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El PRO presentó un proyecto para que los jueces paguen ganancias

El diputado nacional del  oficialismo Pablo Tonelli presentó un proyecto de ley para que los jueces que sean designados después del 31 de diciembre próximo, paguen el impuesto a las ganancias. El proyecto, que fue presentado por Tonelli como presidente de  la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados  y acompañado por el jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot,  mantiene la exención del pago de ese impuesto para los magistrados nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2017.

 

La iniciativa propone que estén sujetos al pago de ese  impuesto los ingresos de los magistrados o funcionarios  judiciales o del Ministerio Público, tanto del  ámbito nacional como provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como   sus jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios.

 

El gravamen alcanzaría así, de acuerdo a la letra del proyecto, a los jueces de la Corte Suprema y a los miembros del Consejo de la Magistratura salvo en aquellos casos en que hayan asumido el cargo antes del 1 de enero de 2017.

 

De esta manera, aquellos magistrados que ya prestan funciones  “permanecerán con sus remuneraciones” sin modificaciones,  mientras  que aquellos que sean designados y tomen posesión de cargo con  posterioridad a este ejercicio fiscal, “lo harán con la  aplicación, desde el primer día en funciones, del impuesto a las  ganancias”.

 

Mediante un comunicado, los diputados oficialistas  argumentaron que el propósito del proyecto “es aportar una solución al debate público sobre el pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces que contemple la necesidad de  fomentar y respetar el principio constitucional de igualdad en  las cargas públicas”.

 

En los fundamentos de la iniciativa, Tonelli y Massot  recordaron que el artículo 110 de la Constitución Nacional  estableció que la remuneración de los jueces de la Corte Suprema  y de los tribunales inferiores de la Nación “no podrá  ser disminuida en manera alguna, mientras que permaneciesen en sus  funciones”, disminución que se generaría con la aplicación del  impuesto.

 

También recordaron que la cuestión fue analizada en 1996 cuando se modificó la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias a fin de derogar esas exenciones y que en ese contexto la Corte  firmó la acordada 20/96, que declaró la inaplicabilidad de los artículos que habían anulado ese beneficio.

 

Los diputados expresaron en el proyecto que “sin hacer un  análisis jurídico respecto del instrumento utilizado por la Corte  Suprema, ni un juicio de valor respecto de la oportunidad, mérito  o conveniencia de aquella decisión, es claro que luego de 20 años de esa decisión, la conveniencia de que los magistrados tributen  este impuesto ha adquirido mayor relevancia en el debate  público”.

 

El debate por el pago del impuesto a las ganancias de los  jueces generó tensiones entre la Corte y la Asociación de  Magistrados meses atrás: en junio pasado representantes de los  jueces, fiscales, defensores oficiales y trabajadores judiciales  coincidieron en rechazar la posibilidad de comenzar a tributar,  durante una reunión que encabezó el presidente de la Corte  Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien ya se manifestó a  favor de pagar.

 

Por legislación -reactualizada en 1996- por la Corte, los  funcionarios judiciales están exentos del pago de Ganancias y, en  ese contexto, los empleados judiciales quedaron asimilados y  equiparados con ese beneficio, bajo el argumento de la  “intangibilidad de los salarios” del Poder Judicial y la independencia de los magistrados.