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Represa en el Ayuí: denuncia de Osuna

La senadora nacional Blanca Osuna denunció como “inconstitucional e ilegal” el proyecto de construcción de una represa en el Arroyo Ayuí Grande en la provincia de Corrientes para anegar 8000 hectáreas destinadas a regar 20 mil hectáreas de arroz y soja.

El mismo es impulsado por las empresas Copra SA de titularidad de José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín y Adecoagro SA perteneciente al financista húngaro George Soros, a la vez que señaló que esto podría tener una “impacto ambiental de grandes dimensiones” que no sólo afectará a Corrientes y a Entre Ríos sino a todo el ecosistema de la cuenca del Río Uruguay

Según expresó la legisladora entrerriana “este proyecto no solo viola la Constitución en tanto atenta contra el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado; al Código Civil, al pretender avanzar en la construcción de una represa sobre un arroyo que es un bien de dominio público a partir de un emprendimiento rural privado predador; a las leyes General de Ambiente y de Bosques Nativos; sino también a distintos tratados internacionales como el Estatuto del Río Uruguay, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención sobre Cambio Climático refrendados por leyes nacionales”.

“La construcción de esta represa podría afectar severamente la dinámica hídrica de un sistema que provee de agua a muchos productores de la cuenca del Río Miriñay (donde desemboca el Arroyo Ayuí y que es uno de los principales efluentes del Río Uruguay), quienes perderían parte de ese recurso y además pondría en riesgo la calidad de las aguas que llegan al curso del río Uruguay, ya en jurisdicción federal e internacional”, explicó.

Osuna, quien es reconocida por sus diferentes proyectos y acciones tendientes a la protección de los humedales y la protección medioambiental y de salud frente a la producción agrícola desmedida adelantó que presentará en el Senado una iniciativa no solo para repudiar esta acción privada ilegal que atenta contra el bienestar y la salud de las personas y principalmente contra el medio ambiente, sino también para exigir que se frene el inicio de las obras de construcción en tanto se avance en la evaluación el impacto que tendría.

“Es llamativo como se fue dando el proceso de habilitación en la provincia de Corrientes y la recurrente falta de información de ese estado provincial a la Nación tras los sucesivos pedidos que el gobierno nacional ha hecho al respecto”. Acto seguido, indicó que “no hay que minimizar ni olvidar el gran poder de lobby que tienen estos empresarios, cuya voracidad no tiene límites y piensan que pueden avanzar talando miles de hectáreas de bosques naturales y utilizar un arroyo que es un bien de dominio público como propio”.

Asimismo, la senadora calificó como “impresionante e intencionado” el silencio de muchos medios de comunicación respecto al conflicto generado por este proyecto polémico, en especial de los que pertenecen al grupo monopólico Clarín, cuyo vicepresidente, José Aranda es uno de los responsables de la iniciativa. “Hay un gran sector de la comunidad preocupada y movilizada por este tema, acciones del gobierno nacional y reacciones en el Uruguay”, señaló Osuna y se preguntó “¿los medios que supuestamente llevan como bandera su independencia periodística no dicen nada de todo esto? Parece que esa independencia no es tal”, finalizó Osuna.