Impacto ambiental: proyecto arrocero polémico
La construcción del emprendimiento arrocero del vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y del multimillonario húngaro George Soros vuelve a encender el ánimo de los asambleístas de Gualeguaychú, quienes decidieron, pedir explicaciones al respecto al gobernador de Corrientes, Arturo Colombi.
Según explicó el abogado de los asambleístas de Gualeguaychú, Luis Leissa, el proyecto arrocero que es impulsado en Corrientes en la cuenca del arroyo Ayuí “debe someterse al Estatuto del Río Uruguay” porque “puede dar pie a que el país oriental diga que hay acciones que impactan sobre el río”.
El abogado de los asambleístas de Gualeguaychú, Luis Leissa, afirmó ayer que el proyecto arrocero que es impulsado en Corrientes en la cuenca del arroyo Ayuí “debe someterse al Estatuto del Río Uruguay” porque “puede dar pie a que el país oriental diga que hay acciones que impactan sobre el río”.
Al respecto, indicó que: “Es tan grave lo de Botnia como lo del Ayuí”, y confío “en que se frene porque es una barbaridad alterar un curso natural por una arrocera”, agregó Leissa. El proyecto de la firma Aranda y Soros contempla “inundar ocho mil hectáreas que regarán otras 18 mil, prácticamente la mitad de la superficie de la ciudad de Buenos Aires” cuyo “único objetivo es permitir que pueda ampliar la extensión de sus arrozales”, se indicó al respecto.
La Delegación Argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (DACARU) expresó en 2008 que: “Siendo que el arroyo Ayuí desemboca en el río Miriñay, que constituye uno de los principales efluentes del río Uruguay, debe inferirse que el aporte de nutrientes llegará a este último. Si partimos de la base que el embalse de Salto Grande presenta un alto grado de eutrofización, ese aporte agravaría el estado”, consignó Tiempo Argentino y reprodujo Télam.
El arroyo Ayuí es una de los principales afluentes del río Uruguay a través del río Miriñay, en la provincia de Corrientes.
En tanto, el asambleísta de Gualeguaychú e integrante de la fundación de la ONG Fundavida, Gustavo Rivolier, advirtió las consecuencias negativas que acarreará a la región un emprendimiento proyectado en Corrientes.
Se trata de una represa que construirá la firma Copra SA, junto con Adecoagro, del multimillonario George Soros, que se empezará a concretar el mes que viene para incrementar la producción de arroz. La obra equivale a privatizar el Arroyo Ayuí para inundar 8.000 hectáreas, que regarán otras 18.000.
Rivollier subrayó que “hay que evitar cualquier nueva confrontación” por el río Uruguay, del que el arroyo sobre el que se construirá la obra es afluente. Faltan autorizaciones y estudios de impacto ambiental requeridos.
“En Fundavida hace mucho que estamos con el tema de la represa, sobre todo en lo que respecta al impacto ambiental, porque todo se hizo entre gallos y medianoche, sin los debidos estudios”, explicó.
Según reveló ayer el diario Tiempo Argentino mediante la publicación de documentos “confidenciales” a los que tuvo acceso, en pleno conflicto por las papeleras altos funcionarios de la Cancillería argentina, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y de la Delegación Argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (DACARU) pidieron informes al gobierno provincial respecto advirtiendo sobre sus consecuencias ambientales y diplomáticas.
Como la respuesta de la administración del entonces gobernador Arturo Colombi no fue satisfactoria, hubo un segundo pedido de informes que no fue respondido.
No obstante, mediante el decreto 1.439/09 el gobernador Arturo Colombi habilitó la obra un día antes de dejar el cargo, que ahora ocupa su primo Ricardo Colombi. En junio de este año, la legislatura provincial convirtió en ley este decreto. “Lo que está en juego es el impacto ambiental, porque los estudios no son claros. Pero, por otro lado, puede agravar la situación con Uruguay como todo movimiento que se haga” sin autorización del vecino país, dijo.
“Hay que evitar cualquier confrontación y mucho menos caer en la violación al Estatuto del Río Uruguay, que es lo que denunciamos en el caso de Botnia”, afirmó.