Por la entrega irregular de subsidios del Incaa, citan a ex funcionarios y artistas
El juez Claudio Bonadío citó este jueves a declaración indagatoria a ex funcionarios del gobierno kirchnerista, productores, legisladores y directores de cine por supuesta “malversación de caudales públicos” a raíz de irregularidades y falta de rendición de subsidios otorgados para la producción cinematográfica por parte del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Bonadío citó a declarar a 70 imputados, que comenzarán a ser indagados desde esta semana y hasta noviembre en la causa abierta en el 2007 por una carta anónima que llegó a la Cámara Federal porteña advirtiendo por las arbitrariedades en el otorgamiento de un subsidio denominado 3J, explicaron a Télam fuentes judiciales.
Entre los ex funcionarios citados está el ex ministro de Educación, Daniel Filmus, quien deberá responder por un convenio firmado desde esa cartera con el Incaa mientras que el ex vicegobernador bonaerese, Gabriel Mariotto deberá responder por la supuesta falta de controles cuando presidió la Afsca.
También serán indagados los ex funcionarios que presidieron el instituto del cine: Jorge Coscia, Jorge Álvarez y Liliana Mazure y su ex vicepresidenta María Lenz, por irregularidades en la rendición de los contratos que firmaron con organismos públicos, no gubernamentales y productoras privadas para otorgar subsidios, en una malversación calculada del orden de 50 millones de pesos en perjuicio del Estado Nacional.
Otro de los que deberá declarar es el senador y director cinematográfico Fernando “Pino” Solanas, quien este jueves presentará un escrito ante el juez Bonadio.
Solanas afirmó en un comunicado que “resulta lamentable toda esta operación que pretende ensuciarme ya que he sido auditado exhaustivamente y cuento con toda la documentación necesaria firmada por peritos del cuerpo de contadores de la Justicia Nacional sobre la percepción de subsidios para la producción de mis películas “Argentina Latente” y “La Próxima Estación”.
“Dichas pericias, que fueron elevadas al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº11 a cargo de Claudio Bonadio en marzo de 2010, acreditaron que los fondos suministrados por el INCAA fueron empleados exclusivamente para la producción de las películas mencionadas”, dijo Solanas.
Además, fueron citados el diputado del massita Frente Renovador, Julio Raffo y productores como Diego Guebel y Fernando Sokolowicz, que tramitaron y recibieron subsidios.
El grupo Aleph, por ejemplo, cuyo socio es Sokolowicz, recibió subsidios para 46 películas, entre ellas “Néstor Kirchner, la película”.
El sindicalista Andrés Rodríguez y rectores de Universidades públicas que fueron beneficiados con subsidios para proyectos fílmicos, entre ellos el de la Universidad Nacional de Tres de Febrero Aníbal Jozami y la de Lanús, Ana Jaramillo, deberán prestar declaración.
Los subsidios cuestionados se conocen como 3J, en base a un artículo de la Ley de Cine que habilitó al Incaa a otorgar fondos directos para la realización de películas, cortometrajes o documentales.
En la denuncia se aludía al período 2006-2007, con adjudicaciones superiores a los 19 millones de pesos, gran parte de los cuales no fueron rendidos.
Una pericia contable encargada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió sobre la falta de “transparencia” en las rendiciones por parte de los beneficiarios e irregularidades en control de 189 subsidios directos que financiaban entre el 40 y el 60 por ciento del costo de un rodaje.
La ex presidenta del INCAA y actual diputada nacional por el Frente para la Victoria (FPV) Liliana Mazure afirmó que el “formato de entrega de subsidios” durante su gestión “se realizó en forma absolutamente legal” y consideró que el llamado a prestar declaración indagatoria representa”solo golpes de efectos, golpes de prensa”, dijo a radio Delta.
Por su parte, el cineasta Julio Ludueña, encargado de prensa de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), entidad que apareció como responsable de la denuncia por la que el juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a ex funcionarios, especificó que la asociación no se presentó ante la Justicia.
“La DAC tuvo una actitud crítica al abuso del recurso conocido como ‘Terceros J’ que la ley otorga y para nosotros se estaba usando en una cantidad que afectaba la realización de otros proyectos, pero jamás llevamos el asunto a los estrados judiciales”, recordó Ludueña a Télam.
La declaración recordaba que “se permite al presidente del INCAA, realizar y convenir producciones con organismos del Estado, mixtos o privados, de películas cuyo contenido concurran al desarrollo de la comunidad nacional”, pero alertaba que “entre los años 2006 y 2007 fueron adjudicados mediante este régimen más de 19 millones de pesos, más de la mitad de los recursos destinados para créditos a la producción ‘normal’ durante esos dos años”.
El detalle de esos fondos mostraba que a una misma empresa, una misma persona física, totalmente desconocida para el medio cinematográfico (se trataba de SOS Discriminación Asociación Civil S.A, una organización no gubernamental presidida por el ex funcionario Víctor Ramos) encaró ocho proyectos que sumaron casi 4.400.000 de pesos.