El ex juez Norberto Oyarbide en la lista de Bonadío
El juez Claudio Bonadío, que procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner, como jefa de una asociación ilícita y cohecho pasivo, y a los ex funcionarios de su gobierno, Julio de Vido y Roberto Baratta, como organizadores, también inculpó a un grupo de empresarios, varios de los cuales habían declarado como imputados protegidos. Idéntico dictamen emitió contra el ex juez federal Norberto Oyarbide y el auditor general de la Nación, Javier Fernández.
Bonadio procesó a 42 personas en la causa por corrupción en el ex Ministerio de Planificación. Cristina Kirchner fue acusada de ser jefa de la asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. También pese a solicitar su prisión preventiva sujeta al desafuero del Congreso, el magistrado indicó que para iniciar el necesario proceso de desafuero de la senadora el juez esperará a que el procesamiento “se homologue por la Cámara federal de apelaciones”.
A la ex presidenta se le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos, y fue formalmente acusada de dirigir una asociación ilícita, de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo (cobrar coimas) en cinco hechos. Sólo en su domicilio de Uruguay y Juncal se realizaron 87 entregas de fondos ilegales por 70 millones de dólares.
Para la Justicia el hecho que Cristina Kirchner no haya recibido sumas de “dinero ilegítimas en mano propia” no la exime de “responsabilidades”. Se dio por comprobada “la existencia de una organización delictiva” planteada por la “Recaudación de coimas” que inició con Néstor Kirchner y que “continuó durante la gestión” de la actual senadora, indicó Bonadio en su resolución de 522 páginas.
Para Bonadio, tuvo siempre “conocimiento del sistema de recaudación” y como principal autoridad del Ejecutivo Nacional, la encontró responsable de ser “jefa de la asociación ilícita”.
El procesamiento alcanzó a Julio De Vido y Roberto Baratta en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo. En el caso del ex ministro de Planificación se le atribuyen cuatro hechos, mientras que al ex Secretario Coordinador se lo acusa de 90 hechos. A ambos se les dictó la prisión preventiva y se les trabó un embargo de $ 4.000 millones para cada uno.
En el caso de José López, ex secretario de Obras Públicas, aceptado como imputado colaborador, quedó procesado como miembro de la asociación ilícita y cohecho pasivo, también con prisión preventiva y un embargo de $ 4.000 millones.
En tanto el ex chofer de Baratta, Oscar Centeno, fue procesado como miembro de la asociación ilícita, con la misma millonaria cifra de embargo y otorgada la libertad al ser el primer “arrepentido” en el expediente.
La larga lista de empresarios que terminaron procesados incluye a Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Carlos Mundin, Héctor Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Aldo Roggio, Juan Chediack, entre otros, todos acusados como miembros de la asociación ilícita y dación de dádivas con un embargo a cada uno de $ 4.000 millones.
Para Bonadio, se comprobó durante la instrucción que se montó un aparato complejo desde el Estado. Al respecto indicó que esta maniobra mostró la existencia de “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y del Ministerio de Planificación, actuó entre los años 2003 y 2015”.
En su extensa resolución, el Juez indicó que en dicho período existió un “pacto ilícito en daño de tercero” entre funcionarios y empresarios que hizo “funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad , que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas, sin agua corriente (…)”.
La finalidad de esta “organización delictiva”, fue distribuir “coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, este selecto grupo de empresarios también se llenaban los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones sosteniendo el discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo hacer creer que cedían a las presiones , en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo”.
Al momento de justificar el pedido de prisión preventiva de Cristina Kirchner, el juez indicó que tanto ella como los ex funcionarios mantienen “vínculos” y en el caso de la Senadora “de continuar en libertad podrían entorpecer el accionar judicial, tanto en el descubrimiento de la verdad, en el recupero del producto del delito y en a posibilidad de que se cumpla una sentencia condenatoria”.
Bonadio habló de “peligro procesal” respecto a la ex presidenta ante “las carpetas con anotaciones y registros de distintas personas físicas y jurídicas” que se secuestraron de su residencia de El Calafate. Además, se señaló que Cristina podría “incidir en la investigación mediante sus contactos en medios de comunicación afines e incluso algunos empresarios vinculados a la obra pública, pudiendo intentar por esta vía condicionar el desarrollo” de la causa.
El listado
Entre los empresarios se encuentran Aldo Roggio, Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra-primo del presidente Mauricio Macri-, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain.
En cambio, el juez sobreseyó a Raimundo Peduto y les dictó la falta de mérito a los empresarios Gabriel Sánchez Caballero, Jorge Neira, Héctor Zabaleta, Francisco Rubén Valenti y Osvaldo Acosta.
Uno por uno, estos son todos los procesados:
-Cristina Fernández de Kirchner, senadora de Unidad Ciudadana, ex presidenta de la Nación.
-Julio De Vido, diputado del Frente para la Victoria, ex ministro de Planificación.
-Roberto Baratta, ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación.
-Nelson Lazarte, secretario personal de Roberto Baratta.
-Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta. Autor de los cuadernos que describen la operatoria de las coimas.
-José López y Germán Nivello, ex secretario y ex subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación.
-Enrique Llorens, ex secretario legal del Ministerio de Planificación.
-Jorge Mayoral, ex secretario de Minería del Ministerio de Planificación.
-Ezequiel García, ex director de Energías Renovables.
-Claudio Uberti, ex director del OCCOVI.
-Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación.
-Oscar Parrilli, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)
-José María Olazagasti, ex secretario personal del ministro Julio De Vido.
-Hernán del Río, ex chofer de José María Olazagasti.
-Javier Fernández, auditor general de la Nación (con licencia hasta fines del mes que viene, por estrés post traumático).
-Norberto Oyarbide, ex juez federal.
-Rudy Ulloa, ex chofer de Néstor Kirchner.
-Aldo Roggio, ex titular de Benito Roggio.
-Walter Fagyas, ex presidente de la estatal Enarsa.
-Ernesto Clarens, titular de Invernes.
-Hugo Eurnekian, presidente de la Compañía General de Combustibles (Corporación América).
-Néstor Otero, dueño de TEBA.
Manuel Santos Uribelarrea, presidente de UCSA Constructora.
-Alejandro Ivannisevich, ex titular de Emgasud.
-Luis Betnaza, director de Techint y vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina (UIA).
-Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la UIA.
-Carlos Wagner, dueño de Esuco, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).
-Juan Chediack, ex titular de la CAC.
-Jorge Balán, titular de Industrias Secco.
-Hugo Dragonetti, presidente de Panedile.
-Carlos Mundin, presidente de BTU.
-Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería.
-Raúl Vertúa, dueño de Servicios Vertúa.
-Sergio y Alberto Taselli, ex titulares de las concesiones de los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur, así como del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.
-Juan Carlos de Goycoechea, ex gerente de Isolux.
-Armando Loson, ex titular de Albanesi.
-Claudio Glazman, directivo de Sociedad Latinoamericana de Inversiones.
-Gabriel Romero, dueño del Grupo Emepa.
-Enrique Pescarmona, titular de Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (IMPSA).