Javier Milei le abre las puertas a la leche uruguaya

Mientras SanCor padece la confrontación con Atilra, el gobierno de Javier Milei decidió flexibilizar las importaciones de productos lácteos desde Uruguay.

Concretamente, a través de la Resolución A 7980, el Banco Central de Argentina anunció la exención del IVA para las compras de varios productos incluidos en la canasta básica de consumo, entre los que se encuentran los lácteos y sus derivados.

De esta manera, la principal empresa uruguaya en este rubro, Conaprole, podría capitalizar esta medida, ya que, según informó el diario ‘Ambito Financiero’, en 2023 se ubicó entre las 5 compañías más exportadoras del vecino país, al totalizar más de 600 millones de dólares en ventas al exterior.

“Durante el año pasado, exportó más de 170.000 toneladas de productos a más de 60 destinos y se consolidó como la principal empresa exportadora láctea de Latinoamérica y número uno en exportaciones de Uruguay”, informaba el mismo medio el mes pasado.

Agregó que la empresa exportó el 75% de la leche procesada y, a su vez, alcanzó el 6% del market share en el segmento leche en polvo a nivel mundial, llegando a destinos como Brasil, Argelia, China, Rusia y México.

Conaprole cuenta con 8 plantas procesadoras y líneas de productos que abarcan leches, yogures, mantecas, dulce de leche, jugos, postres, cremas, quesos, helados, congelados e ingredientes lácteos en polvo.

Así, seguramente, la compañía “celeste” podrá abastecer a un mercado que hoy ve en uno de sus principales jugadores la amenaza de un sindicato que busca “fundir la empresa”, según expresó la diputada santafesina y presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, Verónica Razzini, quien llegó a calificar a Atilra como una “mafia”.

“Querían conformar un fideicomiso para formar parte de la Comisión Directiva, pero se terminó descubriendo que ese fideicomiso no tenía mucha razón de ser y que iban a despedir a más de la mitad del personal”, señaló y agregó que Atilra “solo quería quedarse con un crédito nacional, que después naufragó y eso despertó los bloqueos para intentar comprar la fábrica por tres pesos”.

A la vez, Verónica Razzini y otros dos legisladores nacionales del PRO de Santa Fe, Alejandro Bongiovanni y Gabriel Chumpitaz, fueron denunciados, tras una visita a la sede central de SanCor por “amenazar y agredir a los trabajadores en conflicto calificándolos de “delincuentes” y afirmando que “no van a parar hasta verlos en la cárcel””.