos y terminar con la violencia en la provincia es en reconocer y visualizar esta problemática, muchas veces ocultas, y también en afrontar paso a paso los obstáculos con que nos encontramos a diario para llevar adelante las medidas de prevención y protección”.
Por último, Kunath destacó el trabajo que realizan las organizaciones sociales vinculadas a la problemática: “Con muchas de ellas nos hemos reunido de cara a su incorporación en el Consejo Provincial para Prevenir la Violencia y llena mucho de energía contar con su aporte comprometido. Sabemos que la violencia hacia las mujeres, un problema considerado de salud pública, es demasiado complejo como para abordarlo solamente desde el Estado”.
Acciones para la salud de la mujer
En ese marco, el gobierno entrerriano, a través del Ministerio de Salud, trabaja en el abordaje de diversas problemáticas que afectan la calidad de vida de las mujeres como la atención de la salud sexual y reproductiva y la prevención y atención de las violencias. Dos líneas de trabajo que contribuyen al bienestar y la salud del género femenino.
En esa dirección, el Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva se encuadra en el paradigma del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Esto -destaca la responsable del programa, Mónica Fassoni -“para la mujer significa reconocer el derecho a la planificación familiar y a una maternidad segura”.
Estas acciones de salud pública se concretan en la información brindada para prevenir el embarazo no deseado, en la entrega de los métodos anticonceptivos gratuitos en 360 efectores y el trabajo conjunto con otras áreas que promueven “los controles de embarazo, la lactancia materna, el apoyo nutricional de la embarazada, y que las mujeres, entre un parto y otro parto, dejen pasar por lo menos dos años”.
Fassoni señala, además, que “el derecho sexual y reproductivo es el ejercicio de una sexualidad segura y placentera”, por lo tanto desde el programa se promociona también la importancia del cuidado de la salud para evitar “infecciones de transmisión sexual, VIH, cáncer de cuello, la violencia sexual contra las mujeres y la violencia de género”.
El programa informa a las mujeres para que conozcan sus derechos “reconocidos por las leyes y la Constitución Argentina”. A saber: “derecho a gozar de su sexualidad y a no enfermarse ni morirse el ejercicio de ese derecho; derecho a tener hijos y no correr riesgos para tenerlos; derecho a no sufrir violencia y a tener una vida libre de riesgos”. Y agregó que se trabaja en la anticoncepción y la prevención del embarazo para que la mujer no tenga que recurrir al aborto y no se muera por esta práctica.
La funcionaria también destacó la línea telefónica gratuita 0800 salud sexual, que funciona desde cualquier punto del país, como herramienta para informar a las mujeres. “La idea es que la mujer conozca sus derechos y cuente con información, insumos y prácticas sanitarias que le permitan el ejercicio de ese derecho”, expresó.
Con la creación en 2012 de la Unidad de Gestión de Políticas Preventivas de las Violencias en las Relaciones de Género del Ministerio de Salud, “con la idea de promocionar la Ley Nacional 26.485 de Protección de la Violencia hacia las Mujeres en sus Relaciones Interpersonales” se fortaleció en el marco de la cartera sanitaria provincial, la tarea de “conocimiento, visibilización y prevención de la violencia en las relaciones de género”, explicó la titular del área, Mariela Baranoff.
La funcionaria explicó que ley “plasma las convenciones internacionales incorporadas al artículo 25 inciso 22 -que tiene jerarquía constitucional- para ampliar la protección de la mujer en su vida privada y en todos los lugares donde se encuentra en el ámbito laboral, institucional, antes, durante y después del parto, con respecto a su salud”. Es así que el texto legal incorpora otras violencias, no sólo la familiar, sino también la violencia laboral, institucional, obstétrica, contra la libertad reproductiva y la mediática.
La Unidad de Gestión realiza, además, asistencia técnica a los grupos que atienden estas problemáticas planteada, promociona derechos y empodera a la víctima. Desde el Ministerio de Salud no sólo se realiza la asistencia a los casos de violencia, sino que éstos pueden ser detectados. En ese sentido, Baranoff recordó que a principios de año una de las actividades consistió en trabajar con los agentes sanitarios de toda la provincia el rol de éstos en la detección de las situaciones de violencia, en conjunto con el programa de prevención de violencia social y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
A las charlas, talleres y otras actividades realizados con distintos programas del Ministerio de Salud se le sumó el trabajo con el Protocolo Provincial Institucional e Interministerial de Violencia.
En Entre Ríos, está en marcha el registro para denunciar casos de violencia, a través de referentes de toda la provincia que cuentan con la clave de acceso al sistema y lo que permite identificar casos y actuar en consecuencia pensando siempre en el bienestar y la salud de las personas afectadas.