Vicentin: el Banco Nación habló de “fraude” y expuso su postura respecto a un eventual cramdown
El presidente del Banco Nación (BNA), Eduardo Hecker, se refirió al proceso de cramdown al que hizo mención el presidente Alberto Fernández para la concursada cerealera Vicentin. En el banco hay expectativa a que este mecanismo, por el cual como última instancia a una quiebra un acreedor pueda formular una propuesta y tomar el control de una compañía, derive en una mejor propuesta de pago que la realizada por la compañía en su concurso de acreedores. Esto no significa que el banco tenga definido ser cabeza de un cramdown, ya que la Justicia de Santa Fe -la Corte provincial tomó el concurso de la firma- es la que debería habilitar la opción.
“Es imprescindible evitar el fraude. La propuesta de Vicentin implica convalidar el fraude y una quita del 80 por ciento en valor presente neto de los créditos que tiene el Banco Nación y un daño al patrimonio colectivo. Teniendo en cuenta que el Banco Nación es de toda la sociedad y, por lo tanto, convalidar esa alternativa es un atentado al patrimonio colectivo”, señaló Hecker.
Ayer, el jefe de Estado había señalado: “En el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido y se podría dar la posibilidad de cramdown [opción que puede solicitar un acreedor], yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de “expropiemos empresas de cualquier modo” porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso”. Y añadió: “El Banco Nación es un acreedor privilegiado y puede ser determinante de la quiebra o de la continuidad. Ahora, si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que sea posible”.
El BNA le prestó a la cerealera unos US$300 millones. Es un acreedor privilegiado. También hay otros bancos como acreedores, entre ellos un grupo de cinco entidades que reclaman por US$530 millones. La compañía está en concurso de acreedores por US$1575,4 millones y la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe decidió pedirle el expediente al juez Fabián Lorenzini e intervenir en el proceso.
Para todos los acreedores la cerealera presentó un plan de pago a 12 años que implicaría al final del proceso que los mismos recuperen en torno de un 30% de la acreencia.
“Lo que se perfilaba en la propuesta -si resultaba homologada-, es la posibilidad inminente de que haya un desguace de la compañía, al tiempo que distintos sectores quedarían sin destino, además de convertirse en una amenaza al empleo de los que hoy están trabajando”, indicó Hecker.
El presidente del BNA recordó que la entidad se opuso a la propuesta de la cerealera y “realizó todos los esfuerzos necesarios para evitar la extranjerización; el desgruace de la compañía y la pérdida de puestos de trabajo”.
Después se refirió a la decisión de la Corte de Santa Fe. “A partir de la decisión de la Corte Suprema Provincial, en la actualidad se abre una etapa -que probablemente sea la del cramdown-, y en esta etapa se debe realizar una nueva propuesta que contemple los intereses de los distintos sectores, tanto público y privado. Esta instancia debe contemplar el funcionamiento a pleno de la compañía; que genere empleo y que además genere alternativas para la producción e incrementos en el valor agregado”, señaló el banco.
En noviembre del año pasado, un grupo de 72 acreedores granarios que representan más del 25% de una acreencia granaria que supera los US$420 millones había impulsado un proceso para un cramdown.