Ratifican los procesamientos de De Vido y de empresarios por coimas en obras públicas
La Cámara Federal ratificó el procesamiento de exfuncionarios como Julio De Vido, José López y Roberto Baratta, y amplió la acusación contra los empresarios involucrados en el pago de sobornos para conseguir el contrato para construir dos plantas potabilizadoras de AySA, una de las causas que forman el llamado caso Odebrecht.
Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi consideraron que el direccionamiento en favor de la empresa brasileña y sus socios argentinos Benito Roggio e Hijos, Supercemento y Cartellone ocurrió mediante el pago de sobornos desde el consorcio que ganó las obras en favor de funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y de la empresa pública de aguas.
En ese mismo sentido, la Cámara Federal ratificó la ampliación de los procesamientos contra los exdirectivos de AySA Carlos Ben y Oscar Biancuzzo, acusados de haber participado en el delito de cohecho para direccionar la licitación que terminó por beneficiar al consorcio que lideraba Odebrecht en la construcción de las plantas Paraná de las Palmas y Bicentenario, ambas ubicadas en el conurbano bonaerense.
La Cámara Federal sostuvo que los directivos de AySA fueron determinantes para esta primera etapa de pago de sobornos. “Se le adjudicó la licitación a Odebrecht, efectuándose en enero de 2009 el primer pago de servicios al consorcio por 69 millones de dólares. Fue allí cuando el director del contrato, Sergio Gouvea, por indicación de Carlos Wagner [entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción] tomó contacto con Biancuzzo, quien fue presentado al Departamento de Operaciones Estructuradas [de Odebrecht], iniciándose así los pagos indebidos en las cuotas por este indicadas, que ascendieron a 7,6 millones de dólares”, explicaron los jueces en su fallo.
La Justicia centró las acusaciones en los trabajos desarrollados por el fiscal federal Federico Delgado, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), como así también en la información que remitieron las autoridades uruguayas y en el material sobre las confesiones de los empresarios brasileños revelados desde agosto de 2017 y aportó ante las autoridades judiciales.
La Cámara Federal también dejó firme, además, el procesamiento de los empresarios Aldo Roggio, Osvaldo “Tito” Biagini y Wagner, todos personajes claves para la obra pública, que también fueron incluidos como acusados por este nuevo delito del cohecho.
Los jueces agregaron también como parte de ese entramado al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, que ya había sido procesado por el juez federal Sebastián Casanello como uno de los intermediarios en el pago de sobornos.
“El segundo tramo de pagos indebidos reconocido por Odebrecht se debió a la paralización de las obras y la interrupción de los pagos, que coincidieron temporalmente con la muerte del expresidente Néstor Kirchner, en 2010. El mismo se extendió entre los años 2011 y 2014 y tuvo como intermediario, en este caso entre funcionarios y empresarios, a Jorge Rodríguez, quien, a través de la firma uruguaya Sabrimol Trading SA, recibió una totalidad de US$ 6.450.000”, escribieron los camaristas.
En la misma resolución, la Cámara Federal mantuvo los embargos contra los imputados, pero disminuyó los montos, que igualmente, en todos los casos, continúan siendo millonarios. El tribunal, además, rechazó un pedido realizado por Roggio para transferir en favor de sus hijos las acciones de su empresa, ya que la Justicia ya había dispuesto un embargo.
La decisión de la Cámara Federal dejó el caso por las plantas potabilizadoras de agua al borde del juicio oral, un espaldarazo a la investigación después de que la semana pasada la Sala II del mismo tribunal anulara todos los procesamientos contra exfuncionarios por el soterramiento del tren Sarmiento, otra de las obras de infraestructura que había ganado Odebrecht.
La defensa del detenido De Vido pidió que se le conceda la prisión domiciliaria por razones de edad (cumple 70 en diciembre) y de salud en la causa por los cuadernos de la corrupción.
El planteo fue hecho por sus abogados, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, en una audiencia que duró unos 40 minutos en la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, donde tramita la causa de los cuadernos.
Los abogados aludieron a la salud del exministro, detenido con prisión preventiva en esa investigación y también por la causa que investiga una presunta defraudación en los Yacimientos Carboníferos Río Turbio.