Taibi: “toda rebaja tarifaria debe prever un fondo”
El titular del Ente Provincial Regulador de la Energía (Epre) Francisco Taibi, explicó que cualquier rebaja tarifaria que se proponga debe prever un fondo que compense a las distribuidoras.
En Entre Ríos, hay subsidios destinados a las actividades productivas, a las instituciones deportivas, a la tarifa social, al programa de inclusión al consumo de energía eléctrica y a la tarifa eléctrica para la salud. Ahora el diputado Daniel Bescos propone, mediante un proyecto de ley, una baja del 20% a parroquias, iglesias y templos.
“Toda rebaja tarifaria o promoción, como puede ser a industrias, tiene que ser compensada a las distribuidoras eléctricas con los respectivos fondos. No es que las distribuidoras van a cobrar más barato, sino que hay que prever un fondo para contemplar eso”, explicó Taibi y precisó que el procedimiento es el mismo para todos los casos.
La consulta fue realizada tras la presentación de un proyecto de ley –que será tratado mañana en diputados- para establecer una baja del 20% a parroquias, iglesias y templos. El funcionario explicó que “cualquier bonificación que se establezca por debajo del cuadro tarifario vigente, que rige para toda la provincia, debe prever la compensación a la distribuidora a través de un fondo”.
Precisó además que el Poder Ejecutivo está facultado, a través de la ley 8916 a asignar subsidios a la energía eléctrica. “El fondo para esos subsidios provienen de la participación en el Fondo Compensador de Tarifas creado por el marco regulatorio nacional, y por el Fondo de Desarrollo Eléctrico de Entre Ríos, recursos que administra la Secretaria de Energía”, detalló.
Actualmente en la provincia, hay subsidios tarifarios destinados a las actividades productivas (decreto 7268 y 7219 del año 2004); a instituciones deportivas (decreto 4503 del año 2006 y 5640 del 2008); a la tarifa eléctrica social (decreto 5611 del año 2008), al programa de inclusión al consumo de energía eléctrica (decreto 5611 del 2008) y a la tarifa eléctrica para la salud (decreto 817 del 2003, actualizado por el decreto 131 del 2009).