Gils Carbó dijo que la detención de Milagro Sala es ilegal y pidió que sea liberada
La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que la prisión preventiva en que permanece la dirigente social jujeña Milagro Sala “es ilegal y debe ser dejada sin efecto”, y señaló, además, que la líder de la “Tupac Amaru” tenía inmunidad de arresto como legisladora electa del Parlasur y que no fue suspendida por las vías establecidas en la ley.
La presentación de Gils Carbó se produjo en el marco de sendos recursos extraordinarios interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia por la defensa de Sala contra sentencias dictadas por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy.
La Corte analiza la situación de detención de Sala ante un planteo de la defensa de la jefa de la Tupac Amaru, quien tiene dos condenas en su contra y rechaza los motivos de la justicia jujeña para mantenerla en la cárcel ante la posibilidad de que su liberación resulte intimidante para testigos. El dictamen de la Procuración no es vinculante, es decir que aunque Gils Carbó opina que Sala debe ser liberada, el máximo tribunal podría resolver lo contrario sin que ello implique nada en términos judiciales.
La Corte fue llamada a intervenir sobre dos cuestiones esenciales: si la condición de diputada electa del Parlasur -cargo por el cual no llegó a jurar en Montevideo- le otorga a Sala fueros que impiden su detención y si la forma y el contexto en que fue detenida fue o no arbitrario.
Milagro Sala, jefa de la agrupación filokirchnerista Tupac Amaru, está detenida desde enero de 2016 después de montar un campamento que impedía el ingreso a la Casa de Gobierno y el tránsito por la zona céntrica de Jujuy, tras lo cual la justicia dispuso su excarcelación por esa contravención pero mantuvo su arresto por otras causas más graves que estaban en curso.
En diciembre de 2016 fue condenada a tres años de prisión en suspenso como instigadora de daños agravados por un violento escrache que perpetraron sus seguidores contra el entonces senador Gerardo Morales y dirigentes radicales que cuestionaban la política económica del kirchnerismo.
También fue condenada a pagar una multa y realizar trabajos sociales sin habilitación para integrar organizaciones por tres años, a la vez que la justicia dispuso su procesamiento y prisión preventiva en las causas por aparente desvío de fondos nacionales que debían llegar a cooperativas para construir viviendas en la provincia y por la agresión contra dos dirigentes sociales cometida en 2006, entre otros.