EL MPD PARTICIPARÁ DE LA V JORNADA PROVINCIAL DE ACCESO A LA JUSTICIA DE ENTRE RÍOS
El próximo viernes 22 de septiembre, de 9 a 12 h, el Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) participará de la V Jornada Provincial de Acceso a la Justicia de Entre Ríos, que organiza el programa La Justicia va a los Barrios del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
Magistrados/as y funcionarios/as de las defensorías federales de la provincia estarán presentes en los puestos que se instalarán en el marco de esa jornada para brindar al público, de forma gratuita, asesoramiento jurídico y orientación para la realización de diversos trámites. Este operativo tendrá lugar en simultáneo en tres ciudades de la provincia.
En Paraná se realizará en el merendero “Los chicos del perejil”, ubicado en Av. Ejército y Pedro Balcar (al final). Allí se podrá consultar a la Dra. Noelia Quiroga, de la Defensoría Pública Oficial (DPO) ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia; y al Dr. Mauricio Gabriel Zambiazzo, de la DPO ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
Por otra parte, en Gualeguaychú la jornada tendrá sede en el Nodo de Salud del barrio “Curita Gaucho”, donde estará presente el Dr. Iván Javier Gueler de la DPO ante el Juzgado Federal de Primera Instancia.
Además, en Concepción del Uruguay el operativo tendrá lugar en el Centro Integrador Comunitario del barrio 30 de octubre y contará con el aporte de la Dra. Julieta Elizalde de la DPO ante el Juzgado Federal de Primera Instancia.
Las funciones de las defensorías federales
Las defensorías federales con asiento en las provincias llevan adelante la función principal del MPD que es ejercer la defensa y protección de derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Además de su competencia en cuestiones penales federales, las DPO brindan asistencia o defensa técnica en los diversos fueros e instancias, tanto en casos individuales como colectivos. Entre otras funciones, ofrecen medios alternativos a la resolución judicial de conflictos. Responden consultas y brindan asistencia en trámites. Realizan visitas y toman medidas para asegurar la vigencia de los derechos y garantías de los/as asistidos/as o defendidos/as alojados/as en establecimientos que impliquen cualquier forma de privación de la libertad. Promueven la defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales mediante acciones judiciales y extrajudiciales. Además, todas estas funciones las ejercen con especial consideración de la perspectiva de género y la diversidad cultural.
En concreto, estas defensorías pueden ser consultadas para llevar adelante gestiones vinculadas a prestadores que deben satisfacer derechos sociales, tales como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), por reclamos por reajustes previsionales y otras cuestiones; mediante amparos ante obras sociales (como el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados o PAMI) o empresas proveedoras de servicios de salud por incumplimientos de prestaciones; además, en casos que impliquen acreditación de datos personales, derechos del niño, derechos económicos en general, derechos laborales, desalojos, educación, ejecución hipotecaria, indemnización por despido, jubilación, ley de discapacidad, medio ambiente, pensiones y renta vitalicia, entre muchos otros.
Defensa de víctimas de delitos
Las DPO también cumplen la función de representar a las víctimas de delitos que decidan constituirse en partes querellantes en los procesos penales, tal como lo prevé, desde 2017, la vigente Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. Este servicio se orienta a hacer frente a hechos de violencia institucional y a violaciones de derechos humanos fundamentales cometidos por parte de agentes estatales de cualquier sector o nivel, de grupos organizados o particulares que actúan en nombre del Estado o con su apoyo directo o indirecto.
La mencionada Ley de Víctimas estableció la creación de Defensorías Públicas de Víctima (DPV) en cada una de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (24 cargos), destinadas a garantizar la asistencia técnica y patrocinio jurídico a víctimas sin recursos económicos o en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, todavía no se produjeron todos los nombramientos de los/as titulares de esas dependencias. Entre Ríos es una de las 15 provincias donde aún resulta necesario que sean designados/as por parte del Poder Ejecutivo Nacional, lo que sería un aporte fundamental para garantizar el acceso a la justicia. (Para conocer la situación en que se encuentra el concurso para designar Defensor/a Público/a de Víctima con asiento en la provincia de Entre Ríos -Nº127-, acceda a este enlace).
Desde la sanción de la Ley de Víctimas, la Defensoría General de la Nación puso en marcha el primer proceso de selección simultanea de los aspirantes para la totalidad de los cargos creados, quienes fueron convocados a rendir los exámenes de oposición en el mes de mayo de 2018, culminando los procesos internos desde septiembre del mismo año.
Además, DGN brinda estos servicios en todo el país a través del Programa contra la Violencia Institucional y del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos.
Dos reclamos de salud de la provincia de Entre Ríos que llegaron a la CSJN
A modo de ejemplo, presentamos dos casos por cuestiones de salud que se originaron en la provincia de Entre Ríos y fueron tramitados por la defensa pública. Ambos son del año 2021 y llegaron a la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante la cual emitió dictamen la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez.
Uno es un reclamo al Instituto Obra Social de la provincia de Entre Ríos (IOSPER) para que provea aceite de cannabis a un joven con discapacidad que padece epilepsia refractaria, producto de una grave enfermedad neurodegenerativa (lipofuscinosis) –ver noticia-.
En el otro caso, se ordenó a la Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas de la Provincia de Entre Ríos a brindar la cobertura integral de un medicamento para una niña con AME (atrofia muscular espinal) tipo II. El tratamiento debió realizarse con Nusinersen, una de las drogas más costosas a nivel mundial. En la causa la Dra. Martínez dictaminó que la demandada debía solventar el costo total de la medicación en cuestión –ver noticia-.
En el marco de esta jornada, solicitamos su colaboración en la difusión de los servicios que brinda el MPD, para que los/as habitantes de Entre Ríos puedan hacer uso de ellos. Muchas gracias.
Contacto de prensa: Natalia Rodriguez (+54 9 11 5493-5406 /prensa@mpd.gov.ar).