Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de intercambio de información tributaria que le permitirá al Gobierno obtener datos de argentinos que tengan bienes sin declarar en ese país.
El convenio se firmó a días del cierre de una nueva etapa del blanqueo de capitales. Quienes exterioricen bienes hasta antes de fin de año pagarán una alícuota máxima del 10%. Quienes lo hagan después de esa fecha, tributarán el 15% de penalidad. Según estimaciones privadas, esta nueva etapa del blanqueo redundará en un “sinceramiento” del orden de los 50.000 millones de dólares.
El acuerdo fue suscripto por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y el embajador de los Estados Unidos, Noah Mamet, durante una reunión en el Palacio de Hacienda. También estuvo presente el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad.
La embajada de los Estados Unidos difundió un comunicado emitido en Washington por el secretario del Tesoro de ese país, Jacob Lew, que señala que “el acuerdo promueve la reinserción de la Argentina en la economía mundial y constituye un nuevo avance importante en la nueva etapa de la relación entre Estados Unidos y Argentina“.
En tanto, Hacienda indicó en un comunicado de prensa que el convenio “busca luchar contra la evasión fiscal y favorece la transparencia fiscal”, en un “escenario de cooperación impositiva internacional”.
“La AFIP contará a partir de ahora con una herramienta valiosísima para detectar, en el territorio de los Estados Unidos, activos no declarados por los contribuyentes argentinos que decidieran no aprovechar este régimen de sinceramiento fiscal“, dijo en la firma del Prat-Gray.
El Gobierno consideraba vital para el éxito del blanqueo firmar este convenio con Estados Unidos. El país del norte no forma parte de los países de la OCDE que intercambiarán información tributaria a partir de 2017, lo que le permitirá acceder a Argentina a datos de cuentas bancarias y bienes de argentinos sin declarar radicados en el exterior.
Según la información oficial, el convenio “constituye el marco jurídico que permitirá, además de solicitar información específica acerca de determinados contribuyentes, implementar de manera recíproca el intercambio automático de información financiera que en orden a la normativa de los Estados Unidos es necesario para cumplir con la ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)”.
El Ejecutivo entiende que el traspaso de mando presidencial en Estados Unidos no interferirá con este intercambio tributario.
