Según explicó Michel, “se establece una rebaja de impuestos para los patrimonios en el exterior que implica una pérdida de recaudación de cerca del 0,19% del PIB para beneficiar a cerca de 130 mil contribuyentes de alta capacidad económica”.

Esto contrasta con la decisión de “volver a aplicar ganancias a 1 millón de trabajadores (se recauda 0,45 del PIB) y, en paralelo, eliminar bienes personales para 130 mil contribuyentes de altos patrimonios fuera del país  (se deja de recaudar 0,19 del PIB) no parece ser una medida razonable”.

Blanqueo

Otro aspecto cuestionado es el proyecto de blanqueo de capitales, que Michel consideró “una herramienta necesaria que permitirá complementar la entrada de datos a nivel masivo de cuentas de argentinos en USA sin declarar por el acuerdo FATCA firmado en 2022″.

Sin embargo, planteó que “el proyecto de blanqueo debe ser revisado y contemplar algunos elementos para un mejor funcionamiento operativo”.

Michel dijo que el proyecto permite (artículo 131) que las personas humanas que hubieran sido residentes y que al 30/11/2023 hubiesen perdido la residencia puedan ingresar al régimen tal como si fueran sujetos residentes en Argentina con los mismos beneficios.

“Este beneficio es totalmente inconsistente y no tiene antecedentes en nuestra legislación ya que dar un ´beneficio fiscal´ tan amplio como es un blanqueo a un NO residente que decidió no pagar impuestos en nuestro país y permitirle volver a alocar su patrimonio en Argentina”, manifestó el ex titular de Aduana.

En cuanto al blanqueo de dinero en efectivo en el país y en el exterior solo se exige su depósito en cuenta bancaria. Para Michel, se deberían extremar los requisitos como ser un análisis de capacidad económica financiera del contribuyente o la intervención explícita de la UIF.

Y aconsejó que debería establecerse “una tasa o penalidad adicional (o directamente excluirlos) a aquellos involucrados en maniobras de sobre-sub facturación de operaciones de comercio exterior. De lo contrario, aquellos que le “robaron” sus dólares al estado por operaciones ficticias”.