Prepagas controladas: el Gobierno frenó aumento indebido de AMUR
La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial resolvió y comunicó a la empresa de Medicina Prepaga AMUR el cese inmediato de exigir o percibir un aumento retroactivo sobre los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014, por no estar previsto en la ley
El viernes pasado, representantes de la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) presentaron ante la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, una denuncia contra la empresa AMUR por considerar que el aumento que autorizó el gobierno para el sector no tenía efectos retroactivos como pretendía la denunciada y que esto era una “afectación de los derechos de incidencia colectiva de los usuarios y consumidores”.
La presentación tuvo que ver con el último aumento autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Nación a las prepagas del 8 por ciento y su forma de aplicación. La empresa, amparada en la autorización, tomó la intención de cobrar dicho aumento en forma retroactiva, por lo que la Adecen consideró que este tipo de medidas abusivas pone en peligro la permanencia en el sistema de salud de los usuarios y por lo tanto el acceso a las prestaciones de salud.
En su escrito de presentación, Adecen consideró que “es ilegal la aplicación retroactiva de la resolución Nº 1994/2013, para reajustar el valor de las cuotas mensuales que los usuarios ya abonaron el mes de diciembre de 2013 y enero de 2014”, según consta en el pedido de medida cautelar presentado.
En resolución al hecho, el director del organismo dictó una medida de cese atento a que “la aplicación retroactiva no está prevista en la ley, ya que los aumentos de costos fueron aprobados y regirán recién a partir de su notificación y hacia las cuotas futuras”. A ello agregó Albornoz que “de confirmarse esta violación al orden jurídico se crearía una situación de incertidumbre, afectándose la seguridad jurídica y principalmente derechos adquiridos incorporados al patrimonio de los usuarios, menoscabándose así la garantía constitucional de la propiedad (art. 17º C.N) y a la protección económica que se debe dar a los consumidores (art. 42 de la C.N.) lo cual es aplicable al presente”.
“Este aumento impacta de manera directa en la economía familiar, afectando la planificación presupuestaria de los usuarios de medicina prepaga que no estaban esperando este nuevo gasto y mucho menos en forma retroactiva”, afirmó. Dentro del pedido se especificó que antes de ser facturados los aumentos, sean informados a los usuarios mediante un aviso incorporado en la factura del mes precedente y/o carta informativa, con una antelación no inferior 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que la nueva cuota comenzará a regir.
“Todos los usuarios tenemos derecho a programar nuestro bolsillo”, expresó Albornoz, al tiempo que explicó que “se está produciendo un aumento sin los procedimientos que deben seguir. No notificaron como dice el decreto reglamentario, con 30 días por anticipado de manera fehaciente y aplicando los aumentos autorizados hacia futuro y no en forma retroactiva”.
Finalmente, sostuvo: “Además se han iniciado sumarios contra otras empresas del rubro por presuntas irregularidades en los cobros de las cuotas y se ponen a disposición los profesionales del organismo para revisar las facturación de estas empresas y el modo de aplicación del incremento autorizado”.