Juicio abreviado a Allende: cuarto intermedio
El Tribunal de Juicio integrado por Carolina Castagno, José María Chémez y Alejandro Cánepa dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta la semana próxima en el juicio abreviado contra el ex diputado provincial José Allende.
En el procedimiento se agruparon tres expedientes en su contra: enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública; amenazas y violencia de género.
El Tribunal escuchó a las partes y a las víctimas, pero luego de plantear una serie de dudas que fueron respondidas a medias por Fiscalía, decidió postergar el pedido de consentimiento a Allende sobre el juicio abreviado, marco en el que deberá reconocer su culpabilidad y avalar el decomiso de bienes y la multa.
En la audiencia, que se llevó a cabo en el salón de juramentos del Superior Tribunal de Juicio, estuvo presente la ministra de Salud, Sonia Velázquez, en su carácter de víctima de violencia de género, la última de las acusaciones que se agrupó en el juicio a Allende.
En representación de Martín Carboni, el periodista agredido por el ex diputado provincial, estuvo su abogado Rubén Pagliotto mientras que, a último momento, también se hizo presente el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
Ni Velázquez ni Carboni se presentaron como querellantes en sus respectivos casos, recordó Chemez antes de darles la palabra para que se expresen como víctimas.
“No es un acto de justicia”, dijo la Ministra, hablando como “víctima y mujer”. Los hechos de violencia “comenzaron un año antes” de que tomara la decisión de presentarse a la Justicia, confesó.
Fiscalía presentó el caso en tres etapas.
En lo que refiere a la acusación de Velázquez por los hechos de violencia en su contra ocurridos en su despacho en abril de 2018 y en un acto público en octubre de ese mismo año, expuso el titular de la fiscalía de género, Leandro Dato, quien mencionó que anticipó a Velázquez la determinación de que el caso se resuelva por juicio abreviado. Velázquez, más tarde, reconoció haber dado su consentimiento. Al enterarse de que se había llegado al acuerdo entre Fiscalía y el acusado, decidió tomar contacto con la abogada María Fernanda Vasquez Pinasco para que el caso no sea invisibilizado.
El Tribunal no permitió que Vásquez Pinasco exponga, debido a que el derecho de ser escuchada es de la víctima, explicó Chemez y no de su representante. Para ello, tendría que haberse constituido en su momento como querellante, reiteró
Álvaro Piérola tuvo a su cargo detallar los hechos por los que se acusaba al legislador por amenazas contra Carboni, ocurridas a través de una emisora radial. En representación del periodista, que no asistió debido al fallecimiento de su suegro, habló Pagliotto, quien destacó que la comunicación que tuvo el procurador Jorge García con su defendido fue para informarle que se había arribado al acuerdo, no para consultarlo sobre su parecer. El letrado dijo que también lo hablaron en el mismo sentido “una Ministra y un reconocido periodista” quienes le expusieron las “bondades” de que a Allende “se le cuelgue el cartel de condenado”.
El problema que planteó Pagliotto en representación de Carboni, fue que su causa se englobó con otras, no el mecanismo en sí del juicio abreviado. “No así, no así”, resumió. También trajo a consideración que, en su momento, el caso había sido elevado a juicio con un pedido de pena de dos años y seis meses, apenas dos meses menos de lo que se pide ahora por todos los delitos en conjunto. También cuestionó que recién dos días atrás pudo acceder a los términos del acuerdo de Fiscalía con Allende y porque Vázquez Pinasco se lo facilitó.
“Esto es un remate de saldos y retazos”, graficó.
El cierre corrió por cuenta de la fiscal de Laura Cattáneo, quien precisó todos los detalles de la causa por enriquecimiento ilícito de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, pidiendo la pena acordada en el entendimiento con la defensa: 2 años y 8 meses de prisión condicional (por lo que Allende no será encarcelado); 3 millones de pesos de multa; inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de dos propiedades (una en Laprida 152 y otra en Castelli 10, ambas ubicadas en Paraná) valuadas en conjunto en un millón de dólares.
A su turno, el defensor del ex diputado, Leopoldo Lambruschini, remarcó que los delitos que se le imputaron a su pupilo implicaban un conflicto entre este y la ley penal y no se trató de un conflicto interpersonal, por lo que más allá de la opinión en contrario al juicio abreviado que presentaron Velázquez y Carboni contra el acuerdo, esto no debía ser óbice para que el Tribunal lo avale.
También negó que la pena unificada invisibilicen tanto la violencia de género como las amenazas, planteadas por las representaciones legales de ambos denunciantes, y planteó además la extemporalidad de su presentación.
Rodríguez Signes, por su parte, expresó que ha de ser el Estado provincial el que defina el destino de los bienes decomisados, que se pidió sean puestos a disposición de la lucha contra la violencia de género en el acuerdo de partes.
Inquietudes
El Tribunal, a través de su presidente, planteó dudas sobre los porqué se interrumpió la investigación contra Allende en 2016 y no se incorporaron datos posteriores. Cattaneo alegó que debía darse un corte para sustanciar la acusación. Chémez también cuestionó el porqué la Fiscalía se apartó de las pericias de su propio perito y llegó a un acuerdo por debajo del monto que se había caludado, apuntando en particular a préstamos a través de mutuos que habría hecho UPCN a Allende, que reducirían el monto final, sin documentación. La Fiscal consignó que en un anexo posterior el peritaje interviniente consideró otro informe donde ajusta el monto y que en los libros del gremio constaron esos mutuos.
Otro cuestionamiento fue por un departamento que no se tuvo en cuenta durante la investigación. En la instrucción judicial se constató que Allende tenía dos departamentos en el edificio de calle Cervantes 492: el 10 “A” y “B”. Pero de la documental surgió a su vez que su hijo Julio, cuyos bienes se toman como parte del patrimonio del ex diputado ya que no tenía recursos para adquirirlos, poseía otro en el sexto piso, que vendió un mes después del cierre de la investigación de Fiscalía en 60 mil dólares. Cattáneo no pudo explicar eso y sugirió que se llame al perito que evaluó el activo del ex legislador.
Además, hubo dudas sobre el porqué no se lo acusó al diputado de coacción contra la ministra Velázquez.
Por todo ello, el Tribunal decidió suspender el pedido de ratificación del acuerdo a Allende, que siguió las instancias del debate por videoconferencia, y establecer un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 22 de octubre.