Medicamentos de alto costo: todavía hay pacientes que esperan una respuesta
Hace tres meses, el Ministerio de Capital Humano hizo una denuncia penal contra los funcionarios que desde 2016 manejaron la Dadse (Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales), el área que entrega fármacos a personas enfermas sin obra social o prepaga. Pero la inspección en busca de nichos de corrupción en las compras de medicamentos impulsada por la cartera que conduce Sandra Pettovello frenó el funcionamiento del área, al punto de que muchos pacientes se quedaran sin los remedios que precisaban y debieron impulsar acciones judiciales.
El inmenso capítulo de las faltas con los pacientes puede resumirse así: a fines de marzo, el Gobierno prometió regularizar en 30 días el canal administrativo de las solicitudes-entregas de medicamentos. Pasaron dos meses y, aunque la parte administrativa parece andar, hay pacientes que siguen reclamando.
En cuanto a los medicamentos de alto costo, entre un sector de los pacientes circula que sin amparo, los trámites de medicamentos no salen. El Gobierno –en concreto el Ministerio de Salud, que ahora alberga la Dadse– niega esa situación. Aseguran que no se cortaron las entregas, que el circuito fluye, y transmitieron una promesa ambiciosa: tener todos los expedientes ingresados en 2023 y 2024 resueltos en las próximas dos semanas.
La historia de todo esto se remonta a febrero, mes en que empezaron a explotar las protestas de pacientes por demoras en la entrega de medicación, mientras el ministerio de Capital Humano llevaba a cabo una investigación que con cierto orgullo “inspector” derivó en una denuncia penal contra las autoridades que desde el Gobierno de Mauricio Macri manejaron la Dadse. Retenga esto para después.
Como la Dadse venía de pertenecer a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, había quedado absorbida por el actual Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, el 20 de febrero, la ministra Sandra Pettovello sacó una resolución por la que le trasladó el lío de los pacientes sin medicación a Mario Russo, ministro de Salud. La Dadse pasaba de un ministerio a otro.
Según información oficial, hasta el cambio de cartera ya se habían registrado 468 pedidos de amparos. Hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, enfermas, que en muchos casos precisaban con urgencia medicamentos de alto costo, también llamados “catastróficos”, por su capacidad de arruinar la economía de una familia entera.
Acudían al Estado nacional por cumplir con dos requisitos: 1) no tener obra social ni prepaga y, 2) vivir en una provincia que les negaba, en forma gratuita, la medicación o tratamiento requeridos por el médico tratante. En tanto el Estado es garante en materia de salud, debía resolver esos casos. El lugar para hacerlo es la Dadse.
Qué viene diciendo el Ministerio de Salud sobre la Dadse
De marzo a esta parte, el Ministerio de Salud fue compartiendo su preocupación por regularizar este tema y sus avances. En algunos casos, se trataba de pacientes con complicaciones que decían padecer demoras desde antes de la asunción presidencial de Javier Milei. Otros atribuían su problema al congelamiento en la actividad de la Dadse luego del cambio de mando.
Este martes (28 de mayo), tras el pedido de este medio de actualizar el estado de la cuestión, desde el entorno de Russo explicaron que, “en lo que respecta a todo lo que venía en trámite, se normalizó. Y la labor de la Dadse continúa”.
Aseguraron haber heredado más de 1.800 expedientes demorados y precisaron que, “a la fecha se han resuelto el 80% de todos los casos, incluyendo el 100% de los expedientes oncológicos que venían pendientes de la gestión anterior”.
Información que también es del 28 de mayo (obtenida gracias a un pedido de acceso a la información pública del diputado Juan Marino) consignaba, esta semana, 97 amparos judiciales en curso. Según la respuesta que dio la Dadse a ese legislador, “algunos ya han sido cumplimentados y otros poseen orden de provisión y se encuentran próximos a ser entregados al paciente”.
Igual que otros abogados, Paolo Petrecca es uno de los que, ad honorem, vienen defendiendo a personas que no reciben su medicación desde la Dadse. No se dedicaba a esto, pero empezó a hacerlo, en vistas de la necesidad.
Petrecca contó que, sin contar un amparo colectivo que interpuso y que representa a todos los pacientes en esta situación, desde febrero a esta parte lleva presentados 12 pedidos de amparo, de los que siete se resolvieron (quiere decir que la Justicia obligó a la Dadse a dar la medicación y la entrega se cumplió) y cinco están sin resolver.
Los últimos son pacientes con enfermedades graves. Cuatro son oncológicos. Si bien uno de los cinco arrancó su trámite en la Dadse hace muy poco (en marzo), los otros cuatro venían atendiéndose desde 2023 o antes y, desde comienzos de este año, esperan sus remedios.
El retraso, en esos últimos casos, se hace más difícil de entender, como si el Estado no supiera que el paciente (y su necesidad) existen. Sin embargo, como se comentó arriba, el Ministerio promete cumplimentar con todo para mediados de junio.
La denuncia penal de Sandra Pettovello por la Dadse
Más allá de que los más críticos del Gobierno libertario afirmen que se aprovechó el recurso de la búsqueda de nichos de corrupción estatal para “pisar” el presupuesto de ciertas áreas y lograr el prometido superávit fiscal, lo cierto es que la demanda de Capital Humano, en efecto, detuvo la maquinaria de la Dadse, al menos por unos meses. Vale la pena, entonces, ver qué pasó con esa denuncia penal.
Tras la noticia publicada hace unos días por Página 12 de que la causa había sido archivada por el juez Julián Ercolini, Clarín se comunicó con el área de Legales de Capital Humano.
A diferencia de otros diálogos mantenidos en marzo, la consulta no fue bien recibida. Desde la subsecretaría Legal se redireccionó a esta cronista al Juzgado y se comunicó que “se informan cosas que no están validadas en la Justicia”. Además, que los medios “están mal informados” y, explícitamente, que lo informado sobre el archivo de la causa era parte de una operación mediática.
Sugirieron que la nota solo tomaba en cuenta el dictamen del primer fiscal que llevó adelante la investigación (Ramiro González), pero no contemplaba la segunda etapa, a cargo del fiscal Carlos Rívolo. Y afirmaron que hacía un par de semanas, incluso se habían tomado testimoniales, como quien intenta decir que la causa avanza.
Según pudo averiguar Clarín, hubo una testimonial en las fechas señaladas por el área de Legales. La fiscalía la habría considerado irrelevante.
Cuando se solicitaron más precisiones para rectificar la información que pudiera haber sido erróneamente comunicada por colegas, la respuesta fue una captura de pantalla de un posteo en la red X, donde esta cronista advertía, el 1 de marzo, lo mismo que dicen estas líneas: que por revisar el funcionamiento turbio de la Dadse, la actual administración desatendió a los pacientes. Acompañaba esa imagen un audio –que podría ser interpretado como una antipática ironía– con frases como, “usted escribió”, “usted está informada”.
Qué dijo la Justicia sobre la denuncia penal de Pettovello
Según se pudo confirmar, no uno sino los dos fiscales solicitaron el archivo de la causa. En el segundo (fechado a mediados de marzo), Rívolo informa muy brevemente que la nueva documentación administrativa presentada por el Ministerio de Pettovello no aportaba “nuevas aristas” que permitieran “rebatir los fundamentos” por los cuales el fiscal Ramiro González había solicitado “la desestimación de la denuncia”.
El de González es un texto más largo, de cinco páginas, que detalla las declaraciones y observaciones sobre las auditorías desoídas y el desmanejo en la compra de medicamentos que el área de Legales transmitió al fiscal. Sin embargo, también dedica varios pasajes a marcar los huecos en la documentación presentada.
En síntesis, observa que falta prueba para justificar la colocación de la denuncia en el fuero penal.
Todavía en marzo, el juez subrogante del Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 Julián Ercolini, le hizo lugar a los pedidos de los fiscales. El dictamen tiene ocho páginas.
El magistrado desestimó la causa invocando el artículo 180 del Código Procesal Penal. Consideró que las denuncias son “cuestiones que, al menos en un principio, deberían ser discutidas dentro de la esfera de la propia administración pública y que, por ende, hasta tanto se lleven adelante las investigaciones administrativas y se expidan las correspondientes instancias, la justicia penal no tendría injerencia para evaluar si se ha cometido, o no, alguna conducta delictiva”.