Fallo judicial podría impedir que vuelen en low cost 1,5 millón de pasajeros
La guerra entre la Justicia y el Gobierno por el funcionamiento del aeropuerto de El Palomar pone en jaque a alrededor de 1.5 millones de pasajeros que podrían ver cancelados sus vuelos o deberían reprogramarlo desde ahora hasta marzo.
El fallo de la jueza federal Martina Forns estableció una restricción horaria en horario nocturno (entre las 22 y las 7 del día siguiente) para el funcionamiento de la estación aérea – que opera vuelos low cost -, basado en el “derecho a descansar” y la “protección del ambiente sano”.
La medida se tomó a partir de una presentación del abogado Lucas Marisi a título personal. Si bien el Gobierno apeló el fallo, a través de la ANAC, esa acción fue recusada por la Cámara de San Martín y el expediente volvió a la jueza Forns por lo que sigue vigente su fallo que se haría efectivo a partir del 26 de este mes.
En ese contexto, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, reconoció que de mantenerse esta medida “hay un serio riesgo” de que la base aérea El Palomar “no pueda seguir operando”.
Ante esta situación, las empresas que operan en ese aeropuerto están en estado de alerta. En Flybondi, estiman que de concretarse la restricción se verá seriamente afectada su actividad. “La lógica de una aerolínea de low cost es que sus aviones estén volando lo máximo posible para bajar los costos. Si hay una cantidad de horas que no podemos operar, el esquema pierde sentido. Además, es un caso de vulnerabilidad jurídica que atenta contra las empresas y las inversiones”, señaló Sebastián Pereira, CEO de Flybondi.
En tanto, Gonzalo Pérez Corral, gerente general de JetSmart – la otra aerolínea que opera en ese aeropuerto – advirtió que la medida altera las reglas de juego por las que la empresa decidió iniciar las operaciones en el país y que debería reprogramar el 100% de sus vuelos y cancelar 15% de sus frecuencias.
Flybondi estima que la medida afecta a un millón de pasajeros que son los que la compañía esperar transportar en los próximos meses. Unos 300.000 ya tiene pagados sus pasajes. A esto se suma otro medio millón que usa los servicios de JetSmart.
Por otro lado, están en riesgo unos mil puestos de trabajo directo en el aeropuerto de El Palomar, más todos los generados en los más de 15 destinos en el interior del país al que vuelan estas compañías.
Desde el Gobierno dejan entrever un manejo político de esta situación por la forma en que se fueron sucediendo las situaciones después de las PASO. El fallo de la jueza es de fines de agosto mientras que el abogado denunciante tendría relación con figuras políticas de importancia de la oposición.
Además de haber cumplido con todos los pedidos que hizo la Justicia , desde que se inició la causa en 2017, en el Gobierno destacan que ese aeropuerto operó siempre, con aviones como los Hércules, que generan ruidos más fuertes que los de línea, y que fue utilizado como alternativa a Aeroparque en 2010 sin ningún tipo de reclamo. Incluso, destacan que la demanda se inicia en el reclamo de una sola persona y no generalizado de los vecinos.
De efectivizarse lo solicitado por la jueza en su fallo, marcaría un antecedente que podría tener impacto en otros aeropuertos, como el Aeroparque porteño, ubicado en una zona urbana como la de El Palomar.