Espionaje ilegal: aceptan como querellante al padre de submarinista del ARA San Juan
Luis Alberto Tagliapietra, abogado y padre de un tripulante fallecido en el hundimiento del submarino ARA San Juan fue otra de las víctimas de la asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal que se investiga en Lomas de Zamora y fue aceptado como querellante para impulsar la causa.
Por otra parte, también fueron aceptados como querellantes José María Nuñez Carmona y los abogados que lo representan Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, en razón de que estos últimos también fueron espiados en su rol de letrados.
Tagliapietra fue víctima de las maniobras en razón de su actividad como abogado por las visitas profesionales que realizó en las Unidades de Ezeiza 1 y 31 del Servicio Penitenciario Federal durante el año 2019, según consignó en una presentación ante el juez Juan Pablo Augé.
En el escrito, el letrado relató que el viernes 23 de octubre por intermedio de un colega que ya se encuentra actuando en la causa, tomó conocimiento que se encuentra “en los registros de las investigaciones llevadas adelante, al menos en razón de mi actividad como abogado y en consecuencia de las visitas profesionales” a los penales.
“Esto implica que resulto ser víctima directa de las actividades espurias investigadas, que además las mismas, además de un avasallamiento en mi intimidad, implican la violación de la reserva entre abogado y cliente salvaguardada por nuestra Constitución Nacional y las leyes que la regulan”, advirtió Tagliapietra en su presentación.
En Mar del Plata tramita otra causa por espionaje ilegal realizado sobre familiares de los tripulantes del ARA San Juan, en la que se imputó a la cúpula de la AFI macrista dirigida en su momento por Gustavo Arribas, y al mismo expresidente Mauricio Macri.
También fueron aceptados como querellantes en las últimas horas, José María Nuñez Carmona, el amigo de Amado Boudou que estuvo detenido y los abogados que los representan Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, en razón de que ellos también fueron espiados en su condición de letrados.
El espionaje en las cárceles cobró impulso la semana pasada con el pedido de indagatoria de la ex cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con Emiliano Blanco a la cabeza.
Los fiscales describieron “un complejo entramado administrativo y operativo” que permitió escuchar ilegalmente las conversaciones de los privados de la libertad alojados en el Sistema IRIC.