Milei aplica la motosierra en el Poder Judicial: el año que viene se destinará a la Justicia un 30% menos del dinero que pidió
En medio de la discusión por los dos candidatos que impulsa Javier Milei para conformar la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno validó para la Justicia un presupuesto muy por debajo de lo solicitado. El proyecto remitido al Congreso de la Nación contempla una partida para la Justicia de 1.760 billones de pesos contra los 2.594 billones requeridos por la Corte y el Consejo de la Magistratura.
El desagregado es de 1.538 billones de pesos para el Consejo de la Magistratura y de 222 mil millones para la Corte. Así, el máximo tribunal recibirá un 41% menos de fondos de lo requerido, que eran más de 374.618 millones de pesos para el 2025.
Una situación simular ocurrió con el Consejo de la Magistratura, que solicitó 2.219.567.186.189 de pesos pero el gobierno le aprobó 1.538 billones de pesos.
La Casa Rosada aún aguarda por el debate en el Senado para poder conseguir los dos tercios de los votos, la mayoría especial que se requiere para que los dos candidatos de Milei lleguen al máximo tribunal. Se trata del juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla. La situación tiene otro dato por delante: el 29 de diciembre el magistrado Juan Carlos Maqueda cumplirá los 75 años y dejará de integrar la Corte.
Con ese telón de fondo otra discusión se libró entre la cabeza del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo: el pedido de los fondos requeridos para el funcionamiento del máximo tribunal.
El presupuesto 2025 firmado por el presidente Horacio Rosatti y remitido a la Casa Rosada asciende a 374.618.102.145 pesos. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que lo aprobado fue una partida de 222.025 millones de pesos. Esto es, un 41% menos de lo solicitado.
Al analizar la implicancias de la recepción del 41% menos de lo pedido, fuentes judiciales señalaron a colegas de Clarín que en primer lugar en el que impacta es en la modernización del Poder Judicial.
Esta semana el Ministerio de Justicia implementó el sistema acusatorio en la Patagonia. La puesta en marcha de este sistema, que le da preponderancia las investigaciones al Ministerio Público Fiscal, demanda una importante inversión.
Gran parte de ese financiamiento proviene del Consejo de la Magistratura, y del Poder Ejecutivo, aunque también se tomaron préstamos.
Pero otra porción de los fondos requeridos para que se avance hacia una implementación integral del sistema acusatorio, es aportada por el Poder Judicial.
“Cuando se habla de una mejor administración de justicia, de mayor celeridad, lo que hay que pensar que la mayor partida presupuestaria se destina exclusivamente al pago de salarios, lo que no deja margen a inversión, adquisición de recursos ni capacitación sobre los mismos”, explicaron fuentes judiciales.
El presupuesto 2025 que la Corte había remitido al Gobierno contemplaba, por ejemplo, 4.797.615.398 de pesos para el alquiler de edificios y 73.338.261 para el alquiler de bienes muebles. También, se habían pautado 1.028.187.795 pesos para pasajes y viáticos.
Hay otro ítem en el proyecto original al que la Casa Rosada le redujo un 41%, que detallaba 1.284.233.221 pesos para “papel, útiles de oficina, pisos vinílicos, cortinas y otros”. Para “insumos de computación/impresión”, se habían pedido 5.295.040.024 pesos.
Pese al presupuesto ajustado que el Poder Ejecutivo Nacional aprobó, fuentes judiciales indicaron a este medio que “no peligra el funcionamiento de la Justicia”.
El Consejo de la Magistratura
Los números del Consejo de la Magistratura, que liquida los salarios del Poder Judicial y del personal administrativo de dicho organismo responsable de la designación de jueces como también de su investigación cuando son denunciados, también fueron desoídos.
El proyecto de Presupuesto para el 2025 exponía una demanda de 2.219.567.186.189 de pesos. Ese número no fue avalado por el Poder Ejecutivo.
El proyecto que el Gobierno presentó en el Congreso contempla 1.538 billones de pesos para el Consejo de la Magistratura.