Elecciones en Tucumán: José Cano pidió la detención de dos funcionarios de la Junta Electoral
El frente opositor Acuerdo para el Bicentenario comunicó que retirará a sus apoderados del escrutinio definitivo de unas elecciones provinciales envueltas en numerosos escándalos por irregularidades y denuncias de fraude. El anuncio fue oficializado en una conferencia de prensa que encabezó el candidato a gobernador José Cano, quien fundamentó la decisión en “la falta de garantías” sobre el proceso.
La medida alcanza a los apoderados Álvaro Contreras y Daniel Ponce ante la Junta Electoral Provincial, pero no así a las decenas de acoples que la integran, que mantendrán sus fiscales para supervisar el escrutinio ante la posibilidad de alcanzar bancas en juego en la Legislatura y los concejos deliberantes. De esa manera, el ApB podrá, eventualmente, desconocer el resultado general de los comicios para la categoría de gobernador y vice, pero cada sector interno estará en condiciones de validar la puja por cargos de menor importancia.
“La Junta Electoral Provincial (JEP) no garantiza en absoluto la transparencia del sistema electoral, porque es parte de este sistema corrupto”, sostuvo Cano, tras conocerse ayer que habían desaparecido las imágenes de las cámaras instaladas en el recinto donde se lleva a cabo el recuento de votos. “No vamos a seguir participando de un escrutinio definitivo en el que no se abren las urnas y se cometió un fraude electoral”, agregó el diputado radical en conferencia de prensa, secundado por su compañero de fórmula, el peronista disidente Domingo Amaya.
Cano sostuvo que el secretario electoral de la JEP, Darío Almaraz, “es un chanta”. “El responsable absoluto de todo lo ocurrido es la JEP y su titular, Antonio Gandur. Tuvo la oportunidad de pasar a la historia o de ser parte de este mecanismo y lamento que haya elegido lo primero”, subrayó.
Según el sitio La Gaceta, el abogado del frente Juan Robles presentó ante la Justicia Federal una denuncia contra la JEP y la Gendarmería por el escándalo de las filmaciones. También acusó a Francisco Jiménez, propietario de las cámaras de vigilancia que se contrataron para el control de las urnas. El escrito incluye un pedido de detención de Almaraz y Alfredo Iramain, otro funcionario de la JEP.
Según Robles, “el sistema de seguridad sólo pudo ser eliminado, alterado u obstaculizado con el concierto premeditado de voluntades destinado a hacer desaparecer evidencia cuyo último destino era precisamente defraudar la libre expresión ciudadana, alterar los contenidos de todas y cada una de las urnas para favorecer a las listas del oficialismo”.
Los cargos que se imputan son por atentado al orden constitucional y la vida democrática; destrucción y adulteración de las filmaciones de la JEP; y asociación ilícita y defraudación.
“El escrutinio definitivo está sometido a las decisiones de la Justicia, el proceso electoral está en manos del Poder Judicial” por lo que su fuerza va “a agotar todas las instancias para preservar nuestros derechos y el de los ciudadanos”, advirtió Cano.
Almaraz solicitó esta mañana que la Justicia Federal inicie una investigación para conocer qué ocurrió con el material fílmico dañado. “Queremos que nos expliquen las causas por esta deficiencia en el servicio de filmación que impiden hasta el momento poder observar los registros. No es que están perdidos totalmente, queremos hacer las pericias que corresponden para poder ‘salvar’ –por decirlo de alguna manera–, esos registros”, explicó, según publica La Gaceta.
En tanto, el gobernador saliente José Alperovich respaldó a la JEP y afirmó: “Es la Junta Electoral que pidió la oposición”.