La Corte Suprema chavista convalidó la reelección de Nicolás Maduro tras las denuncias de fraude
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, acusado de servir al chavismo gobernante, certificó la reelección del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato de seis años, tras denuncias de fraude por parte de la oposición.
“Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide”, rezó la sentencia que leyó Caryslia Rodríguez, presidenta de la máxima corte.
La intervención del máximo Tribunal, que fue solicitada por Maduro, ha sido cuestionada por observadores locales y extranjeros que dudan de la independencia del organismo y aseguran que no tiene competencia electoral.
La oposición exige que el Consejo Nacional electoral presente las actas de los comicios, algo que todavía no ha hecho.
La Sala Electoral del Tribunal abrió un proceso a pedido de Maduro para realizar el peritaje de los resultados y la revisión de cualquier denuncia de irregularidades, incluyendo la de un supuesto “ataque cibernético” que habrían sufrido los sistemas automatizados del Consejo Nacional Electoral (CNE) el día de la votación. En ese sentido, la magistrada señaló que “se evidenció un ataque cibernético”.
Rodríguez previamente afirmó que la sentencia que se emitiese tendrá carácter de cosa juzgada y será inapelable y de “obligatorio acatamiento”.
Maduro fue declarado vencedor por el CNE, donde el oficialismo es mayoría desde hace más de dos décadas, aunque el organismo no ha publicado hasta el momento las actas con los resultados a pesar de las crecientes exigencias de la oposición y la comunidad internacional para que sean divulgadas detalladamente.
Tras 25 días de las presidenciales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado de forma desagregada los resultados de los comicios, como exige la normativa, ni tampoco las actas de escrutinio, como han pedido varios Gobiernos extranjeros y organismos internacionales, así como grupos de veeduría que participaron en las elecciones, para esclarecer el resultado.