Reconocida empresa de seguridad privada admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas para vigilar organismos públicos
La empresa de seguridad privada Securitas admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Incluso pagó para que le agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones.
Así surge de un expediente a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y del fiscal federal Fernando Domínguez, que en las últimas horas derivó en la detención de nueve sospechosos, todos exdirectivos de Securitas Argentina SA, al cabo de 50 allanamientos en distintos puntos del país.
La investigación comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentinas en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.
En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en la ciudad de Estocolmo, en Suecia.
En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes.
Las conclusiones que los representantes de la empresa presentaron ante la Justicia fueron la consecuencia de una investigación interna iniciada por Securitas AB tras una denuncia de una exempleada hecho en el denominado “programa de integridad”.
“La compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta. Los sucesos denunciados habrían tenido ocurrencia en la República Argentina, con intervención de funcionarios públicos de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso”, según explicaron fuentes judiciales a los colegas de La Nación.