La tan anunciada liberalización de las obras sociales y prepagas, promovida con entusiasmo por el gobierno para fomentar la competencia abierta, ha generado preocupación entre sindicatos y sectores privados, quienes temen el colapso del sistema de salud, según había anticipado LPO.
Resulta que las prepagas han tenido acceso al borrador de la reglamentación del DNU y han advertido la creación de un impuesto del 20% sobre los complementos que los trabajadores abonan por planes superiores, lo que encarecerá aún más el servicio, informaron fuentes del ámbito de la medicina privada a LPO.
Además, según el texto que está circulando, se establece que este impuesto será retroactivo a diciembre, fecha en la que se emitió el decreto, lo que implica que los abonados tendrán que abonar mensualmente esta carga adicional, aumentando así la presión sobre las cuotas.
Según lo indicado por las fuentes consultadas, el 20% se calcularía sobre la diferencia abonada por los trabajadores que optan por la medicina prepaga y se destinaría al Fondo Solidario, calculado sobre el 3% descontado a los empleados y el 6% pagado por los empleadores. Del total, el 15% se destina al fondo y el resto a las obras sociales.
Debido a la incorporación de nuevas coberturas obligatorias y un mayor número de afiliados, como los monotributistas sociales, el Fondo Solidario ha estado al borde del colapso, y Milei busca fortalecerlo con este nuevo impuesto.
Según la reglamentación del DNU, el 20% se implementará a través de una resolución conjunta de AFIP y la Superintendencia de Salud, retroactivamente a diciembre, y las empresas de medicina prepagas deberán hacer los aportes correspondientes en los meses siguientes según su facturación, no sobre lo que cobren. Esto supone un problema considerable dado los altos niveles de morosidad registrados, señaló un profesional relacionado con las empresas de salud.
“Si a los aumentos de las obras sociales se le suma un nuevo impuesto, el servicio se volverá aún más costoso porque será la gente quien lo pague”, afirmaron a este medio, y agregaron que el borrador al que tuvieron acceso contempla la obligación para las prepagas de inscribirse en el registro nacional para recibir aportes, similar a las obras sociales.
Sin embargo, advierten que las prepagas son entidades comerciales sujetas a un régimen jurídico e impositivo diferente, y ahora el gobierno, en aras de la desregulación para competir con las obras sociales, las obliga a registrarse, lo que genera molestias. En caso contrario, mantendrán la colaboración con las obras sociales, algo que el gobierno busca eliminar.
Además, señalan un conflicto constitucional, ya que la facultad de crear impuestos corresponde al Congreso y no a través de DNU, y mucho menos de manera retroactiva, donde el marco legal es muy restrictivo en esas cláusulas, pronosticando posibles rechazos en los tribunales.
Por otro lado, desde las empresas de medicina prepagas advierten un problema político: “Hay incertidumbre y preocupación debido a la falta de claridad del gobierno, no hay interlocutores, nadie nos recibe, no podemos comunicarnos con nadie y todos nos sentimos desplazados”, se quejaron.
La carga impositiva fue objeto de reclamos desde la CGT cuando el gobierno anunció los cambios, solicitando que las prepagas estén sujetas a las mismas obligaciones que las obras sociales y estén sujetas a los mismos aportes solidarios y obligaciones.
“Para que un trabajador pueda afiliarse a la prepaga, esta debe inscribirse en la Superintendencia de Salud y aportar el 20% de la cuota percibida de cada trabajador al Fondo Solidario de Redistribución”, argumentó el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri, y Milei accedió.
