Lácteos Vidal se negó a reincorporar a los trabajadores despedidos y la Justicia le embargó sus cuentas
El juez laboral José Ignacio Ramonet embargó cuentas bancarias de Lácteos Vidal para abonar una compensación a los trabajadores despedidos en forma ilegal por ejercer su derecho a huelga. La empresa, asesorada por el Movimiento Empresarial Antibloqueos que auspicia Juntos por el Cambio, sigue negándose a acatar el fallo que la obliga a ajustarse a la legislación laboral vigente y amenaza con cerrar la fábrica.
A fines de febrero, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el fallo dictado por el juez en primera instancia que ordenaba reincorporar a los 29 trabajadores despedidos por Lácteos Vidal. Los dueños son miembros de la acaudalada familia de empresarios Bada Vázquez que, asesorados por abogados del Movimiento Empresarial Antibloqueos, se negaron a cumplir el fallo. La justicia había establecido el pago de astreintes, una sanción que sirve para hacer cumplir las decisiones judiciales y ahora embargó sus cuentas.
El secretario Gremial de ATILRA, Heber Ríos, aseguró a Todo Provincial: “El fallo ya era definitivo pero la empresa hizo una serie de presentaciones para dilatar la situación. El juez les advirtió que pagara los astreintes y sino procedería a embargarles la cuentas para avanzar con el pago a los 29 trabajadores”. Y finalmente está sucediendo lo que se les advirtió.
El dirigente sindical de ATILRA aseguró que este fallo judicial es “histórico” porque si bien los astreintes están contemplados en la ley “hasta ahora nunca se habían utilizado en un conflicto laboral”.
Los 29 despedidos subsistieron gracias a un fondo de huelga en el que otros trabajadores del sector les aportaban solidariamente. Ahora, a partir de un primer embargo cercano a los 5 millones de pesos, comenzarán a cobrar 300 mil pesos por mes, indexado por inflación, hasta que los reincorporen.
“No estamos conformes porque la empresa debería cumplir con el fallo judicial pero para los trabajadores es un poco de oxígeno”, expresó Héber Ríos y destacó: “Es un fallo absolutamente justo porque las pruebas son muy contundentes. La razón la tienen los trabajadores que hicieron todo como correspondía y la empresa los debe reincorporar”.
Y adelantó: “Nosotros le planteamos al juez que esto no puede ser para siempre y planteamos una posición diciendo que si en 3 meses continúa el incumplimiento se les embarguen todas las cuentas. Eso sería un punto de inflexión“.
Días atrás, la Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó la inscripción del Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB), impulsado por Patricia Bullrich y Florencia Arietto, como una asociación civil empresarial porque entre sus objetivos figuran medidas contra “bloqueos sindicales extorsivos”.
La IGJ consideró que sus propósitos “no se ajustan a los estándares de bien común o interés general que requieren las asociaciones civiles” y “se contraponen con el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores”.