¿Otro conflicto?: Milei sigue aplicando rigor sobre los gobernadores
El 4 de abril está prevista la próxima reunión entre funcionarios nacionales y gobernadores, con un nuevo punto de conflicto: la eliminación por decreto de necesidad y urgencia (DNU) de los giros de fondos que la Anses realizaba a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Estas transferencias no se realizan desde que asumió el presidente Javier Milei, a pesar de los reclamos que se venían haciendo. Como resultado, se esperan nuevas acciones legales, con algunos distritos que ya han llevado sus quejas a la Corte Suprema de Justicia.
Las asignaciones para estas cajas no transferidas están contempladas en el presupuesto nacional, y las provincias beneficiarias abarcan distintas tendencias políticas: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
Hasta diciembre pasado, estas provincias recibían las asignaciones sin actualizaciones, lo cual constituía un incumplimiento de la ley. Sin embargo, desde enero, la Casa Rosada ha dejado de enviarles fondos, ni siquiera a los niveles históricos, generando una deuda acumulada respaldada por la ley. Los gobernadores afectados están dispuestos a recurrir a la justicia para abordar esta cuestión.
Las asignaciones para estas cajas no transferidas estaban contempladas en el presupuesto nacional desde el gobierno de Mauricio Macri, como parte de un acuerdo entre la Nación y las provincias. A partir de 2023, se acordó que se actualizarían según la movilidad jubilatoria, algo que nunca se cumplió. Sin embargo, con la publicación del DNU en el Boletín Oficial, varios artículos de la Ley de Presupuesto (27.701) de 2023 fueron eliminados, y este esquema también fue cancelado.
Desde la asunción de Milei, estas transferencias fueron interrumpidas. No solo dejaron de actualizarse, sino que directamente se suspendieron. Esto ha tenido un fuerte impacto en las finanzas provinciales, ya que lo que el gobierno nacional no aporta debe ser cubierto por los tesoros provinciales.
El pago de la deuda acumulada debido a la falta de actualización fue un tema que los gobernadores plantearon al comienzo de la gestión, como una forma de aliviar las tensiones, pero no fue aceptado.
Durante la breve gestión de Osvaldo Giordano en la Anses, se propuso utilizar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para pagar esa deuda, que ascendía a unos US$5.600 millones. Sin embargo, esta propuesta no fue aceptada.
En la gestión de Macri, se acordó que las provincias que no transfirieron los regímenes previsionales a la Nación recibirían los mismos recursos que si estuvieran bajo el control central. Esto eliminó la necesidad de “armonización”, que había sido un punto de conflicto durante la gestión de Cristina Kirchner.
En cualquier sistema previsional, independientemente de su jurisdicción, el crecimiento del déficit requiere un aumento en el número de empleados públicos, lo cual es contradictorio. Si los gobiernos provinciales son más eficientes, aumenta la brecha entre los contribuyentes y los beneficiarios. Sin reformas previsionales, el gasto en jubilaciones seguirá aumentando.
Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la relación entre contribuyentes y beneficiarios es de 3 a 1 en la Patagonia, de 4 a 1 en Misiones y menos de dos por cada prestación en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Formosa.