Parte del campo argentino alzó su voz: la respuesta Oficial fue a través de un informe específico sobre los beneficios otorgados a ruralistas
Una parte de la Mesa de Enlace volvió a manifestarse en contra del Gobierno y la oposición apoyó los reclamos de menos impuestos y más ayudas. Sin embargo, una revisión de la política agropecuaria revela un sector con muchos beneficios. Desde la segunda mitad del 2022 a la fecha, el Gobierno nacional adoptó al menos una decena de medidas que favorecieron al sector del agro, el que además es beneficiario de gran parte del financiamiento que otorga la banca pública y, si bien reclama una baja, paga hoy menos retenciones que en 2015.
Los datos surgen de un informe del Centro de Economía Política de la República Argentina, que indaga sobre las medidas que se adoptaron para el sector en estos últimos meses, a partir de las protestas y declaraciones de referentes de las entidades agropecuarias que calificaron como “insuficientes” la batería de anuncios oficiales para dar respuesta a la sequía.
Según detalló el centro de estudios, “las dos etapas del llamado dólar soja permitieron al sector obtener una rentabilidad aún mayor, considerando que fue el único que creció en pandemia cuando el resto sufría las consecuencias de la crisis, y que finalmente tuvo retenciones cero en la práctica con este dólar diferencial”.
Además enumeró un conjunto de políticas, muchas de las cuales fueron acordadas con la propia Mesa de Enlace, que incluyen beneficios fiscales y acceso a financiamiento a tasa subsidiada, y detalló un crecimiento de los créditos otorgados al sector por la banca pública y el sostenimiento de un régimen de derechos de exportación más bajo que hace ocho años atrás.
El listado de medidas
En septiembre de 2022 se implementó el Programa de Incremento Exportador más conocido como “dólar soja”, que conllevó el reconocimiento de un tipo de cambio diferencial para la exportación de soja y derivados. La medida buscó captar los dólares sin liquidar en el sector agropecuario, particularmente en soja. Al respecto, el informe del CEPA señala que “se alcanzaron ventas por USD 8.120 millones, lo que implicó una mejora en la rentabilidad del sector con una suba a $200 (desde $140) por dólar exportado, es decir, con una mejora del 45%”. El reconocimiento de este beneficio implicó una mayor emisión monetaria, de $460.000 millones, de acuerdo a lo informado.
Además se remarca que en diciembre pasado y ante la persistencia de las dificultades para la acumulación de divisas sumado a la retención de las ventas del sector, “se implementó una nueva etapa del dólar soja, esta vez a $230 por dólar exportado. La emisión para cumplir con este beneficio fue de $200.000 millones y se liquidaron USD 3.400 millones”.
A esta medida que “aumentó la rentabilidad del sector” se suman otras que buscaron atender directamente la problemática de la sequía. “Se lanzó el Programa de Fortalecimiento Productivo que contempla una inversión de $3.500 millones para productores de carne porcina, aviar y huevos, afectados por la suba de insumos” y “este mes se firmaron una serie de acuerdos con la Mesa de Enlace que implican beneficios fiscales como un sistema de asistencia directa para productores afectados de $5.000 millones, suspensión del pago para productores perjudicados por la sequía del Anticipo del Impuesto a las Ganancias, suspensión de juicios de ejecución fiscal y de embargos sobre cuentas a afectados por la sequía, eximición de ventas forzosas de hacienda del Impuesto a las Ganancias y financiación de los pasivos bajo las mismas condiciones en que los créditos fueron otorgados”.
Al listado que enumera el conjunto de medidas oficiales se suman “la asistencia a productores agropecuarios afectados por la sequía, a través de fondos rotatorios y créditos a tasas subsidiadas con dos líneas destinadas a aquellos productores comprendidos en la emergencia. El Gobierno nacional destinará $70.000 millones para ello”, así como “el Programa Crédito Argentino destinado a facilitar el financiamiento para la producción, con foco en micro, pequeñas, medianas empresas industriales y agroindustriales, por un monto de $500.000 millones y con tasas bonificadas hasta 30 puntos”.
El informe al que accedió este portal incluye también el reciente anuncio en torno al Programa integral para el impulso a la producción y consumo de carne. Del mismo se destaca que “los productores podrán acceder a subsidios por hasta el 40% para el alimento de los animales en feedlot. Cada productor podrá ingresar hasta 100 animales al Programa. Se espera que ingresen 180.000 animales por mes, con la incorporación de alrededor de 5 mil productores”.
Otro eje que plantea el CEPA tiene que ver con el financiamiento que desde la banca pública se otorga al sector. Al respecto se estima que “los préstamos otorgados por el Banco Nación al agro medidos sobre PIB en 2021-2022 prácticamente duplican a los de 2019 (pasan de 0.17 a 0.3 sobre PIB)”. De esa manera “el Banco Nación financió al agro por más de $840 mil millones en 2020-2022. El promedio de esta financiación alcanza el 0,3% del PIB”.
En la misma línea se agrega que “el acompañamiento de la banca pública al sector agropecuario creció más en la gestión actual que en la gestión de Cambiemos ya que para 2019 el porcentaje de préstamos al sector se ubicaba en 13,5% y para diciembre del 2022 llegó a 23,9% del total de la cartera, el mayor número de los últimos cinco años”.
Crecimiento en pandemia y menos retenciones
Uno de los reclamos del sector movilizado tiene que ver con la reducción y hasta eliminación del pago de los derechos de exportación, conocidos como retenciones. Algo que, por su parte, se sostiene de forma recurrente más allá del contexto de dificultades por la sequía.
Sobre ello el informe advierte que “en pandemia cuando vastas actividades fueron afectadas por la crisis generada, el agro sostuvo sus niveles de producción” y sin embargo “hoy menos retenciones que en 2015”. Los porcentajes comparados son: para soja, en 2015: 35% / 2022: 33%; para maíz, en 2015: 20% / 2022: 12%, para trigo, en 2015: 23% / 2022: 12%, y para girasol, en 2015: 32% / 2022: 7%.
“El agro crece y, a diferencia del resto de los sectores que tienen fuertes caídas en pandemia, sostiene sus niveles su producción, pero pese a ello se insiste con desfinanciar al Estado. Si bien resulta necesario adoptar medidas para paliar las consecuencias negativas vinculadas a factores climáticos que afectan al sector, como quedó demostrado en la gestión de Cambiemos, las menores alícuotas de retenciones no se traducen en mayor producción o empleo”, concluye el informe.