Maran Suites & Towers

Las cooperativas emplean a 400.000 trabajadores con diversidad en producción y servicios

Maran Suites & Towers

El cooperativismo en la Argentina emplea a unas 400.000 personas, y se destaca en la región tanto por la amplia diversidad en ramas de producción y servicios, como por su presencia en nueve de cada diez ciudades, pueblos o parajes rurales del país.

En la Argentina, las cooperativas y mutuales registraron en diciembre de 2022 un aumento de participación alcanzando 26.928 entidades asociativas, que operan en un modelo económico, social y productivo integrado por más de 28 millones de socios, y que genera en el país alrededor de 400.000 puestos de empleo.

“El cooperativismo es un generador de trabajo decente, tanto para personas en situación de riesgo social como para jóvenes profesionales, hay unos 400.000 trabajadores, estimamos que representan el 10% del PBI, aunque nos gustaría que haya estimaciones más precisas por eso estamos en este momento dialogando con el Indec”, dijo a Télam el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), Ariel Guarco.

También la economista y cooperativista del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Valeria Mutuberría Lazarini, señaló a Télam que “actualmente no hay estadísticas claras respecto al impacto económico y empleo por tratarse de un sector mayormente informal”.

Según datos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Socialla (Inaes) en el año 2019 el sector registraba a nivel país 11.657 asociaciones -8.618 cooperativas y 3039 mutuales-, con 250.000 empleos directos.
En los últimos tres años, esta cifra trepó a 19.076 cooperativas y 3.926 mutuales.

Este tipo de asociaciones está integrado por miembros que se organizan para ofrecer bienes y servicios económicos, sociales y culturales como subsidios, préstamos, seguros, telecomunicaciones, construcción de viviendas, asistencia de salud, entre otras.

En el caso de las cooperativas se basan en el aporte periódico -acordado por estatuto-, mientras que las mutuales recurren a una cuota social solidaria.

El cooperativismo no sólo atiende demandas comunitarias sino que además tiene un papel central en el desarrollo económico y productivo, impulsando las economías locales y dándole lugar a este sector que tiene poco espacio en la economía tradicional.

Respecto al trabajo registrado, las cooperativas cuentan con 76.346 trabajadores/as en relación de dependencia, de los cuales el 75% está en la región Centro, 9% en Patagonia, 7% en el NEA, 5% en Cuyo y 4% en el NOA, según el Inaes.
Por su parte, las mutuales registran 34.565 empleados formales, de los cuales el 55% está concentrado en dos jurisdicciones (Santa Fe y CABA).

Por este motivo, otro de los desafíos para el sector en 2023 es modificar y fortalecer el sistema cooperativo de trabajo para que haya reconocimiento de la figura de trabajador asociado, que construya derechos colectivos y un sistema de protección social para cooperativas de trabajo.

Desde el Inaes, el jefe de Gabinete Jonathan Thea, señaló que, “si pensamos en la producción agropecuaria casi el 30% de la producción de los cereales está en manos de cooperativas, representando un 10% del empleo en el sector. En estos sectores prima la informalidad por lo que, esta forma de organización permite que la agricultura familiar pueda formalizarse”.

La diversidad de rubros en el cooperativismo

Asimismo, tanto el Inaes como la ACI destacan la fuerte presencia de las aseguradoras y entidades agrícolas en el mercado productivo, como el banco Credicoop, Agricultores Federados Argentinos (AFA), el Grupo Sancor Seguros y la Cooperativa Obrera, que figuran entre las 300 más grandes del mundo.

“Hoy contamos con 150 años de trayectoria reconocida a nivel mundial por el fuerte posicionamiento en diversos sectores de la economía como la producción agroalimentaria, los servicios públicos, el retail, el trabajo y la salud”, precisó Guarco.

Resaltó que Argentina no solo se destaca regionalmente por la mayor diversidad de rubros en ramas de la producción y los servicios, sino también por tener una “capilaridad territorial”, en la que nueve de cada diez ciudades, pueblos o pasajes rurales tiene cooperativas.

“El cooperativismo argentino participa en el diseño y ejecución de políticas públicas con una silla en el directorio del Inaes, lo cual representa un modelo de cogestión que no existe en otros lugares del mundo, también contamos con una central de compras vinculada a una de las mayores cooperativas de consumo de todo el continente, y un nivel de integración con estructuras de segundo y tercer grado que representan al sector a nivel nacional”, explica el presidente de ACI.

Thea, por su parte, explicó que estas asociaciones son las entidades más importantes en lugares alejados de centros urbanos, “donde ni el Estado ni el modelo lucrativo pudieron o quisieron desarrollar servicios”.

“Las de servicio público están presentes en más de 1.000 ciudades del interior del país brindando agua potable, gas, energía eléctrica y otros tantos servicios en más de 1.000 municipios. Además, hay 1.500 cooperativas que le dan energía a más de 8 millones de personas, siendo responsables de más del 70% de la electrificación rural”, indicó.

Las empresas recuperadas por sus trabajadores son una “marca distintiva de la Argentina”, aseguró el titular de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Ariel Guarco, en referencia a las 400 compañías operativas en el país, que funcionan gestionadas por cooperativas de trabajo.

“El cooperativismo es un generador de trabajo decente y una alternativa de eficacia para reconvertir empresas de capital que entran en crisis, este proceso de reconversión es una marca distintiva de nuestro país”, señaló Guarco en diálogo con Télam.

Este formato autogestivo surge por la propia iniciativa de los empleados, para conservar sus puestos de trabajo en una empresa que entró en quiebra, se vacío y/o se abandonó, entre otras causas.

Este modelo de “rescate” comenzó a fines de los años 90 y tuvo su auge entre 2001-2003, en un contexto de inflación, devaluación y desempleo, y a lo largo de estos treinta años se expandió, se visibilizó y logró que se aprueben marcos normativos que refuercen este sector y sus condiciones laborales.

Al principio se trató de empresas metalúrgicas pero con el tiempo también surgieron empresas de alimentos, gastronomía, construcción y textil, entre otros rubros.

Este aumento y la necesidad de los trabajadores de rescatar sus puestos de trabajo, exigieron que el Estado reconozca y a la vez actúe sobre estas situaciones.

En 1996 se creó el Instituto nacional de Asociativismo y Economía social (Inaes) para promover el surgimiento de nuevas cooperativas y mutuales, impulsando la reconversión empresarial y el desarrollo de las economías regionales.

Una de las acciones a destacar de este organismo fue la creación -en diciembre de 2019- de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, encabezada por Eduardo “Vasco” Murúa.

El objetivo es darle visibilidad, sistematización y legalidad a un sector de la economía popular que contaba con gran legitimidad social, pero con escasas políticas públicas.

Otra de las medidas más recientes es el lanzamiento del Renacer a fines de mayo de 2022, que permite registrar las cooperativas de trabajo y sus condiciones, siendo una herramienta que permite el desarrollo de políticas del sector.

Por último, a mediados de agosto de ese mismo año, el Inaes creó la Unidad de Empresas Recuperadas con el fin de elaborar proyectos tendientes al dictado de legislación y normativa como también políticas públicas focalizadas.

Por ello, para este año, Guarco afirmó que el objetivo es poder avanzar en agendas conjuntas con otros actores sociales para que las fuerzas políticas tomen esto como “desafíos en los que estamos trabajando desde hace varios meses, y esperamos concretar en lo que queda de este año”, concluyó.

El financiamiento bancario al crédito productivo sigue siendo un obstáculo para las cooperativas del país que sólo cuentan con el apoyo económico de las mismas asociaciones, según referentes del sector.

“En la Argentina el financiamiento por los bancos es casi nulo, son las cooperativas y mutuales financieras las que brindan créditos a los productores” tanto para la actividad como para “aspectos personales”; señaló el jefe de Gabinete del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Jonathan Thea.

Agregó que debido a la falta de alternativas financieras, desde el Inaes ofrecen líneas de financiamientos específicas para la economía popular por “tratarse de un sector tan diverso en sus rubros”, para lo cual es necesaria la “articulación con otros organismos del Estado”.

Esto permite que, “los organismos estatales visualicen y entiendan el formato de estas asociaciones para que las cooperativas y mutuales sean consideradas en sus distintas líneas de fortalecimientos”, enfatizó en diálogo con Télam.

Un ejemplo de ello, es la línea de trabajo con la secretaria de Industria y Desarrollo Productivo que incorpora maquinaria y tecnología en empresas recuperadas, que suelen ser las “más golpeadas” .

“Estas empresas tienen un gran vaciamiento no solo de empleo sino también de recursos obsoletos, este tipo de financiamiento especifico les permite volver a producir con estándares de calidad, insertándose en las cadenas de valor de su actividad”, explicó

Señaló que desde el Inaes trabajan constantemente con la Cancillería y con la agencia de inversión y comercio internacional para potenciar la exportación de las empresas recuperadas y de las cooperativas.

Por su parte, Ariel Guarco, presidente de ICA y Cooperar, explicó que si bien el sistema cooperativo tiene capacidad propia para financiarse y para financiar a distintos actores de la sociedad, “hace más de 40 años nos rige una ley de entidades financieras que nos obliga a mantenernos en mínimas expresiones”.

Esta normativa impide el desarrollo de instrumentos financieros como las cajas crédito cooperativo, que impulsan el desarrollo y financiamiento productivo de este sector.

“En la Argentina contamos con un banco cooperativo que está asentado sobre nuestros valores y principios, pero no deja de estar condicionado por la ley de entidades financieras”, agregó en referencia al Banco Credicoop.

Por lo cual, desde el movimiento cooperativo demandan la necesidad de no solo un marco normativo que incorpore a este rubro al sistema financiero tradicional sino además, una regulación que promueva el acceso universal de las asociaciones y el ahorro nacional, con una orientación hacia el desarrollo sostenible.

 

Fuente: Agustina Pasaragua – TELAM SE 2022

Banner Dengue Gobierno de Entre Ríos

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *