Los gremios no acataron “la fantochada” de Patricia Bullrich y se niegan a pagar el operativo de seguridad de la marcha a Tribunales
El Gobierno había intimado el 11 de enero pasado a gremios y organizaciones sociales, entre ellos Camioneros, CTA y UTEP, a que paguen más de 40 millones de pesos para costear los gastos generados por la protesta que realizaron frente a los Tribunales porteños el pasado 27 de diciembre. «No es legal, no hay marco jurídico, y no se ajusta a derecho», planteó Juan Carlos Schmid.
Con una carta documento enviada por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, el gobierno le reclamaba el «pago solidario» de $40.419.227,56 por los gastos en seguridad generados en la protesta a diferentes organizaciones que manifestaron a Tribunales.
Desde la CGT calificaron la comunicación como «una nueva provocación» del gobierno de Javier Milei y Pablo Moyano cruzó a la ministra: «Es otra fantochada de esta mujer».
«No es legal, no hay marco jurídico, y no se ajusta a derecho. El Ministerio de Seguridad sigue con esta política de intimidar a la sociedad y de criminalizar la protesta social sin ningún fundamento jurídico. Solo buscan titulares en los medios, desconociendo la legalidad de las sanciones económicas que buscan infantilmente imponer», sostuvo Juan Carlos Schmid.
En ese sentido, el también Secretario General del Sindicato de Dragado y Balizamiento, afirmó que, esta medida, «lejos de contribuir a la necesaria construcción de diálogo que amerita la actual coyuntura, violenta derechos elementales de raigambre constitucional como lo es el derecho de huelga».
La carta documento establecía un «plazo perentorio de DIEZ (10) días hábiles de recepcionada la presente» para realizar el pago. Era «en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público» y puntualizaba que es «bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes».
Si bien la ex candidata presidencial intimó a Camioneros y los movimientos sociales reunidos en la UTEP a pagar esos 40 millones de pesos, hasta el momento no logró cobrar dicha acreencia.
«No pagamos porque la OIT y la ONU se expidieron y el protocolo contradice el derecho», alegó un referente piquetero a Clarín y confirmó que no pagarán.
Entre las organizaciones que debían pagar ese monto global se encontraban el sindicato de Camioneros, la UTEP, el MST, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, CTA, CTA Autónoma, la Agrupación Izquierda Socialista, la Unión Obrera Metalúrgica, la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) y Conadu Histórica.
«La Confederación General del Trabajo manifiesta su profunda preocupación, en lo que entendemos es una nueva provocación del Poder Ejecutivo», sostuvo el Consejo Directivo Nacional de la CGT.
«Este es un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país», continuó la central obrera.
«Esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento, no condicionará al movimiento obrero organizado», expresó la CGT.
Fuente: Gentileza Infogremiales.-