Orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin por cometer crímenes de guerra debido a su participación en los secuestros de niños de Ucrania.
El Tribunal dijo en un comunicado que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.
También emitió una orden el viernes para el arresto de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, por acusaciones similares.
La CPI dijo que su sala de instrucción encontró que había “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de niños ucranianos”.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, declaró este mes tras una visita en ucrania que los presuntos secuestros de niños eran objeto de “una investigación prioritaria”.
El tribunal, creado en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo, investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la ofensiva rusa.
Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero Kiev aceptó la competencia del tribunal sobre su territorio y trabaja con el fiscal.
Los expertos admitieron que era poco probable que Moscú entregue a los sospechosos al tribunal. Rusia rechaza las acusaciones de crímenes de guerra.
El jueves, una investigación respaldada por la ONU citó los ataques rusos contra civiles en Ucrania, incluida la tortura y el asesinato sistemáticos en las regiones ocupadas, entre los posibles problemas que equivalen a crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad.
La amplia investigación también encontró delitos cometidos contra ucranianos en territorio ruso, incluidos niños ucranianos deportados a quienes se les impidió reunirse con sus familias, un sistema de “filtración” destinado a señalar a Reino Unido.
Rusia no es miembro del tribunal porque no ha ratificado el Estatuto de Roma. Lo firmó en el 2000, pero retiró la firma en 2016 tras anexionarse Crimea.
Ucrania tampoco ha ratificado el tratado, pero ha reconocido la jurisdicción de esta Corte para investigar los crímenes de guerra en el país. Esto permite a la CPI procesar a ciudadanos rusos, incluido su presidente, por delitos cometidos en Ucrania.
“Putin tampoco es inmune ante la CPI porque ésta no reconoce la inmunidad de los jefes de Estado (único tribunal que no lo hace). La elección de los casos es también muy interesante: entre los muchos crímenes de guerra que se están cometiendo, el fiscal (Karim Khan) prioriza el secuestro de niños a gran escala”, agrega la experta consultada por la agencia de noticias EFE.
La segunda orden de arresto ha sido contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
Los crímenes se cometieron presuntamente desde el 24 de febrero de 2022, fecha del comienzo de la invasión rusa de Ucrania.
De Hoon cree que este caso es “relativamente fácil” porque Putin y Lvova-Belova están “hablando públicamente de los éxitos de su campaña para ‘rescatar’ a niños ucranianos y ponerlos en adopción en familias rusas”, lo que legalmente es deportación forzada y se traduce en un crimen de guerra.
“No es que no nieguen lo que están haciendo, es que argumentan que está justificado, algo con lo que dudo que los jueces de la CPI estén de acuerdo”, señala la letrada.
El principal desafío que tiene la CPI en este caso es la detención de los sospechosos porque este tribunal no puede celebrar juicios en rebeldía. El caso estará paralizado hasta que los arrestados estén en la prisión de La Haya y puedan asistir a las sesiones, escuchar las acusaciones y defenderse.
De momento, con esta orden ya emitida, Putin y Lvova-Belova se arriesgan a ser detenidos si viajan a uno de los 123 países miembros de la CPI porque los Estados firmantes de su tratado están obligados a cooperar con el arresto de los sospechosos.
Se espera que pronto la CPI emita una segunda tanda de órdenes de detención contra sospechosos de ataques a infraestructuras civiles alejadas de objetivos militares en Ucrania.