La Corte Suprema también avaló en 2013 el 2×1 para un represor
En 2013, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Máximo Tribunal de Justicia ya había permitido que otro acusado por delitos de lesa humanidad consiguiera abreviar su condena gracias a la polémica ley 24.390. En ese documento, fechado el 6 de agosto de aquel año, la Corte declaraba “inadmisible” el “recurso extraordinario” que había presentado un fiscal, entre otras cosas, para evitar la reducción de la pena del represor Antonio Herminio Simón. Un caso no idéntico pero sí similar en puntos clave al reciente de Luis Muiña.
Breve recuento: en el marco de la investigación de la causa conocida como “contraofensiva de Montoneros”, Simón fue detenido el 11 de julio de 2002. Había sido coronel y jefe de Destacamento de Inteligencia 123, en la zona de Paso de los Libres. Casi una década después, en mayo de 2012, el juez Ariel Lijo lo condenó a 19 años de prisión. Sin embargo, en ese mismo fallo, el magistrado aclaraba que esa pena vencía en realidad el 20 de agosto de 2013, es decir, 11 años y algunos días después de la detención.
¿Por qué la reducción? Porque lo beneficiaban con el el 2×1 y, descontando los dos años de prisión preventiva que se le computaban por completo, los otros “7 años, 10 meses y 20 días (que llevaba detenido), computados de conformidad con la ley 24.390 hacen un total de 15 años, 9 meses y 10 días”. Así lo especificaba el fallo.
Uno de los puntos en común entre el caso Muiña y el caso Simón es que ambos se beneficiaron con el 2×1, pese a que esa ley ya no regía cuando los detuvieron. La norma tuvo vigencia entre 1994 y 2001. En medio de este debate, algunos jueces, como los tres de la Corte que fallaron a favor de Muiña (Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz), consideran que el condenado puede beneficiarse igual con esa norma. Se basan en un artículo del Código Penal, el 2°, que aclara que “si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”.
En la causa Simón, como ahora con Muiña, hubo funcionarios judiciales que se oponían al beneficio por la derogación de la ley 24.390 y porque se aplicaba a alguien que había cometido un delito de lesa humanidad. El caso, apelado, fue primero a una Cámara Federal. Y como allí también se ratificó el 2×1 para el represor, el fiscal Félix Crous acudió a la Corte. Su reclamo lo elevó un colega de la Procuración General de la Nación, Eduardo Casal. Según consta en su presentación, firmó el pedido el 8 de julio de 2013. Antes de cumplirse el mes, el 6 de agosto, vino el rechazo del Máximo Tribunal.
El “recurso extraordinario” se declaró “inadmisible” y se remitió al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Qué dice? Entre otras cosas, que “la Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
Aquel fallo, que con el rechazo del recurso dejó firme la condena reducida para Simón, fue firmado por cinco jueces que integraban la Corte. El actual presidente Ricardo Lorenzetti, más Juan Carlos Maqueda, Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Eugenio Zaffaroni. En el caso Muiña, la única mujer que queda en la Corte volvió a avalar el beneficio. Lorenzetti y Maqueda lo rechazaron. Petracchi (falleció) y Zaffaroni (renunció) ya no integran el tribunal. También cambió Cristina.