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Motosierra furiosa: El Gobierno echó a más de 100 trabajadores de peajes por hacer paro

Corredores Viales S.A. emitió telegramas de despido a 117 personas de las 2.500 que persistieron con las medidas de fuerza llevadas adelante por el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) ligado a Facundo Moyano, a las que consideró “ilegales e ilegítimas”.

Las protestas se concretaron la semana pasada durante cuatro días y afectaron las operaciones de la empresa “causándole al Estado Nacional una pérdida de más de 2.500 millones de pesos”, indicaron fuentes oficiales.

Según el Gobierno, todo comenzó con un reclamo gremial en apoyo a 500 empleados de la empresa Caminos del Río Uruguay, cuya concesión finalizó en 2014. Desde el oficialismo señalaron que el sindicato pretendía que el Estado absorbiera o indemnizara a trabajadores que, en realidad, dependen de una empresa privada.

A su vez, explicaron que la protesta fue realizada sin cumplir los pasos legales previstos por la Ley 14.786, como la notificación a la autoridad de aplicación. Tras la denuncia presentada ante la Secretaría de Trabajo, SUTPA habría modificado el motivo del paro, según fuentes oficiales, para sostener la medida de fuerza por tiempo indeterminado.

Desde Corredores Viales remarcaron que ya se había advertido a los trabajadores sobre las consecuencias: “Si continúan con estas medidas extorsivas y desproporcionadas, se aplicarán sanciones disciplinarias que pueden incluir descuentos, pérdida del presentismo y despidos”, advirtieron.

En ese sentido, la administración de Milei fue categórica: “El Estado Nacional no va a tolerar extorsiones de ningún tipo por parte de la casta sindical”. Aseguran que las acciones de SUTPA incluyeron tanto el levantamiento de barreras de peaje como la obstrucción del tránsito, generando largas filas de vehículos y complicaciones para miles de usuarios. Además del perjuicio logístico, remarcaron el daño económico: al levantar las barreras, no solo se frena el cobro manual, sino también el sistema Telepase, lo que según estimaciones oficiales significó una pérdida diaria de más de $700 millones.

Por otro lado, y ante la posibilidad de que se repitan bloqueos o interrupciones en rutas nacionales, el Gobierno confirmó que trabajará con fuerzas de seguridad en la implementación de un nuevo protocolo. El objetivo: evitar cortes, preservar el orden y garantizar la libre circulación. La protesta del sindicato afectó de manera directa a carriles de la Autopista Riccheri, en dirección a la provincia de Buenos Aires. El tránsito colapsó en zonas claves como Tapiales, en horarios donde la circulación de camiones vinculados al Mercado Central es habitual.

SUTPA tomó esta decisión en medio de la preocupación por posibles despidos en los 10 tramos viales que formaban parte de la concesión vencida de Caminos del Río Uruguay, una situación que involucra a más de 500 trabajadores y que aún no tiene resolución definitiva.

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