Diputados aprobó una solución para la situación de quienes tomaron créditos UVA
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que promueve atender la situación de los deudores de créditos hipotecarios UVA, en el cual se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos.
En el tratamiento más extenso -casi cuatro horas- la Cámara debatió el proyecto que buscar atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, en el que se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores y busca modificar el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.
La votación arrojó 134 votos afirmativos; 40 negativos y 18 abstenciones. La presidenta de la Comisión de Finanzas, Alicia Aparicio, explicó los detalles del dictamen de mayoría sobre el nuevo sistema de actualización de los créditos UVA que tendrán los tomadores de esos préstamos.
En ese sentido detalló que “el valor de la cuota a pagar por el deudor será determinado en función de la actualización mensual del saldo de capital por el índice actualizable por remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (IAR) determinado en la presente ley, u otra variante que se establezca en función de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)”.
Agregó que “la diferencia contemporánea entre la cuota pagada por el deudor y la que debiera percibir la entidad financiera según las condiciones originales del crédito dará lugar a una compensación monetaria que será cubierta por el Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)”.
El diputado de Evolución Radical Martin Tetaz justificó el rechazo al proyecto al afirmar que “el UVA es un muy buen mecanismo para permitir la existencia de créditos de largo plazo en países de alta inflación y por eso el planteo nuestro fue no crear un problema donde no existe”. “La preocupación es que cuidemos mucho el sistema de créditos UVA, pero podemos trabajar para mejorarlo. No es un problema el mecanismo de los créditos UVA, el problema es la alta inflación que tiene la Argentina que crece menos que los salarios”, agregó.
El proyecto obtuvo dictamen favorable el 14 de junio en un plenario de comisiones donde se consensuó en base a las 11 propuestas presentadas por diputados de diferentes bancadas. Uno de los principales puntos del proyecto es que modifica el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.
Además establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.
El proyecto contempla que, al momento de ejercer la opción, la cuota a abonar por los tomadores de ese tipo de crédito no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores. Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. Además, el proyecto prevé en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.
Producción y elaboración de productos orgánicos
La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado un proyecto de ley de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos, que busca dar estabilidad y previsibilidad al sector por un plazo de 10 años, y que contempla diversos beneficios fiscales para emprendimientos de empresas pequeñas y medianas.
La iniciativa contó con 120 votos a favor (Frente de Todos, algunos radicales clásicos y de Evolución y parte del interbloque Federal); 6 en contra (liberales, libertarios y el radical Martín Tetaz) y 38 abstenciones (la Izquierda y parte de JxC); en tanto que se registraron 92 ausencias, la mayoría de ellas de JxC.
Durante el debate, que se agotó en menos de una hora, el presidente de la comisión de Economía y Desarrollo Regional, Ramiro Fernández Patri (Frente de Todos-Formosa), señaló: “El 98 por ciento de lo que producimos en orgánicos lo exportamos al mundo, es decir que solo un 1,90 por ciento se consume en Argentina”.
“Tenemos que lograr que nuestra población esté dispuesta a pagar ese precio diferencial por consumir estos productos”, añadió.
Además, destacó: “La producción orgánica genera muchas cosas positivas, alimentación saludable, que lo necesitamos y mucho; arraigo en las comunidades rurales, empleo de calidad y, en cuarto lugar, genera divisas”.
Entre los opositores que acompañaron el proyecto, por Evolución radical, Gabriela Brower de Koenig, explicó la postura: “Destaco el consenso que se ha logrado en este proyecto, y con las entidades relacionadas con este sector; porque es importante que estas actividades se sigan desarrollando, porque genera valor agregado, arraigo y cuida el medio ambiente”.
En cuanto a las abstenciones, que llegaron en su mayoría desde Juntos por el Cambio, el titular del bloque de la Coalición Cívica, Juan López, sostuvo: “No queremos dar nuevos beneficios impositivos hasta que no revisemos otros, por eso la mayoría de nosotros se va a abstener mientras esperamos que este Congreso empiece a tener información de los sectores productivos para ver a cual se ayuda más, a cual menos o a cual se deja de subsidiar”.
La iniciativa establece la creación de un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de diez años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal, entre otros puntos.
El texto enviado al Senado dice que podrán ser beneficiarios del plan los productores y elaboradores -alcanzados por la ley de Producción Ecológica, Biológica u Orgánica- que acrediten al menos un año de permanencia y cuya factura máxima se ubique en los parámetros establecidos para las empresas medianas.
También se faculta a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a crear un certificado promocional a los efectos de la operatividad del presente régimen.
Uno de los puntos claves referidos al financiamiento establece que la Jefatura de Gabinete podrá realizar las asignaciones necesarias para cumplir la ley por la suma equivalente a 12.500 módulos que en la actualidad ascienden a $ 100 millones.
Por otro parte, el texto fija que no podrán ser beneficiarios de este régimen los contribuyentes declarados en quiebra ni los querellados penalmente por delitos comunes.
Con respecto a los beneficios fiscales, establece que los beneficiarios podrán “convertir en un bono de crédito fiscal intransferible el 50% de la totalidad de las contribuciones patronales que hayan efectivamente abonado a partir de su incorporación al Registro previsto en el artículo 11, sobre la nómina salarial de mano de obra empleada en la producción y elaboración de productos orgánicos con destino a los sistemas y subsistemas de seguridad social previstos en la ley 24.241”.
Los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos para la cancelación de tributos nacionales, y sus anticipos, como así también los tributos aduaneros, excluido el impuesto a las Ganancias.
Ese bono no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al régimen de la presente ley, ni para la cancelación de obligaciones fiscales derivadas de la responsabilidad sustituta o solidaria de los contribuyentes por deudas de terceros, o de su actuación como agente de retención o percepción y, en ningún caso, eventuales saldos a su favor darán lugar a reintegros o devoluciones por parte del Fisco.
También tendrán una reducción de 50% en el monto total del impuesto a las Ganancias determinado en cada ejercicio respecto de las actividades productivas y de elaboración abarcadas por esta ley, que se tornará operativo para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a la fecha a partir de la cual comienza a ser sujeto de beneficios.
Refinanciación de deudas provinciales por obras hídricas
Durante la jornada, Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que establece la refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
La iniciativa diseñada por el diputado cordobés oficialista Eduardo Fernández fue aprobada en el último tramo de una extensa sesión que se extendía mas de trece horas, donde se aprobaron los proyectos de violencia digital, acompañamiento terapéutico, y créditos hipotecarios, entre otros.
El proyecto fue aprobado por 119 contra 11 votos, y 25 abstenciones de la Coalición Cívica.
Los votos positivos fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Federal, Provincias Unidas y la mayoría de los diputados radicales, mientras que 11 votos negativos correspondieron a los cuatro legisladores de izquierda, tres libertarios-2 de la Libertad Avanza y Buenos Aires Libre- Avanza la Libertad, dos radicales de Mendoza y uno de Evolución Radical.
El diputado del FDT señaló que “este es un problema de los ciudadanos: en trece provincias están vigentes créditos en dólares que fueron tomados para un servicio esencial y humano como lo es la provisión de agua y saneamiento”.
El proyecto establece un Plan de Refinanciación que se deberá suscribir por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos que adeuden créditos otorgados en virtud de los préstamos con destino a infraestructura de agua potable y saneamiento.
Además fija que este plan de refinanciación incluirá exclusivamente créditos otorgados en el marco de programas de financiamiento por organismos multilaterales de crédito represtados a provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos y comprenderá las garantías por deudas asumidas en convenios complementarios celebrados con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
Además fija que se condonarán deudas en concepto de intereses compensatorios, moratorios y punitorios, generadas por obligaciones contraídas pendientes de pago ante el ENOHSA, al momento de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial de la República Argentina.
De acuerdo al proyecto de Refinanciación contemplará plazos no inferiores a diez (10) años ni superiores a veinte (20) años, con un (1) año de gracia.