El kirchnerismo presenta un proyecto y pedido de sesión para dar marcha atrás al aumentazo en el Senado
Luego de la escandalosa sesión en la que los senadores se votaron un aumento en sus dietas de más del 100%, en el bloque Unión por la Patria avanzan en el debate de un proyecto para fijar por ley el salario de los funcionarios nacionales, los legisladores, jueces de la Corte y los cargos en las empresas del Estado en base al Salario Mínimo Vital y Móvil.
El objeto de la iniciativa presentada en marzo desde el kirchnerismo es “fijar un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres (3) poderes del Estado, órganos extra poderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional y empresas y sociedades del Estado”.
En definitiva, el proyecto que intentarán llevar a una sesión esta misma semana impone un limite en las “remuneraciones” del Presidente que no podrán superar los “20 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo concepto”. Por su parte, vicepresidente, legisladores y jueces de la Corte quedarían con un tope de 15 SMVM.
Según fuentes parlamentarias del bloque UxP, “pedirá sesión especial el lunes para tratar los salarios del la política” y afirman que en “las reuniones donde se trató la resolución de aumento de dietas tanto LLA como el PRO se comprometieron a tratar el proyecto de UXP”.
A valor actual del Salario Mínimo, el presidente de la nación quedaría en una cifra cercana a los $4 millones. En cuanto a los diputados y senadores, y las dietas que dieron origen a este debate, con el esquema propuesto por el kirchnerismo quedarían en $3 millones, significativamente por debajo del aumento que se votó el jueves en la Cámara alta. El texto lleva las firmas del titular de interbloque José Mayans, de la senadora por Formosa, Teresa Gonzales, y de la jujeña Carolina Moises.
En tanto los ministros, con 12 salarios mínimos como limite, tendrían como percepción los $2.400.000. “Pretendemos fijar parámetros claros”, dice en los fundamentos el proyecto.
“No buscamos empeorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los servidores públicos sino establecer criterios de equidad”, concluye el articulado.