Inseguridad en Paraná: una sociedad cada vez más fragmentada

La ciudadanía en Paraná, abrumada por el temor provocado por la inseguridad, se siente con fundadas razones desprotegida e inerme frente a una creciente embestida criminal. No hay duda de que el auge del delito y la consecuente aprehensión que siembra entre quienes son sus blancos preferidos responde a una diversidad de causas que ameritan un análisis profundo si se aspira a darle una solución definitiva y perdurable a esta delicada cuestión.

 

Pero no es menos cierto que el grueso de la sociedad interpreta e infiere que la efectiva presencia policial, provista de recursos eficaces y animada por la más firme determinación de enfrentar a la criminalidad, es una de las barreras más apropiadas para contener estos insidiosos desbordes y, asimismo, para prevenir sus reiteraciones y disuadir a quienes han hecho del delito una forma de vida.

 

Más allá del desempleo o la precariedad laboral, los precios y servicios que suben y los sueldos que se estancan, los paranaenses viven la inseguridad como el mayor de sus problemas.

Los crímenes ocurren y se convierten rápidamente en titulares de diarios, en palabras quebradas de las víctimas a través de micrófonos de radios junto a cámaras de TV.

 

Para entender qué nos pasa, sepamos de antemano que la inseguridad ha aumentado sensiblemente en el mundo. Cuando uno observa el acrecentamiento de la inseguridad como un fenómeno global, entiende por qué la Argentina, con todo lo que debió afrontar, no puede quedar al margen de ese resultado.

 

¿Por qué iba a escapar al fenómeno de la inseguridad con el deterioro social que sufrió en las últimas dos décadas del siglo XX?

¿Por qué podría ver mejorar sus índices de criminalidad si el desarrollo económico experimentado y el loable modelo de inclusión propuesto no repercutió todo lo necesario como para garantizar un mejor impulso de los sectores más postergados de la sociedad?

 

La marginalidad es el principal caldo de cultivo que encuentra la delincuencia. Allí, donde llega en cuentagotas la política pública, los controles sociales no funcionan y nadie hace propias las normas de conducta de la sociedad.

Las familias se quiebran, los mayores carecen de trabajo y los más niños -alejados de la escuela- son empujados hacia la mendacidad y suelen crecer con las “reglas de la calle”. De ahí al delito hay sólo un paso.

 

Aun así, no es ésa la única causa que explica el delito entre nosotros. Hay otras: un sistema policial que en muchos casos acaba asociado a quienes debe combatir, un procedimiento Penal que a partir de cierta flexibilidad facilita liberaciones anticipadas no siempre entendibles y un régimen penitenciario que día tras día demuestra su formidable incapacidad para recuperar a quienes han sido condenados.

 

Hay además una cuarta causa que parece ser exacto corolario de las ya citadas: la sensación de impunidad. Una policía que no persigue, una Justicia que no sanciona y una cárcel que ni castiga ni educa son una combinación perfecta para que nadie se sienta conminado a respetar la ley.

 

Para recuperar la seguridad ciudadana es importante atender todos esos aspectos. Es tan necesario integrar socialmente a los hoy marginados, como es imperioso depurar y prestigiar los cuadros policiales, hacer menos abuso de la discrecionalidad en el sistema procesal y volver más humano y compatible con la reinserción social este patético sistema penitenciario.

 

Básicamente, se trata de centrar la lucha contra la inseguridad atacándola en sus causas y no en sus consecuencias.

 

Erradicar el delito va a demandar tanto tiempo como el que demande alcanzar un desarrollo económico y social más equilibrado. Si todos entendieran lo complejo que eso resulta, a nadie debería tolerársele usar el tema para endulzar el oído de los abatidos en busca de un voto, ni para desgastar interesadamente la credibilidad de los gobiernos.

 

Y si los gobiernos entendieran cabalmente la magnitud de la cuestión, seguramente se encargarían de fortalecer las fuerzas de seguridad sin tolerar las peores prácticas que aún hoy persisten entre sus miembros.

 

Se ocuparían también de agilizar los procesos penales para que la Justicia se materialice eficazmente y garantizarían que las penas se cumplan en cárceles que por lo menos dejen de ser “productoras” de futuros reincidentes.

 

La argentina es una sociedad cada día menos civilizada. Hace diez años que el gobierno nacional permite el corte de las calles por parte de gente no tan anónima pese a sus caras tapadas y armadas con palos impide la circulación de autos y personas por la vía pública.

 

Al compás de esa anarquía, el delito crece en variedad y cantidad ante la mirada complaciente del Estado mientras la población, mansa, tampoco exige ADECUADAMENTE que sus impuestos sean destinados a cubrir con eficiencia las funciones específicas que la autoridad política debe garantizar: Seguridad, Educación, Salud y Justicia.

 

Los argentinos protestan por la ola delictiva que tiene amenazados a los “buenos”, protestan por la falta de independencia de la justicia y con la misma contundencia protestan cuando alguien decide defenderse y ejerce la justicia por mano propia.

 

Eso sí… Se le tira huevos a Domingo Cavallo, pero misteriosamente no se ajusticia a tantos funcionarios PROCESADOS que sin lugar a dudas, pese a los mil y un recursos legales para salvarlos de la cárcel y la vergüenza eterna, metieron la mano en la lata con una arbitrariedad execrable mediante un sinfín de operaciones clandestinas en pleno acto de sus funciones desde el mismo advenimiento democrático.

 

Parte de la sociedad repulsa, desaprueba angustiosamente el crecimiento de la criminalidad. Sin embargo, paradójicamente, no hay un clamor multitudinario PAREJO. ¿Por qué? Pues cada uno vive SU PROPIA REALIDAD SUBJETIVA y así como están los ciudadanos INDEPENDIENTES, perplejos, consternados, otros, ligados a un pasado político mandante, aprovechan la coyuntura y quizás aspiran a un regreso al poder estatal usufructuando la coyuntura.

 

En tanto, otra franja de la comunidad, no habla, permanece inmutable, como indiferente, apática al reclamo de los demás, cuidando que su presencia o su voz no les complique sus presentes laborales pues aumentó de modo inconmensurable la cantidad de empleados de ese Estado conminado, reprochado por no actuar con otra rigurosidad contra el crimen cada vez más organizado y en el que, asombrosamente, se aprecia la influencia nociva, tóxica, de FORASTEROS con o sin ciudadanía argentina que se asientan cuándo y dónde se les antoja a lo largo y ancho de la ciudad vaya uno a saber con “protección” de quién o sin VERIFICARSE de modo CONGRUENTE sus antecedentes, sus prontuarios, todo ante los ojos de un Estado que debería actuar con RIGUROSIDAD como se hace en los países SERIOS.

 

Ni hablar de los propios organismos ligados al poder político y a los Derechos Humanos. Para ellos, solo hay MEMORIA Y ENJUICIAMIENTO a los militares opresores, represores, dictadores, torturadores, CRIMINALES.

No hay MEMORIA Y DERECHOS PARA LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO NI HAY INTERVENCIÓN ALGUNA en cuanto a la imperiosa necesidad de hacer VALER HOY EN DÍA los DERECHOS HUMANOS cuando tantas vidas se pierden por la acción de tantos delincuentes sueltos y la omisión de un Estado que necesita por parte de sus ediles, de sus legisladores y de sus costosos asesores, se les caiga una mínima idea para promover un IMPERIOSO y URGENTE replanteo en lo inherente a cómo revertir tan dramática tendencia.

 

Y el último segmento… Quienes temen represalias de delincuentes, no se sienten protegidos por la Policía, ni menos amparados por la Justicia, y no denuncian. Un coctel explosivo que solo beneficia a los malhechores, a los bandidos que se sienten impunes por designio popular, sumado al consumo cada vez más pronunciado de toda clase de drogas, en un submundo donde justamente el narcotráfico provoca segundo a segundo una marcada adición de hechos delictuosos  producto de la Guerra de Bandas o apropiamiento de zonas/sectores.

 

La comunidad paranaense recurre cotidianamente a navegar a dos aguas e insiste con el limbo ideológico que no tolera ni la comisión de la contravención ni su represión, y va dejando hilachas de su marco jurídico y de su escala de valores, lo que complica el entendimiento social y hace imposible la convivencia pacífica ante los ojos de un Estado contradictorio que de modo insoslayable necesita URGENTE reaccionar en hechos, ahorrando palabras, y para eso, REPETIMOS, precisa que  quienes elaboran, debaten y dictan leyes en recintos legislativos se pongan manos a la obra en una asignatura recontra pendiente como lo es la lucha contra el delito.