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Presuntos abusos en el Seminario: Tribunal designado para analizar nulidad de prescripción

Los vocales Marcela Davite, Marcela Badano y Ricardo Bonazzola que componen la Sala II de la Cámara del Crimen, son quienes deberán revisar la nulidad del planteo de prescripción de los supuestos abusos cometidos en el Seminario Menor de Paraná.

 

La Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, designó al nuevo tribunal que deberá decidir sobre la nulidad de la prescripción de la Causa Ilarraz.

 

Los vocales Marcela Davite, Marcela Badano y Ricardo Bonazzola que componen la Sala Segunda de la Cámara del Crimen, son quienes deberán revisar la nulidad del planteo de prescripción de los hipotéticos abusos cometidos en el Seminario Menor de Paraná.

 

Si bien hubo una primera decisión tomada Hugo Perotti, Miguel Ángel Giorgio y Elbio Garzón que apoyó la prescripción de la causa, el STJ anuló la medida porque los camaristas se pronunciaron sólo por dos casos de los siete denunciados.

 

Ahora, el nuevo tribunal deberá revisar el expediente, rever la primera decisión y emitir su opinión, lo cual se estima que sucederá después de la feria.

 

Los vocales de la Sala Segunda de la Cámara del Crimen de Paraná serán quienes se pronuncien, después de la feria judicial, sobre la nulidad del planteo de prescripción interpuesto por los abogados defensores del cura Justo José Ilarraz para poner fin a la investigación judicial de los presuntos abusos cometidos en el Seminario Menor de la capital entrerriana.

 

Se trata de los vocales Marcela Davite, Marcela Badano y Ricardo Bonazzola. La decisión de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal fue tomada el 6 de diciembre, pero llegó a manos de la parte querellante este miércoles.

 

 

Las últimas novedades sobre el cura se conocieron cuando decidió romper el silencio y afirmar públicamente su inocencia, en una nota concedida a Perfil.

 

La causa inició por la denuncia periodística que realizó la revista Análisis, en septiembre de 2012 por supuestos abusos de unos 50 aspirantes a sacerdotes cuando Ilarraz ocupó el cargo de prefecto de disciplina en el Seminario Menor de Paraná, entre los años 1984 y 1992.

 

En octubre de ese año, siete víctimas formalizaron la primera denuncia, después de décadas de silencio. La Justicia abrió un expediente, comenzó a investigar formalizándose una acusación contra al religioso del delito de “corrupción de menores agravada por su condición de educador”, pero a lo largo de la instrucción se plantearon numerosos recursos con el fin de frenarla.

 

Después de poco más de un año, aún se discute si los hipotéticos delitos cometidos por Ilarraz están prescriptos o no. Así volverá a suceder después de la feria judicial, en febrero de 2014, cuando el nuevo tribunal emita su opinión sobre la última determinación en la causa.

 

Por su parte, el procurador General de la provincia, Jorge García, hace unas semanas dijo que “la nueva sala va a rechazar la prescripción y, por fin, esta causa podrá seguir su curso y ser tratada por la denuncia en concreto”.

 

Además, agregó: “Nosotros tenemos pensado llamar a todos los seminaristas que estuvieron bajo la supervisión de Ilarraz durante esos años. Tenemos 50 víctimas anotadas y las vamos a llamar”.