Inseguridad en Paraná: Justicia obsoleta y políticas de Estado aplazadas
ESPECIAL (por Francisco Pancho Calderón).- Barrios como el Paraná XVI, Paraná XX, Lomas del Mirador, Jauretche, Hijos de Marían, Municipal, Arenales, Maccarone, Mosconi y distintas villas o asentamientos son por estos días focos de inquietantes conflictos sociales. Lo preocupante es el grado de violencia que presentan diferentes episodios. Desde esferas policiales se admite -off the récord- una honda preocupación por los graves hechos suscitados y una desprotección estatal angustiante.
En cada zona donde prima la marginalidad se conoce quienes son los malvivientes con antecedentes policiales y judiciales, sin embargo, más allá de los enfrentamientos entre bandos, determinadas connotaciones le otorgan ribetes contradictorios.
Por un lado, la resistencia a la presencia policial por parte de familiares y amigos involucrados en balaceras, por el otro, la amnesia del Poder Judicial es repugnante.
Se libera con una rapidez execrable a delincuentes sin dar la solución que la sociedad necesita. El Pueblo reclama a los jueces una Justicia más rápida, más ágil y más cerca de la gente.
Guste o no a la clase política y a los jueces la inseguridad está y lo grave es que el crimen se ha vuelto sanguinario pues se mata sin que a la Justicia se le mueva un pelo, como si no se tuviera idea del valor de la vida humana.
Esta situación de alguna manera se traslada a la interpretación y aplicación de la Ley Penal. Los delitos cometidos por personajes provenientes de los sectores más desfavorecidos de la sociedad tienden muchas veces a ser tratados de una forma más benigna, más comprensiva, tendencia o corriente que lleva, prácticamente, al abolicionismo del Derecho Penal, consolidándose la premisa de que la culpa por la comisión de los delitos recae sobre la sociedad toda, por no haber brindado otras oportunidades de desarrollo a los delincuentes, razón por la cual la aplicación de la pena estatal pierde gran parte de su legitimidad.
Este tratamiento diferenciado de los delincuentes provoca que rápidamente recuperen la libertad personas que por el momento pueden no estar preparadas para vivir de otra forma que no sea el delito.
El Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que se vayan solucionando los problemas sociales, educativos y económicos de los sectores menos favorecidos de la sociedad, y así rescatarlos de una eventual condición desigual.
Mientras tanto, y desde todos sus órganos, tiene la obligación de llevar adelante políticas de seguridad tendientes a que los ciudadanos, puedan recuperar la confianza en el futuro y puedan desarrollarse libremente en un ambiente de paz y libertad.
La Justicia Penal debe desempeñar en este esquema un papel preponderante, haciendo valer todos los derechos y garantías en juego, los de los delincuentes y los del resto de la población.
Teniendo en cuenta lo enunciado concebimos que resulta urgente una Reforma Integral del Sistema Penal, que partiendo de los principios contenidos en nuestra Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos -tratados, pactos, declaraciones y convenciones- nos permita contar con una administración de Justicia moderna que concilie el poder punitivo del Estado con el pleno respeto a las garantías individuales.
En resumen, se trata de modernizar nuestro sistema de administración de Justicia Penal para que la Justicia le vuelva a dar la cara al ciudadano, y se organice de la forma más adecuada para resolver sus conflictos de manera rápida, eficiente, transparente, imparcial, accesible y respetando los derechos fundamentales.
En la actualidad contamos con un sistema penal antiguo y obsoleto, que no resulta efectivo en términos de persecución penal, ni respetuoso de los derechos de imputados ni víctimas, y que tampoco garantiza el derecho fundamental a la seguridad humana de toda la sociedad.
Es imprescindible agilizar el juzgamiento de los delitos y una aplicación rigurosa de las penas de manera rápida y efectiva a quien cometió el delito, destacando así el rol disuasivo de la justicia a modo de prevención general.
Ahora, reiteramos… si no se erradican las causas más profundas que nos llevan a vivir en una sociedad insegura, estaremos tapando un agujero, pero seguirán abriéndose infinitos agujeros más. Vivir en una sociedad segura es una idea mucho más amplia que la de vivir en una sociedad blindada.
La inseguridad es un concepto integral, que también comprende –y de manera principal– mejorar las políticas de empleo, las políticas de salud, las políticas educativas, las políticas de seguridad, las políticas de contención familiar. Por ello, la inseguridad debe ser abordada de manera integral, responsable, y no reducirse a un mensaje demagógico o a discursos baratos de campaña.