Piden la detención de Pablo Moyano por asociación ilícita con la barra brava de Independiente

El vicepresidente de Independiente y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, podría ser detenido en las próximas horas cuando el juez de Avellaneda Luis Carzoglio resuelva el pedido que hizo el fiscal adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, vinculado a Elisa Carrió.

 

El fiscal pidió su detención este viernes al considerar a Moyano sospechoso de integrar una asociación ilícita junto a la primera línea de la barra del club de Avellaneda, que se dedicaba a defraudar a Independiente a través de la venta ilegal de entradas y el uso de socios truchos, operaciones por las que el club no percibía ingresos.

 

Scalera es un fiscal con vínculos con Elisa Carrió y el procurador bonaerense Julio Conte Grand. La decisión de habilitar un pedido de detención muy explosivo en términos políticos era leída en el oficialismo como una estrategia del gobierno para contener a Carrió dentro de la coalición Cambiemos. La diputada venía emplazando al presidente Macri a librar en serio la lucha contra la corrupción.

 

Es que Moyano aparecía en la lista negra de Carrió. En una entrevista con el diario uruguayo El País, la diputada aseguró que tanto Hugo como Pablo conforman “una familia de criminales. Y cuando digo criminales, digo criminales, no solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas”.

 

Como parte de la estrategia para calmar a la legisladora, la posible detención de Moyano le pega también a Daniel Angelici, otro integrante de la lista negra de Carrió y socio político de Moyano en la conducción de la AFA y los negocios del fútbol.

 

Pero además, el pedido de detención cursado por el fiscal ocurre un día antes de la participación de Carrió en el programa de Mirtha. El dato no es menor, toda vez que desde el gobierno dejaron trascender que la diputada terminaría -al menos por ahora- la pelea con Mauricio Macri en la cena televisiva de los sábados con la diva.

 

Otro hecho que tensó al máximo la relación del gobierno con Pablo Moyano ocurrió los primeros días de octubre cuando el dirigente sindical anunció que marcharían al Congreso en rechazo del ajuste el día que se trate el presupuesto. Ese anuncio preocupó al gobierno que teme que ese día ocurran incidentes como los sucedidos durante el tratamiento de la reforma previsional.

 

En el entorno del camionero estaban muy al tanto de esta posibilidad. De hecho, en noviembre de 2017 la decisión de pedir la detención de Moyano estuvo muy avanzada, sin embargo el fiscal Scalera retrocedió a último momento.

 

En noviembre del 2017 la decisión de detener a Pablo Moyano ya estaba tomada, sin embargo el fiscal Scalera retrocedió a último momento.

 

Semanas atrás, Moyano presentó una denuncia en la que pide investigar a Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Florencia Arietto y al fiscal Scalera, entre otros por delito de tráfico de influencias y de instigación al prevaricato. Sostiene que se trata de una maniobra para detenerlo y así condicionarlo políticamente.

 

En el texto de la denuncia, al cual accedieron colegas de La Política OnLine, Moyano sostiene que el “descubrimiento” judicial de los hechos de Independiente no fue otra cosa que un “burdo armado político” estimulado por Patricia Bullrich, Carrió, Arietto, Luis Majul, entre otros.

 

Moyano asegura que bastó un reto de Macri a los jueces federales y nacionales para que comenzaran a debatir una reforma de sus condiciones de trabajo. Además, el camionero recuerda allí una entrevista de LPO a Jorge Rizzo en la que el presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal asegura que “me llama la atención que lo que nunca hicieron durante tantos años lo hagan ahora por el Presidente pida que trabajen más”.

 

‘Bebote’ Álvarez declaró como arrepentido y vinculó a Moyano con los negocios de la barra de Independiente

 

También recuerda que el titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, Víctor Violini, habló de “presiones” del Ejecutivo y de los jueces que “se manejan en base a lo que el gobierno dice”.

 

Sobre la causa en si, Moyano asegura que la denuncia se radicó en Lomas de Zamora, cuando en realidad debió recaer en una fiscalía del Polo Judicial de Avellaneda. Además, agrega que rompiendo la lógica de cualquier preso, en lugar de intentar defenderse, Bebote Álvarez dedicó todas sus declaraciones a ensayar imputaciones contra el Hugo y Pablo Moyano, aún a sabiendas que en el régimen procesal penal bonaerense, la figura del arrepentido no le podía aportar beneficios.

 

También explica que cuando fue imputado junto a su hijo, todos los medios recibieron información desde la Fiscalía. Para Moyano, la “condena periodística empezaba a rendir frutos con la finalidad de procurar el desaliento de quienes deseaban marchar el 21 F para reclamar por los derechos de los trabajadores”.

 

A partir de los testimonios de varios detenidos, entre ellos Pablo “Bebote” Álvarez, detenido desde noviembre de 2017 y de escuchas telefónicas, Scalera avanzó en la acusación sobre Moyano respecto de su participación en la organización.

 

Para el fiscal, “Bebote” Alvarez, Pablo Moyano y parte de la barra se dedicaron entre 2014 y 2017 a defraudar al club de Avellaneda mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y “protocolos” de acceso a los partidos del equipo, “por fuera del ámbito societario” y “sin ingresar al patrimonio del Club los ingresos correspondientes” a esas entradas

 

“Conociendo el expediente y conociendo la honestidad de los estos funcionarios no dudo de que habrán de rechazar estos manejos”, aseguró Daniel Llermanos, abogado que representa a Moyano en declaraciones a C5N. Según el letrado el pedido fue motorizado por presiones del Gobierno provincial y apuntó directamente a Conte Grand.

 

“Acá no hay nada, hay una conversación telefónica donde un hincha de Independiente le dice a Pablo ‘¿Qué hacemos con los chicos?’, esa es la única prueba que acreditaría su relación con la barra”, sostuvo.