Se levantó el paro de transporte en Córdoba, pero el conflicto continúa
Los colectiveros de Córdoba que se encontraban de paro desde hace nueve días decidieron este mediodía levantar la medida de fuerza, a fin de iniciar un diálogo con las autoridades que permita la reincorporación de los despedidos.
Los delegados dispusieron levantar la huelga, luego de que esta mañana unos 400 choferes volvieron a trabajar, por temor a que las empresas avanzaran con los despidos, ya que se trata de un paro declarado ilegal.
Los dirigentes anunciaron que se sentarán a negociar con el Ministerio de Trabajo provincial, los empresarios y la Municipalidad de Córdoba a fin de reincorporar a los cerca de cien despedidos y para que se abonen los días de paro.
Consultado por El Cronista, un vocero del ejecutivo municipal manifestó que “los delegados encabezados por Marcelo Marín desconocen a la UTA Regional Córdoba, cuyo interventor es Luis Arcando” y que “los cerca de cien trabajadores despedidos fueron cesanteados con justa causa, ya que el Ministerio de Trabajo de la Provincia declaró la ilegalidad del paro puesto que se desarrolló mientras se encontraba vigente la conciliación obligatoria”.
Asimismo, desde el municipio destacaron que en la mesa de negociación de ayer no se encontraban representantes de la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) ni del municipio.
Si bien el municipio no es empleador sino que licita las licencias, mantienen el 100% de la propiedad de Transporte Automotor Municipal del Estado (TAMSE) que maneja los trolebuses de la ciudad.
Desde ayer el municipio, en conjunto con las empresas, dispuso un servicio de emergencia gratuito que funciona entre las 7 y las 21 horas, y que “al momento cuanta con 500 unidades en circulación, de las 800 que transitan un día normal en hora pico”.
Según información a la que pudo acceder El Cronista, se estaría barajando la posibilidad de que el caso de Marcelo Marín, junto con otros delegados que desconocen la autoridad de la UTA Regional Córdoba sean sometidos al Comité de Ética de la UTA “a fines de evaluar la remoción de la tutela gremial”, lo que allanaría el camino para nuevos despidos.