La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay, -similar al ARCA, exAFIP-, concluyó el expediente administrativo y determinó que tanto el ex senador Edgardo Kueider, como su secretaria, Iara Guinsel Costa, cometieron contrabando por lo que girará el dinero al Tesoro de ese país y rematará la camioneta secuestrada durante el procedimiento.
El 4 de diciembre pasado, Kueider e Iara Guinsel Costa fueron detenidos en la cabecera del Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con la brasileña Foz de Iguazú, transportando USD 211.102, $646.000 pesos y 3.900.000 en una camioneta Chevrolet Trailblazer. Los agentes aduaneros también encontraron tres “maletas vacías” en la cajuela del rodado.
En Paraguay, la causa penal se sustancia en paralelo al trámite administrativo que el organismo recaudatorio finalizó hace unos días. La primera “condena” contra Kueider agravaría su situación en el expediente judicial, ya que el contrabando tiene penas de cárcel en ese país.
Oscar Orué, titular de la DNIT, destacó que la finalización del tramite “confirmó la infracción aduanera de contrabando por lo que se ordenó el decomiso del dinero y que sea rematada la camioneta, por la que se podrían obtener entre 20 y 25 mil dólares. Pasan a las cuentas del Estado paraguayo”.
Al ser consultado sobre qué destino se le dará al dinero recaudado, el funcionario sostuvo que “ingresan al Presupuesto general de la Nación y será Economía la encargada de definir su destino”.
La DNIT no hizo lugar a los planteos de la defensa de Kueider ni de su secretaria, que habían argumentado que el dinero era propiedad de una sociedad que tenían en tierras guaraníes. “Ninguno tenía arraigo en Paraguay ni era representante legal de esa empresa. Tampoco tenían residencia fiscal material ni documentos que los acreditaran como representantes de la misma o un contrato de trabajo”, indicó Orué.
Mientras tanto, el ex senador entrerriano, depuesto pocos días después que se conociera el escándalo, continúa con arresto domiciliario junto a su amiga. Desde hace meses abandonaron el departamento de Villa Morra, en un barrio exclusivo de Asunción, por las quejas de los vecinos y desde entonces cumplen con la manda judicial en un hotel.
La defensa sigue siendo tutelada por el prestigioso penalista Ricardo Preda, que ahora buscará impugnar en la Justicia Ordinaria la resolución del organismo tributario. La causa que investiga el hecho es sustanciada por el juez de Garantías, Humberto Otazú, que hace unos días concedió hasta el 5 de junio una prórroga para que el fiscal Ysrael Villalba termine los autos de su investigación por contrabando en grado de tentativa.
Para Orué el expediente que tramitó en su dependencia podría “agravar la causa judicial porque en sede administrativa ya se determinó la infracción aduanera que, a los efectos código penal, también es un delito”.
La defensa encabezada por Preda intentó recurrir los argumentos del organismo tributario al considerar que el dinero incautado no era producto de contrabando ya que no se trataría de un “bien”. Con todo, no fueron tenidos en cuenta por los técnicos de esa dependencia. Ahora los abogados intentarán anular la resolución para que no tenga implicancias en el ámbito judicial.
